Los imputados en el caso de Carlos Fabra declaran ante el juez

La primera tanda de investigados en el sumario que investiga el presunto “enmascaramiento” del patrimonio del expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra y su entorno familiar han declarado este lunes ante el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital de La Plana. El juez Jacobo Pin ha imputado a una veintena de empresarios castellonenses que efectuaron préstamos, que en la mayoría de los casos no habrían sido devueltos, al antiguo todopoderoso político del Partido Popular en Castelló, así como a varios escoltas y un trabajador de la Cámara de Comercio.

Miguel Izquierdo Dols, gestor de Fabra, ha iniciado el desfile de investigados a primera hora de la mañana. Izquierdo, según declaró el hijo de Carlos Fabra, le daba indicaciones sobre “como actuar con los fondos recibidos”, apunta el auto del magistrado, que lo citó en calidad de investigado “en relación a su participación en el entramado elaborado presuntamente para ocultar el patrimonio” del expresidente de la institución provincial “frente a sus obligaciones judiciales y tributarias”. 

Aurelia Núñez Rodríguez, que percibió nóminas de, al menos, 11.237 euros en tres años de la empresa Sipcas SL (la misma mercantil que pagó 12.050 euros como nómina y transferencias a la exesposa de Fabra para, según la declaración del hijo del político, completarle la pensión) ha sido la segunda investigada en declarar. Núñez y el exasesor del PP en la Diputación Alejandro Lorca Heredero eran los dos únicos trabajadores dados de alta en la empresa, según el historial laboral de la Seguridad Social.

Enrique Gimeno, propietario de la empresa Facsa, también estaba citado este lunes en los juzgados de Castelló. La empresa del sector del agua, según el auto, firmó un contrato de pignoración de fondos para varias pólizas para la prestación de garantías bancarias y elevación de fianza entre Fabra y el Banco Sabadell por una suma total de 1,2 millones de euros (más tarde se ordenó la cancelación parcial por importe de 801.942,17 euros para afrontar la ejecución de los avales).

El expolítico del PP declaró que, debido a su situación económica, solicitó ayuda a su amigo Enrique Gimeno (ambas familias mantienen una relación de amistad desde hace varias generaciones) para el pago de sus deudas con Hacienda. El juez sostiene en el auto que la operación “causó un perjuicio económico no repuesto” a Facsa.

El matrimonio formado por Salvador Martí Huguet, expresidente de la Cámara de Comercio de Castelló (de la que Fabra fue secretario general), y María del Carmen Almenar Monfort han seguido la tanda de declaraciones. Martí extendió dos cheques por un valor total de 125.000 euros a Carlos Fabra “sin participación de su esposa”. El hombre, de 87 años, no recordó si Fabra le devolvió el importe “debido a los problemas de memoria y confusión” que padece.

El empleado de la Cámara de Comercio Justo Palomares Morte ha cerrado las declaraciones de este lunes ante el magistrado. Palomares reconoció que el expolítico del PP le encargó que acudiese a la oficina de Caixabank en Benicàssim para cobrar en efectivo en dos ocasiones sendos cheques bancarios de la cuenta de su hijo Borja Fabra. El auto del juez endosa al trabajador de la Cámara de Comercio (y a los escoltas del expresidente de la Diputación, agentes de la Policía Local de Castelló) un papel “trascendente” y “preponderante” en la ejecución del supuesto “plan concebido” por Fabra “en aras a ocultar su patrimonio y el origen de sus fondos”.

El juez Jacobo Pin ha investigado en secreto durante tres años el patrimonio de la familia Fabra tras una denuncia de Fiscalía por la posible comisión de delitos de frustración de la ejecución, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios.

Carlos Fabra, protagonista indiscutible del caso, está citado a declarar el próximo miércoles 28.