805.000 de los 927.000 euros pagados por Educación y Cultura en costas judiciales esta legislatura son de casos heredados del PP

“En concepto de costas han sido abonados alrededor de 920.000 euros, el 85% de los cuales derivados de procedimientos iniciados en la anterior legislatura o contra decisiones adoptadas por el anterior gobierno”. La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, que dirige Vicent Marzà, responde así a una pregunta parlamentaria de la diputada de Ciudadanos Mercedes Ventura sobre las costas judiciales pagadas por el departamento esta legislatura.

En concreto, son 805.095 de 927.579 euros los que corresponden a costas derivadas de casos que el Consell del Pacto del Botánico heredó del PP en materia educativa, cultural o deportiva. Del total, según la respuesta parlamentaria, 683.513 euros (un 73,6% de lo desembolsado) corresponden a procedimientos iniciados en la octava legislatura autonómica y 234.176 euros (26,4%) en la novena legislatura, que está terminando. Sin embargo, de esa segunda cifra, y aunque se iniciaran ya en la novena legislatura, 121.582 euros son consecuencia de decisiones adoptadas por el anterior gobierno del PP.

Una buena parte de las costas judiciales, unos 260.000 euros, se refieren a la administración del personal docente y son consecuencia, por ejemplo, de la reclamación de sexenios por parte de los profesores interinos, “sexenios que ya cobran gracias al decreto adoptado por este gobierno, que regula los complementos retributivos”, señala la conselleria en su respuesta. Otras corresponden a “reclamaciones derivadas de la anulación por parte del TSJ del acuerdo de 3 de abril de 2013, mediante el cual la anterior administración educativa modificó el sistema de baremación de las bolsas, sin respetar los acuerdos sindicales precedentes y dejando a 1.400 profesores sin trabajo, entre otras”, añade el departamento de Marzà.

Las costas judiciales también afectan a las áreas de cultura y deporte y la conselleria evalúa en 115.000 euros las “derivadas de expedientes de reclamación de impagos de certificación de obra o de intereses de demora en obras de rehabilitación o adecuación de patrimonio y de infraestructuras culturales y deportivas, por parte de los anteriores responsables”.

La denegación a los diputados de documentación que habían solicitado y que llevó a condenas por vulneración de derechos fundamentales en la anterior legislatura ha supuesto el pago durante este mandato de 14.000 euros, según indica la conselleria en la respuesta a la diputada de Ciudadanos.

La casuística es variada, indican desde el departamento a eldiario.es. Entre las costas pagadas hay casos como el de los impagos a la empresa de seguridad encargada del Museo de Bellas Artes de Valencia o cantidades que se derivan de procedimientos de despido. En total, 805.000 euros, de los 927.000 pagados, son imputables a la herencia recibida del PP.