Antifraude reprocha al Ayuntamiento de Orihuela su “inactividad evidente” en una permuta irregular a la Iglesia

El Ayuntamiento de Orihuela se ha pasado más de 16 años sin recuperar dos fincas cedidas a la Diócesis de Alicante para la construcción de aulas y dependencias del Colegio Santo Domingo de la localidad. “Desde el 2004, el Ayuntamiento de Orihuela ha permitido a la Diócesis el uso de las parcelas cedidas sin que esta última entidad lleve a cabo las edificaciones a las que se le obligó en el acuerdo plenario”, reza el informe de la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) sobre la denuncia de las irregularidades. Además, el consistorio “ha permitido que las parcelas se destinen a un uso distinto al que se pactó”, agrega.

Antifraude considera que el ayuntamiento, gobernado por el PP, “era y es conocedor del incumplimiento” y ha mantenido una “inactividad evidente”. “Esta inactividad podría ser entendida como una desviación de poder” y el incumplimiento del interés público, apostilla el informe.

Así, el organismo dirigido por Joan Llinares pide al consistorio, gobernado por el popular Emilio Bascuñana, que proceda a recuperar las dos fincas situadas en la avenida del Doctor García Rogel y le da un mes para presentar un plan con los plazos y las personas responsables. 

El Ayuntamiento de Orihuela suscribió en 1995 un acuerdo con la diócesis de Orihuela-Alicante y la Universidad de Alicante para crear un campus en el municipio de La Vega Baja. Cuatro años después, en 1999, un centro educativo religioso –el colegio diocesano Santo Domingo– solicitó una cesión de los terrenos enmarcados en el primer acuerdo, a la vez que el centro educativo pasó a ser concertado con el visto bueno de la Generalitat.

Los terrenos contiguos al colegio fueron cedidos a cambio de que la diócesis se comprometiera a urbanizar y edificar en el plazo máximo de cinco años. En caso contrarío debería retornarlos. Además, en 2004, otro colegio diocesano –el Oratorio Festivo San Miguel– ocupó unos terrenos del ayuntamiento sin autorización para construir unas pistas deportivas, terrenos que el ayuntamiento ha incluido en la propuesta de permuta.

La apropiación irregular, denunciada por la oposición, se remonta al mandato de la presidenta del grupo popular en las Corts Valencianes, Eva Ortiz, entonces concejala de Urbanismo y Patrimonio en Orihuela, bajo cuya gestión venció el acuerdo que desencadenó una serie de reclamaciones cruzadas.

Durante la legislatura del 2011 al 2015, el equipo de gobierno dirigido por Montserrate Guillén, de Los Verdes, requirió a la Diócesis para que procediera a la devolución de las parcelas y acordó declarar extinguido el derecho de superficie. Sin embargo, las parcelas nunca han sido recuperadas, “permitiendo así que que durante un dilatado tiempo la Diócesis esté beneficiándose del uso de unos solares municipales incumpliendo la finalidad que motivó el acuerdo municipal”, señala la AVA.

Además, según el acuerdo, la Diócesis de Orihuela-Alicante entregaría a cambio de las fincas la iglesia de la calle de San Agustín sin que en la documentación analizada por Antifraude conste que la permuta se llevara a cabo. La agencia ha acreditado documentalmente que la iglesia “se encuentra en mal estado de conservación” y supone un “riesgo para las personas y para los bienes de la vía pública”.

El ecónomo del obispado reconoció a la AVA que las obras no se han realizado y que los terrenos se destinan a actividades del colegio, “por lo que no solo se está incumpliendo la condición necesaria del derecho de superficie sino también el destino dado al solar que motivó el acuerdo municipal”.

Seis años después del acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Orihuela que extinguió el derecho de superficie (notificado dos años más tarde) el consistorio aún no lo ha ejecutado, concluye Antifraude.