Radiografía de la inoperativa Autoridad de Transporte Metropolitano de València: un millón anual de gasto y un año sin dirección

La Generalitat Valenciana creó en 2017 la Autoridad de Transporte Metropolitano de València (ATMV) de la mano de la exconsellera socialista de Obras Públicas, María José Salvador, con el objetivo de recuperar la visión metropolitana de la movilidad, desmantelada en plena oleada de recortes por el PP a finales de 2012 al eliminar la Agencia Valenciana de Movilidad.

La entidad engloba los diferentes modos de transporte público gestionados por el Gobierno valenciano, es decir, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) con el metro y el tranvía, los buses interurbanos, y también a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) del Ayuntamiento de València.

Su objetivo era, por una parte, optar a los mismos fondos del Estado que los consorcios metropolitanos de Madrid y Barcelona (126,9 millones  y 109,3 millones respectivamente al año de los Presupuestos Generales del Estado) para financiar sus diferentes modos de transporte público y, de esta forma, culminar la integración tarifaria con la creación de un único billete válido para cualquier red de transporte, a un precio unitario.

Sin embargo, han pasado tres años desde la creación de la entidad y poco o nada se ha avanzado al respecto, hasta el punto de que se ha mostrado totalmente inoperativa para coordinar acciones de información y de servicios, principalmente entre FGV y EMT. 

Como ejemplo, recientemente, durante la pandemia, el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció que el personal sanitario y de atención social accedería de forma gratuita al transporte durante un mes, prorrogable mientras durara el estado de alarma, en los servicios de Metrovalencia, Metrobús, Tram d'Alacant y Tram de Castelló, es decir, en todo lo que depende de la Generalitat. A las pocas horas, la EMT anunció que se sumaba a la iniciativa a través de la ATMV, dejando en evidencia la escasa unidad de acción.

Esta falta de protagonismo a la hora de planificar políticas de movilidad conjuntas en estos tres años alcanzó su punto álgido cuando el Ministerio de Transportes anunció el reparto del fondo de 800 millones para paliar las pérdidas en el transporte público de competencia de las diferentes comunidades autónomas.

Mientras Madrid y Barcelona canalizaron la gestión de estas ayudas a través de sus consorcios metropolitanos, en los que están integrados los buses urbanos de sus capitales, en el caso de la Comunitat Valenciana fue la Conselleria de Transportes, dirigida por el socialista Arcadi España, la que asumió la petición y recepción de fondos en exclusiva para FGV (Metrovalencia, Tram Alicante y Tram Castellón) y los buses interurbanos de su competencia, relegando a la ATMV que precisamente se había creado para estos fines, en la que se integra EMT València.

Finalmente, FGV ingresará 40,9 millones (un 5% del total) mientras los consorcios de Madrid y Barcelona se llevan el 64% del fondo (258 y 240 millones respectivamente) y Andalucía duplica la cuantía valenciana al alcanzar los 92,3 millones (el 12%).

Fuentes de la Conselleria de Transportes han informado de que la ATMV consta en estos momentos de seis funcionarios y 11 empleados como personal laboral procedente de la antigua Agencia Valenciana de Movilidad y solo en gastos de personal cuenta con un presupuesto anual de un millón de euros.

La directora nombrada en el momento de su creación, María Pérez, dejó el cargo el pasado verano al ser nombrada secretaria autonómica de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Sostenible.

Desde entonces, la entidad carece de dirección. Al respecto fuentes de Transportes han explicado que hasta ahora han tenido dificultades para encontrar el perfil deseado por las “limitaciones salariales que tiene la Generalitat”. Además, han añadido que “con la pandemia se paralizó la búsqueda” pero confían en que dentro de poco “se tome esa decisión”.

No obstante, han asegurado que “la AMTV está funcionando a pleno rendimiento” y que de momento ejerce de directora la secretaria autonómica María Perez.