El 'lobby' náutico y la democratización de los puertos
Los primeros meses del nuevo gobierno autonómico han estado marcados por el pulso entre la voluntad de la izquierda, plasmada en las intenciones del Acord del Botànic de abrir a concurso las concesiones públicas y democratizar el uso de los puertos deportivos, y los intereses del 'lobby' de los clubes náuticos, una docena de los cuales hace tiempo que funcionan con las concesiones caducadas.
Una enmienda transaccional aprobada este lunes en las Corts Valencianes durante el debate de la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y de Organización de la Generalitat, más conocida como Ley de Acompañamiento de los Presupuestos, ha puesto fin, de momento, a la pugna entre los clubes náuticos y el Consell por la eliminación de los privilegios acumulados durante años para el disfrute privado de instalaciones públicas en los puertos deportivos.
Las largas y tensas negociaciones que han llevado al acuerdo se han producido entre los grupos parlamentarios, especialmente el PP, que había presentado la enmienda finalmente transaccionada, y los tres que apoyan al Consell: PSPV-PSOE, Compromís y Podemos. El grupo de Ciudadanos, al final, se ha abstenido en la votación. Pero el estira y afloja fundamental se ha desarrollado entre el equipo de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, que dirige María José Salvador, -con el subsecretario del departamento, Francesc Signes, y el director general Carlos Domingo al frente-, y los representantes de los clubes náuticos, entre ellos el gerente del náutico de Xàbia, Luis Nogueroles, que hace solo unos meses era jefe del gabinete del entonces consejero de Hacienda del PP, Juan Carlos Moragues.
La Generalitat pretendía, amparada en la normativa europea, sacar a concurso público las concesiones de puertos deportivos, mientras los clubes náuticos se aferraban a la Ley de Puertos aprobada por el PP que permitía la renovación automática de las concesiones. La cláusula derogatoria de esa renovación automática ha sido el objeto de la pugna, que alcanzó un punto crítico cuando un acuerdo alcanzado entre las partes, y que la propia vicepresidenta de la Generalitat, Mònica Oltra, dio prácticamente por hecho en su comparecencia tras un pleno del Consell, se rompió en el momento en que debía votarse en la comisión de Economía de las Corts Valencianes. Los populares valencianos optaron por llevar su enmienda al pleno de la Cámara, por indicaciones de su líder, Isabel Bonig, que quería visualizar la defensa de los clubes náuticos por parte de su partido.
Al final, la voluntad de la Generalitat de acabar con la concesión directa y lograr “un modelo de puerto deportivo abierto a la ciudadanía” y la pretensión de los clubes náuticos de que se les adjudiquen directamente las concesiones han encontrado un punto de encuentro que prevé concursos para otorgar concesiones de dársenas e instalaciones náutico-deportivas a los que solo podrán concurrir los clubes náuticos y otras entidades deportivas sin ánimo de lucro. Con ello se evita la “privatización” que denunciaban los clubes ante al posibilidad de que las concesiones fueran a manos de empresas, pero se impone a la gestión de los puertos deportivos un modelo abierto, que democratice los usos de este tipo de instalaciones.
La intención, según señaló la conselleria , es que se “eliminen las barreras físicas y psicológicas existentes tradicionalmente entre los ciudadanos y los puertos”. Entre las condiciones que se exigirán para adjudicar las concesiones la Generalitat destaca que “se primará la promoción del deporte y su enseñanza”. El Consell del Botànic quiere “tutelar el funcionamiento y el objeto social y deportivo” de los 56 puertos de este tipo que funcionan en la costa valenciana.
