Sagunt acusa a Conselleria de “encubrir irregularidades delictivas” si autoriza la cantera de Lafarge hasta 2042
Una autorización de 24 años y 11 meses, es decir, hasta el año 2042, en una área de 33 hectáreas a la montaña pública de Romeu para la cantera de Lafarge en Sagunt. Estas son los datos del borrador de resolución del expediente de ocupación de la Generalitat que ha recibido el Ayuntamiento de Sagunt y que no ha sentado bien en un primer momento en el gobierno municipal.
La regidora de Presidencia, Teresa Garcia, ha apuntado que alargándose la concesión hasta 2042 serien 14 años más del plazo máximo acordado por el Ayuntamiento en el Pleno del 17 de enero de 2017, que lo fijó hasta el año 2028. De este borrador de resolución de la Dirección general de Medio Natural y Evaluación Ambiental, y del plazo para hacer alegaciones, se ha dado información a los grupos políticos en la comisión especial sobre la montaña de Romeu que se ha reunido esta semana.
El Ayuntamiento tiene un plazo de 15 días, desde la recepción del oficio para manifestar formalmente su conformidad o discrepancia y por eso se traerá al pleno previsiblemente el 23 de junio para su debate y votación, según ha avanzado Garcia, una propuesta de dictamen desfavorable al entender que hay 12 argumentos desfavorables en contra del pliegue que regirá la ocupación de la montaña pública. De estos, cinco son considerados como cuestiones de estricta legalidad que han sido obviadas e ignoradas por el órgano autonómico que tiene la competencia de decidir la autorización. Sobre todo, se hace hincapié en aquello que se considera una consolidación material de una infracción urbanística, puesto que la delimitación de 33 hectáreas “supondrán la ratificación autonómica material, por medio de actuaciones administrativas delimitadoras de una infracción urbanística sobre suelo no urbanizable protegido donde el uso extractivo no está tolerado por el Plan General de Ordenación Urbana de Sagunt”.
Otra de las cuestiones legales en que la propuesta incide son los indicios de vulneración grave de la concesión demanial para la explotación de la cantera otorgada en 1988, declarado como un incumplimiento muy grave por el pleno el 30 de mayo de este año.
En este sentido Teresa García ha declarado que: “la Consejería está haciendo durante todo el proceso de tramitación de este expediente una dejadez que al final está encubriendo dos irregularidades que son muy graves y siendo consejería la garante del medio ambiente. Esas irregularidades son la destrucción de una montaña pública protegida y el abuso de una multinacional en lo referente al contrato que tenía con el ayuntamiento en relación a la extracción de la piedra en esa zona. El que consejería no puede hacer es mirar a otra parte. Nosotros desde el minuto 1 estamos diciendo que hay esas consideraciones de ilegalidad y en ningún momento ha entrado a hacer referencia a las mismas. De hecho tomar una decisión que no considero esas dos irregularidades es encubrirlas y la consejería no puede ser encubridora de los abusos de una multinacional en lo referente a la explotación de un muy público protegido cómo es la montaña pública”.
Por esos motivos, Garcia exige a la Consejería de Medio ambiente que actúo en defensa de los intereses públicos como está haciendo el Ayuntamiento de Sagunt. “Tenemos la obligación de, en aquellos lugares donde los recursos ambientales se hayan visto agredidos de la manera que sea, devolverlos a su estado original. La conselleria está dejando de ejercer sus funciones. No entendemos porque está dejando desatendida a una administración que sí que está haciendo el trabajo, técnico y jurídico de una manera ejemplar, cuando es una competencia suya. Nosotros en este caso lo que hacemos es informar de lo que hay, pero la que decide el que hay es la misma conselleria. Lo que no puede hacer en ese caso es obviarlas y si lo hace que sea consecuente con el que hace de cara a los tribunales. Estamos hablando que estas irregularidades pueden desembocar en un delito ecológico y en una prevaricación. Y son delitos muy graves cómo porque la consejería lo considero a la hora de ejercer sus competencias y adoptar las resoluciones que correspondan”.
Amenaza de los vecinos
La Asociación de Vecinos de Bonilles-Romeu, y otras entidades, ya han advertido que emprenderán las correspondientes acciones legales “para defender el interés público y la legalidad”.
Los vecinos critica que “este es un tema que van a dirimir los tribunales, ya que las presiones de la multinacional, la cobardía de algunos y la defensa de intereses distintos a los del interés general de algunos cargos políticos y funcionarios públicos les impiden ser tajantes en su obligación de cumplir y hacer cumplir la legalidad”.
El colectivo vecinal también ha avanzado que recurrirá de nuevo al contencioso-administrativo por prevaricación contra la Conselleria si se mantiene firme en la propuesta, así como también “contra aquellos representantes municipales, que por activa o pasiva, permitan o toleren la ocultación de infracciones por parte de Lafarge”.
Pero además las amenazas de los vecinos van más allá y amenazan con elevar el asunto a la Fiscalía de Medio Ambiente del TSJCV por delito ecológico por la vía penal personal de los responsables, “adjuntando la abundante documentación probatoria y las actas de los plenos municipales con el sentido de sus votos, tal y cómo nos han recomendado nuestros abogados”.
