Compromís y el PSPV se enfrentan por la destrucción de la huerta de Valencia
Declarar la emergencia climática y arrasar hectáreas de cultivos para ampliar una carretera. Ser capital mundial de la alimentación y destruir la huerta. La contradicción evidente ha provocado multitud de críticas al Gobierno del Botánico desde que la maquinaria comenzó a entrar en los márgenes de la V-21, una de las principales vías de acceso por carretera a la capital valenciana.
La ley de la Huerta y los planes de infraestructuras son cuestiones que enfrentan a los socios del Ejecutivo valenciano, especialmente a Compromís y Podemos con el PSPV. Con el inicio de las obras, la tensión ha ido en aumento.
Desde hace unos días hay una concentración permanente frente al Forn de la Barraca, un edificio con valor histórico en la huerta y que será derribado para ampliar la vía. Numerosos dirigentes de Compromís, Podemos y Esquerra Unida han acudido a respaldar la concentración y piden al PSPV y al ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que replantee el proyecto.
Estas últimas protestas han hecho a Compromís aumentar el tono respecto a su socio en el Ejecutivo autonómico, tanto en redes sociales como en el pleno de las Corts Valencianes. La coalición valencianista busca desmarcarse de una infraestructura que no apoyaron en su día e, incluso, algún diputado ha reprochado directamente al portavoz socialista, Manolo Mata, que ciertas ideas previstas en los planes urbanísticos fueran idea de su partido.
Las redes sociales de Compromís han comenzado a difundir artículos y recortes de prensa en los que apelan a una alternativa para la ampliación de la V-21 y manifiestan su oposición. Su diputado en el Congreso, Joan Baldoví, ha pedido la paralización de las obras y la reconsideración del proyecto con la perspectiva de la emergencia climática, mientras que los socialistas argumentan que la infraestructura es necesaria y el plan lleva meses aprobado. La parlamentaria autonómica Mercedes Caballero recordó el pasado jueves en las Corts que no se presentaron alegaciones al proyecto cuando se encontraba en exposición pública y el portavoz socialista apuntaba que paralizar ahora el proyecto implicaría un coste cercano a los 20 millones de euros.
