Fiscalía mantiene 17 investigaciones civiles y una penal sobre residencias de personas mayores valencianas

La residencias de personas mayores están siendo los ámbitos más sensibles y más castigados por la pandemia del coronavirus en toda España.

A día de hoy hay algún caso positivo en 41 centros (7 en la provincia de Castellón, 8 en la de Alicante y 26 en la provincia de València) y se encuentran bajo vigilancia activa de control sanitario 28 residencias: 8 en la provincia de Castellón, 7 en la provincia de Alicante y 13 en la provincia de València. Hasta el pasado 10 de junio se habían registrado 506 personas mayores fallecidas con COVID-19 en residencias valencianas, todas ellas confirmadas mediante prueba PCR.

Desde el inicio de la actual situación de emergencia sanitaria, el Ministerio público, a través del Fiscal Delegado para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores y la red de fiscales especialistas desplegados en las Fiscalías Provinciales, ha realizado un seguimiento permanente de la situación de las personas de la tercera edad y/o discapacitados, y particularmente, de quienes viven en centros y residencias de mayores.

Según han informado fuentes de la Fiscalía General del Estado, en la actualidad hay incoadas 17 diligencias pre-procesales civiles relacionadas con residencias afectadas por COVID.19, nueve en Valencia, seis en Castellón, dos en Alicante y una en la

Fiscalía de Área de Elche-Orihuela.

Respecto de esta última se ha procedido a su archivo por Decreto de 18 de mayo de 2020, por cuanto su incoación se produjo por conducta inapropiada de dos trabajadoras (que no afectó a los residentes) y se ha comunicado a la Fiscalía la apertura de expediente disciplinario.

Las mismas fuentes han asegurado que no se ha procedido esta última semana a la incoación de nuevas diligencias y que se prevé el archivo de algunas diligencias preprocesales que se refieren a centros en los que no se ha advertido ninguna deficiencia en la actuación de la residencia.

En cuanto a las diligencias penales, se han archivado seis diligencias por falta de concreción de hechos denunciados o por no haber indicios de delito. Algunas de ellas vienen por denuncias de un partido político.

Por contra, “se han incoado diligencias y se han remido a la Sección Territorial de Gandía al tratarse de una residencia de aquella localidad. Continúan en trámite

con nuevas actuaciones“, aseguran desde la Fiscalía General del Estado.