Imputados dos exdirectores del IVF por presunta prevaricación y estafa
Los ex directoress del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Enrique Pérez Boada y José Manuel Uncio y el ex responsable de Finanzas, Enrique Benede, han sido imputados por presunta prevaricación y estafa, entre otros delitos relacionados con la tramitación para la construcción y gestión de un hotel ubicado en la localidad valenciana de Jalance. El juzgado de primera instancia n.2 de Requena les imputa un total de 13 delitos a ambos directivos así como a un total de 7 responsables más, entre ellos el exalcalde de Jalance, Ángel Abel Navarro. En el mismo auto de imputación se ha pedido una fianza total para los acusados de 763.559 euros.
Los hechos investigados están relacionados con la gestión y la concesión de un préstamo, por parte del IVF y de una entidad bancaria, para construir un hotel en Jalance. Al respecto, los querellantes, Asunción Boscá y José Rafael Martínez, exmiembros del consejo de la mercantil del hotel, alegaron que se habían producido irregularidades con la ejecución del préstamo. Como consecuencia, se tuvo que recurrir a la solicitud de expediente de suspensión de pagos, favoreciendo y acelerando la descapitalización e insolvencia de la mercantil.
De esta forma, se dejó de atender pagos a acreedores ordinarios y preferentes, incluidas deudas laborales, créditos con entidades financieras, obligaciones tributarias y de Seguridad Social, causando perjuicios concretos a los querellantes que vieron subastados bienes por importe de 21.350 euros, al ser avalistas de la sociedad.
Asimismo, se desatendieron las obligaciones fiscales, pagos de IVA, pagos fraccionados, Impuesto de Sociedades, y dejaron de presentar en los ejercicios 2001, 2002 y 2003 declaraciones fiscales y cuentas anuales ante el Registro Mercantil. El 13 de noviembre de 2003 llegó a presentar solicitud de quiebra voluntaria.
Para los dos exdirectores del IVF, la acusación particular -que representa a los querellantes- solicita 15 años de cárcel y 12 de inhabilitación; mientras que para el ex director de inversiones de esta entidad pide dos años de cárcel y otros dos de inhabilitación. Por su parte, reclama para el exalcalde de Jalance la pena de 46 años y siete meses de cárcel, además de 12 años de inhabilitación para cargo público; y respecto a los miembros de la sociedad, pide desde un mínimo de 46 años y tres meses de cárcel, hasta 59 años y siete meses. Para los otros tres acusados en el procedimiento, que celebraron su boda en el hotel, reclama entre 10 y 12 años de prisión.
