La Generalitat invierte en obra pública una cuarta parte del coste del ERE en Canal 9
El gobierno valenciano invertirá 30 millones en infraestructuras en 2014, apenas una cuarta parte del dineral destinado a pagar los despidos y los permisos retribuidos de los 1.600 trabajadores que dejarán Canal 9 en breve, unos 120 millones de euros. Desde 2009, la inversión en obra civil ha caído un 97%.
El contraste es brutal. Las penurias económicas de la administración valenciana son conocidas, pero varios datos avalan que la inversión en este apartado ha tocado mínimos históricos. Según Fecoval, la organización que agrupa a las empresas valencianas dedicadas a la obra pública, la Diputación de Valencia multiplicará casi por seis el gasto en infraestructuras de la Generalitat, 169 millones contra los mencionados 30.
Además, según el presidente de Fecoval, José Luis Santa Isabel, la casi nula carga de trabajo y la morosidad han conllevado la pérdida de dos tercios del empleo y la mitad de las empresas del ramo. Sin la financiación aportada por el gobierno central vía planes de pago a proveedores, la situación aún habría sido peor: las administraciones han llegado a deber hasta 600 millones a estas empresas.
La inversión cae un 97%
Según un estudio de CCOO, desde el inicio de la crisis la apuesta en infraestructuras de la Generalitat se ha reducido a (casi) cero. En 2009, año del lanzamiento del fallido plan Confianza de Francisco Camps, la Conselleria de Infraestructuras tenía un presupuesto de inversiones de 1.103 millones. En 2014, esa cifra es de apenas 30 millones. Un descenso del 97% en 6 años.
Fecoval, pese a ser año electoral, no cree que 2015 sea mejor. Y eso que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, parece dispuesto a gastar lo que no tiene para llegar con posibilidades a las elecciones autonómicas de mayo. Las indemnizaciones a los trabajadores damnificados por el cierre de Canal 9, las más generosas en la reconversión del sector público valenciano, podrían ser un ejemplo.
Ahí, además de los 86 millones en indemnizaciones por despido, la Generalitat gastará cerca de 30 millones en salarios de profesionales a los que se impide desempeñar su trabajo desde el corte de la emisión, el pasado 29 de noviembre. Unos 120 millones de euros de gasto, cuatro veces más que en infraestructuras.
