La jefa de los funcionarios valencianos con el PP será juzgada por pasar las respuestas de una oposición a una amiga

Ana Brugger, la que fuera directora general de Función Pública cuando gobernaba el PP en la Comunitat Valenciana, se sentará en el banquillo de los acusados por haber pasado las respuestas de una oposición a funcionaria de la Generalitat a una amiga durante el examen. María Gonzálbez, la beneficiaria de la ayuda y ahora asesora de Vox en Les Corts Valencianes, la acompañará en el juicio, en el que se enfrentarán a seis años de cárcel e inhabilitación por los presuntos delitos de actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de abusos en el ejercicio de su función y falsedad en documento público.

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado los recursos de ambas acusadas y aboca al juzgado de instrucción a abrir juicio oral. Entiende el tribunal que existe una “maquinación fraudulenta” por parte de Brugger y Gonzálbez para amañar el examen de oposición que, además, reportaba “un beneficio económico” cifrado por CGT en 1,7 millones de euros que supondría el sueldo como funcionaria durante 40 años. Esta actuación, considera la Audiencia, podría constituir un ilícito penal que “quedó en un mero intento al ser descubiertas por una de las encargadas de la vigilancia de la prueba”.

En esta causa, la Fiscalía y el sindicato CGT consideran que se habrían cometido varios delitos, mientras que la Abogacía de la Generalitat ha considerado durante la instrucción que podría ser una irregularidad administrativa. El tribunal da ahora la razón a CGT y al Ministerio Público sobre la gravedad penal de los hechos.

Las dos acusadas han intentado defender en sus alegaciones presentadas al auto de procesamiento que no habían cometido delito y que CGT y Fiscalía discrepaban en la calificación, situación que el Ministerio Público considera positiva porque “dota de mayor amplitud el conocimiento de la repercusión jurídica del hecho imputado”.

Las dos acusadas, asegura CGT en su escrito de alegaciones al que ha tenido acceso eldiario.es, “confunden el mundo de la enseñanza con el mundo de las oposiciones de ingreso a cuerpos de funcionarios”. “Una cosa son los exámenes que un profesor, a su criterio, puede hacer o dejar de hacer, usar como medio para que sus alumnos se expresen y se valoren a sí mismos, y otra cosa –añaden– es que (por imperativo de la Constitución que obliga a que el acceso a la función pública esté sujeto a los principios de mérito y capacidad) se abra un procedimiento administrativo para seleccionar por un método objetivo establecido en las bases de la convocatoria a los que, de acuerdo con esas bases, lo merezcan”.

“La prueba escrita que, según ha resultado de la instrucción, ha sido falsificada no es un ejercicio escolar. Es un documento administrativo de origen, formado en el seno y para formar parte de un expediente oficial, fuera del cual carece de sentido, del cual documento dependerá la obtención de un puesto de trabajo de técnico superior, valorado, estimando una media de ejercicio profesional de 40 años, en unas retribuciones totales de 1.700.000 euros”, añaden desde el sindicato.

CGT defiende estar segura de su acusación y “lo confirma la numerosa, constante y contundente jurisprudencia sobre la consideración como falsedad en documento oficial el hecho de falsear el contenido de un examen de oposición para el acceso a un empleo público, regido por principios constitucionales –nada más y nada menos–, la igualdad, el mérito y la capacidad”.

Desde el sindicato y fuera de las alegaciones, consideran “bochornoso y definitorio del nivel que alcanza la corrupción del sistema, el silencio cómplice de quienes deberían estar defendiendo los intereses públicos y, concretamente, de la función pública de la Generalitat”. CGT critica duramente a la Abogacía de la Generalitat por no personarse en la causa y al resto de sindicatos por su “silencio atronador” en una denuncia que inició la Agencia Antifraude. “Todo ello demuestra la falta de decisión clara y contundente contra la corrupción, que no es solo de unos funcionarios o altos cargos políticos”, sentencian.