La Fiscalía anticorrupción de Alicante valorará si ha habido delito en los cargos públicos vacunados

La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Provincial de Alicante va a investigar a los políticos de la provincia vacunados de manera irregular. El Ministerio Público ha ordenado abrir diligencias para averiguar si los concejales y diputados provinciales del PSOE y del PP que se saltaron el protocolo de Sanidad han incurrido en un delito.

Esta es la respuesta del fiscal jefe José Rabasa a un escrito de los activistas vecinales José María Hernández Mata y José Luis Valdés, que la semana pasada presentaron denuncia en el órgano fiscal ante las informaciones aparecidas en prensa.

En el texto, les piden a los fiscales que “valoren sanciones legales” para los cargos públicos que se han administrado la primera dosis, y cita a los alcaldes socialistas de El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives, respectivamente; a los diputados provinciales por el PP Bernabé Cano, alcalde de La Nucia, y Juan Bautista Roselló; a los concejales de Sanidad de Orihuela, el popular José Galiano, de Benejúzar, José Antonio García (PSPV) y la también socialista Cristina Morera de Dénia, la única que ha dimitido hasta la fecha.

“Estamos viviendo una situación vergonzante en la que los distintos partidos políticos con representación en las distintas administraciones se están posicionando con denuncias por la actitud que cada grupo político toma en función del grado de afectación al que se enfrenta”, señala el escrito de Mata y Valdés, que están detrás también de otras denuncias como al anterior alcalde socialista de Alicante, Gabriel Echávarri, por el caso Comercio.