El aparejador de Quart de Poblet al que denunció la alcaldesa por corrupción reconoce que cobró 'mordidas' por acelerar licencias

Fue una actuación que se salió de la norma, pero que denota la importancia de políticos concienciados contra la corrupción. El exaparejador de la localidad valenciana de Quart de Poblet, al que denunció la alcaldesa Carmen Martínez tras saltar el sistema de alarma contra el fraude, cumplirá dos años de prisión por acelerar licencias entre los años 2011 y 2015 a cambio de unas comisiones totales de 62.000 euros que le abonaba un ingeniero, también condenado.

Así consta en la sentencia de conformidad, en la que se condena a este funcionario de carrera por un delito continuado de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Junto a la pena de prisión se le impone una multa de 15.000 euros y cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público relacionado con la función pública de ámbito local.

Por su parte, su colaborador, un ingeniero, ha aceptado nueve meses de prisión, a sustituir por una multa de 4.320 euros; otra multa de 2.880 euros; y dos años de inhabilitación para el ejercicio de cargo pública. Se le ha aplicado la circunstancia atenuante de confesión.

El caso saltó en 2015 después de que la propia alcaldesa de Quart de Poblet la llevara a la fiscalía la causa tras una investigación interna. Gracias a los técnicos de la Oficina Técnica de Urbanismo, la socialista Carmen Martínez pudo llevar ante la justicia a este funcionario y que se diriman responsabilidades penales.

El exaparejador ocupaba el cargo de técnico del departamento de Urbanismo de Quart de Poblet, mientras que el otro acusado era un ingeniero al que conoció en una operación. Idearon un plan para que el primero derivase al segundo a personas que deseaban pedir licencias urbanísticas en el municipio, de tal manera que este último le diese la mitad de lo que facturase.

Se conocieron en 2002 y empezaron a tener una relación laboral habitual. Fruto de ella, el exaparejador le propuso al ingeniero que hiciera proyectos para Licencias de Actividad, inicialmente en las localidades de Mislata y Aldaia, facturando cada uno su parte del trabajo.

A partir de 2011 y hasta principios de 2015, y siendo el aparejador conocedor de la incompatibilidad como funcionario de intervenir en asuntos de Quart de Poblet que se tramitasen en Urbanismo, le propuso al ingeniero un proyecto de licencia y le dio un contacto.

El exaparejador indicó al ingeniero que sería él quien tendría que facturar, dada su incompatibilidad, y que le debería entregar la mitad del dinero cobrado. El técnico accedió a cambio a de aumentar sus ingresos.

De esta forma, el exaparejador remitía los clientes al ingeniero, éste hacía el trabajo y le entregaba la mitad de la facturación a su compañero, que a cambio aceleraba la tramitación de los expedientes.

Esta operativa se prolongó hasta principios de 2015, coincidiendo en el tiempo con el relevo del exaparejador de su cargo ante informaciones sobre su actuación que habían recibido responsables municipales.

De la información remitida por el Ayuntamiento de Quart de Poblet se desprende que el ingeniero, pese a no ser de la localidad y encontrarse su despacho en Alcàsser, fue el técnico que más proyectos presentó --22 expedientes--, la mayoría de ellos en el año 2014.

Así, los expedientes que se tramitaban en su despacho eran resueltos en tiempo récord en relación con los que no tenían origen allí. Las “desproporciones” eran: 131 días frente a 1.343 o 1.215 días, recoge como ejemplos la sentencia de conformidad.

En total, el exaparejador obtuvo a raíz de su actividad delictiva, aprovechando su puesto de funcionario en Quart, un beneficio ilícito de 62.000 euros, exactamente la mitad de la facturación --124.000 euros-- que el ingeniero realizó al Ayuntamiento.