Crespo Gomar o la comisión de investigación de saldo
La comisión de investigación de la financiación electoral del PSPV y Bloc durante la campaña de 2007 y 2008 y su relación con la mercantil Crespo Gomar se ha convertido en un teatro parlamentario. En tres sesiones convocadas ninguna ha contado con todos los comparecientes y los diputados no pueden contar con la documentación del juzgado que investiga la causa, que alega que es secreta como toda investigación hasta que se abra juicio oral.
Complicaciones similares se dieron en la comisión que investigaba los sobrecostes millonarios de Ciegsa, la empresa pública de construcción de colegios del PP, o en la del agujero de Feria Valencia. En ambas, la instrucción judicial impidió el acceso a gran parte de la documentación y el testimonio de muchos comparecientes, implicados en la causa, que acudían con sus abogados a poco más que hacer muecas en el sillón.
En el caso de Crespo Gomar, los comparecientes ni siquiera tienen la oportunidad de ignorar las preguntas parlamentarias. La tercera sesión, programada para este miércoles, ha tenido que ser cancelada porque sólo uno de los cinco citados ha confirmado asistencia. Los servicios de la Cámara se han topado con domicilios erróneos, mientras que en otros casos no han recibido respuesta a su solicitud por burofax. Una situación idéntica a la de la primera y la segunda sesión en las Corts, a la que fallaron tres personas por turno. Entre los que han dado plantón a los diputados están Lucía Pascual, exempleada de la empresa Crespo Gomar, que se negó a declarar en la comisión del Senado; la exalcaldesa de Dénia, del PP, Ana Kringe, que ha fallado en dos ocasiones; Juan José Valentin San Valero, directivo de la constructora Blauverd, y la socialista Cristina Narbona, exministra de Medio Ambiente, que aludió a cuestiones de agenda de partido.
Resulta llamativo que los exdirigentes del PP, formación que denunció judicialmente el asunto, tampoco acuden a declarar. Para este miércoles, tercera sesión, estaban convocados la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo; los exalcaldes de Gandia (Valencia) Arturo Torró (PP) y José Manuel Orengo (PSPV), así como el gerente de la mercantil Crespo Gomar, Alberto Gomar. Según el grupo socialista, Orengo era el único que había confirmado asistencia.
La respuesta de los partidos ha derivado en un cruce de acusaciones; el PP dice que PSPV y Compromís obstaculizan la comisión e ironiza con que para otras investigaciones no ha habido problemas; Compromís y el PSPV, que el PP no facilita la dirección de los comparecientes. Mientras, Podemos y Ciudadanos, los impulsores de la investigación, se llevan las manos a la cabeza con la actitud del resto: “las comisiones hay que tomárselas en serio”, reclamaba Mari Carmen Sánchez, portavoz de Ciudadanos, y Antonio Estañ, síndic de Podemos, veía “una falta de voluntad de determinados actores” y añadía que “se podría haber hecho más, especialmente desde el PSPV, para que sus militantes y cargos acudan a comparecer”.
Sánchez insiste en que es “lamentable que se hable de transparencia, de depurar responsabilidades políticas y de lucha contra la corrupción, pero a su vez se obstaculice” esta comisión, que ya “empezó mal”. Por su parte, Manolo Mata (PSPV), quiere que los exalcaldes del PP de Gandia y Dénia expliquen que dieron desde el Ayuntamiento de Gandia “2'5 millones de euros” a la empresa Crespo Gomar, o desde el Ayuntamiento de Dénia “un contrato de 250.000 euros después de que [la mercantil] le hicieran la campaña electoral”. Los grupos barajan con los letrados de les Corts una propuesta de colaboración con el INE y la Delegación del Gobierno para que aporten la información del domicilio de los comparecientes, que muchas veces se busca por Internet, porque la comisión “no puede depender de la voluntad” de los citados.
Los trabajos de la comisión se reanudarán el próximo 14 de enero y mantendrá las previstas para esa jornada: las de la exdirectora general de Consumo en 2008 y candidata del PSPV a la alcaldía de Alicante en 2007, Etelvina Andreu, y de la exalcaldesa de Dénia (PP) Ana María Kringe. El mismo día, la Mesa decidirá la fecha para los comparecientes del día 9.
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