Compromís reclama las dietas, gasolina y alojamientos de los expresidentes tras el “desorbitado” gasto de Camps

El Grupo Parlamentario Compromís ha iniciado una ofensiva parlamentaria para fiscalizar hasta el último euro destinado a las oficinas de los antiguos jefes del Ejecutivo valenciano. A través de su síndic, Joan Baldoví, la formación ha registrado una solicitud formal ante el Consell para obtener copia literal de todas las facturas, tiques y documentos que justifiquen los gastos en dietas, alojamientos y desplazamientos de todos los expresidentes entre 2023 y 2026. Esta reclamación se produce después de que saliera a la luz el elevado gasto en combustible de Francisco Camps, cuyo coche oficial generó una factura de 13.076,65 euros en 2024 y ascendió a 14.774,40 euros en 2025.

Baldoví ha calificado la situación de “descontrol total”, denunciando que mientras los valencianos sufragan sueldos de 75.000 euros a los exmandatarios, también deben hacerse cargo de por vida de gastos corrientes como comidas, chóferes las 24 horas y asesores vitalicios. La coalición ha puesto el foco en la necesidad de transparencia, exigiendo el desglose por mes y subconcepto de los consumos de los vehículos asignados, incluyendo no solo la gasolina y los peajes, sino también los servicios de limpieza.

El coste de mantenimiento de estas estructuras es una de las principales críticas de la formación, que cifra en casi un millón de euros el gasto previsto para las oficinas de los expresidentes solo durante el año 2026. Según los cálculos de Compromís, el gasto acumulado desde la creación de estos organismos alcanzará los 8,5 millones de euros al finalizar el presente ejercicio, una cifra que consideran inasumible y propia de un sistema de “privilegios” que debe ser reformado.

Ante lo que consideran un uso injustificado de recursos públicos, Compromís insiste en modificar la Ley de Expresidentes para que la Generalitat solo cubra necesidades logísticas puntuales y debidamente acreditadas. La propuesta de la coalición busca acabar con las oficinas permanentes y el gasto discrecional, limitando el apoyo institucional a actos específicos vinculados con la condición de expresidente o la promoción del autogobierno, evitando así que los ciudadanos costeen de forma vitalicia gastos que el síndic ha tildado de desorbitados.