Facturas del pasado y “enchufes” del presente ponen en vilo a los socialistas valencianos

Los últimos cuatro meses se le han atragantado al PSPV-PSOE por dos presuntos casos de corrupción que, con doce años de diferencia desde su consecución, le han costado la dimisión al presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, y tiene señalados a personas del círculo más cercano al presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Facturas de la campaña electoral de 2007 y unos “enchufes” de afines al partido mantenidos desde 2015 a 2018 tienen en vilo a los socialistas valencianos a menos de una año de las elecciones autonómicas y municipales.

Sus socios de Gobierno de Compromís han salido más airosos de las derivadas del caso Crespo Gomar y de la operación Alquería, donde fueron detenidos Rodríguez y otras cinco personas, entre las que estaba la gerente de la empresa pública Divalterra nombrada por la coalición, Agustina Brines. La destitución temporal de Brines -antes presentó su renuncia- y la de Lluismi Campos, mano derecha de Enric Morera, que ya ha vuelto a su empleo en las Corts, son las dos piezas políticas que se han cobrado ambos casos.

Los socialistas defienden que en el caso Crespo Gomar o la operación Alquería no hay enriquecimiento personal o financiación ilegal del partido, como sí la hay en el PP valenciano condenado por este delito por la Audiencia Nacional. Además, recuerdan las mismas fuentes, estos procesos nada tiene que ver con los 6,5 millones de euros del presunto cobro de comisiones del expresidente Eduardo Zaplana “pillados” en Luxemburgo en la operación Erial o los consellers del Gobierno de Francisco Camps que duermen en prisión por el saqueo de las arcas públicas.

La propia sentencia de Emarsa confirma que gestores del PP de Valencia desviaron y gastaron 23 millones de euros del dinero para el tratamiento del agua en prostitutas, viajes por todo el mundo o regalos de lujo. Además, apuntan, en la actualidad más de la mitad de juzgados de instrucción de Valencia investigan casos de corrupción del PP valenciano. “Que no nos metan a todos en el mismo saco”, se defienden.

El caso Crespo Gomar se empezó a investigar en el juzgado de Instrucción número 21 de Valencia tras una denuncia inicial del PP ante la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la policía nacional. La agencia de publicidad que montaba las campañas del PSPV entre 2002 y 2008 habría cobrado de empresas concesionarias de municipios gobernados por los socialistas los actos de partido. Tras un año de investigación y descartar la financiación irregular por estar el delito prescrito, en enero de este año la magistrada derivó la investigación a cuatro juzgados, dos de Madrid, uno de Gandia y otro de Benidorm.

En esta causa se ha apuntado al que fuera secretario general del PSPV Ignasi Pla entre 2000 y 2007 y al exalcalde de Gandia José Manuel Orengo, ambos de la máxima confianza de Ximo Puig (el primero trabaja en el sector privado y el segundo es asesor de Presidencia), aunque ninguno citado a declarar ni de testigo ni de imputado. Si que está siendo investigado el exalcalde de Benidorm Agustín Navarro y una veintena de personas que gestionaron dos contratos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con Crespo Gomar. 

Esta semana, el juzgado de Instrucción número 43 de Madrid archivó la causa por el contrato entre la agencia de referencia del PSPV y el Ministerio de Sanidad, del que era alto cargo Etelvina Andreu, candidata de los socialistas a Alicante en 2007. Una preocupación menos para el PSOE valenciano que siempre ha defendido que esta causa acabará en nada. Siguen en investigación las otras tres causas sobre un contrato del Ministerio de Vivienda y los de Gandia y Benidorm.

Falta también por trascender a la opinión pública la instrucción que realizó la titular del juzgado 21 de Valencia que descartó la financiación irregular al estar prescrita. La policía nacional sí que considera acreditado el delito. El PP intentará como acusación popular que la causa se reactive al considerar que podría haber otro delito continuado de malversación en la relación de Crespo Gomar con el PSPV y sus ayuntamientos que no estaría prescrita. Será la próxima batalla que con toda seguridad se reactivará después del verano y según se acerquen las elecciones.

En el PP le tienen muchas ganas a los socialistas puesto que éstos han sido acusación popular en casos tan mediáticos como Gürtel, Emarsa o la Fórmula 1. “Nosotros nos arruinamos llevando al PP a los tribunales y Compromís y Podemos han sacado el rédito electoral”, se quejan fuentes socialistas.

En el caso Alquería también parece que baja de intensidad y no solo por la llegada del verano. Con la dimisión del presidente de la Diputación de Valencia la presión se ha reducido mucho y según avanza la investigación parece que la causa se circunscribe a la contratación presuntamente irregular de cargos del partido con sueldos de alta dirección. Una flagrante ilegalidad con escandalosos enchufes pero que, como sostienen los propios afectados, “denota que podríamos haber metido la pata, pero no la mano”.

Crespo Gomar y Alquería seguirán acechando a los socialistas y a sus socios de Compromís en los próximos meses y serán arma de debate electoral pero, tras las dimisiones y destituciones, los socialistas consideran que la respuesta ha sido rápida y contundente. “Nada que ver con la corrupción del PP valenciano”, sentencian.