La investigación investigada: la persecución mediática de la investigación sobre la desigualdad educativa en la ciudad de Valencia

Borja de Madaria

Me llamo Borja de Madaria, pero eso no es relevante en el asunto que me fuerza a escribir estas líneas. Soy un investigador (o una investigadora, que el género tampoco importa en este caso), una de las muchísimas personas que trabajan como personal técnico de investigación con un contrato a cargo de un proyecto de investigación de la Universitat de València (UV). Muchos de esos proyectos, principalmente en el sector de las ciencias sociales, se financian mediante subvenciones o convenios con otras instituciones públicas. Como tantos otros, el proyecto en el que trabajo es fruto de un convenio entre el Ayuntamiento y la Universidad de la ciudad de Valencia para analizar su sistema escolar en las etapas de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria y, aunque de forma oficial el convenio tiene un nombre más largo, nosotros lo llamamos el ‘Mapa Escolar de Valencia’. ¿Les suena?

Tal vez sea así porque, desde febrero de 2017, el convenio firmado por el rector de la Universitat de València y la Concejala de Educación en representación del Alcalde de la ciudad, y la investigación a la que proporciona marco, contenido y recursos, están siendo objeto de un particular seguimiento mediático y jurídico en virtud de la cobertura que el diario Las Provincias está haciendo de una denuncia, otra más, de Luis Salom, conocido asesor del Partido Popular en el ayuntamiento de la ciudad, cuyas denuncias suelen ser archivadas tras el ruido mediático.

Mediante dicho asesor, el Partido Popular denunció por prevaricación a María Oliver, ex concejala de educación del Ayuntamiento de Valencia, y a José Manuel Rodríguez Victoriano, profesor de la UV e investigador principal del proyecto, por colaboración a título lucrativo en dicha prevaricación. El argumento de la denuncia es que la exconcejala benefició a un compañero de partido. Desde el inicio del proyecto, Las Provincias ha publicado hasta hoy más de una veintena de noticias y artículos de opinión sobre estos hechos, presentando una visión retorcida y enmarañada de la realidad. El sufrimiento de este asedio mediático al proyecto de investigación está recayendo principalmente en su coordinador.

Casi dos años después de la denuncia, más o menos el tiempo que yo llevo trabajando en el proyecto, las diligencias judiciales han ido evolucionando y ya no se habla tanto de prevaricación, ya que ese delito necesita de una capacidad de decisión sobre la formalización del convenio que ninguna de las dos personas acusadas tenían. Las últimas noticias aparecidas en el diario conservador de la ciudad apuntan a un supuesto desvío o malversación de fondos públicos por haber comprado, de forma supuestamente irregular, mobiliario y material informático.

Se denuncia la compra de un ordenador y de una mesa de los que se desconoce el destino, afirman en el diario. Ya les he explicado que trabajo en el proyecto de investigación. Mi trabajo consiste en procesar datos sobre el sistema escolar de la ciudad de Valencia, analizarlos y escribir los informes correspondientes con los resultados y propuestas. Conozco perfectamente la mesa y el ordenador objeto de la denuncia. Son aquellos ante los que yo me siento a trabajar cada día.

El diario conservador denuncia también la adquisición de un Ipad, grabadoras y cámaras de foto y vídeo. Son herramientas que hemos utilizado para gestionar información y para grabar en audio las entrevistas realizadas en diversas fases del proyecto, y en video las intervenciones de los investigadores e investigadoras de las universidades Autónoma de Barcelona, de Castilla-La Mancha, Complutense y Autónoma de Madrid, de La Coruña, Pablo de Olavide de Sevilla y de la propia Universidad de Valencia que han presentado ponencias sobre diversos aspectos del sistema educativo en los cuatro seminarios organizados por el convenio. Por lo que yo sé, ese material ha sido comprado por la UV, es inventariable y, por tanto, está a disposición de su personal para uso en la investigación.

Los seminarios del proyecto se han realizado en convocatorias libres abiertas tanto a la comunidad educativa como a la ciudadanía y han servido, además de para informar a los agentes educativos de la ciudad, para formar como personal investigador a más de 20 alumnos y alumnas de diversas facultades de la UV. Buena parte de este alumnado ha colaborado también en tareas de investigación en diversas fases del proyecto. Todas las personas que han participado o colaborado en dichas actividades han sido remuneradas con cargo al proyecto de investigación.

Asumo que los gastos que el proyecto ha generado han sido consignados en la partida adecuada. Cuando tramito esos asuntos, lo hago a través de los servicios administrativos de la Universidad. Y de igual forma proceden los otros 13 profesores y profesoras de la UV que han colaborado en la investigación que, por cierto, no cobran un solo euro a cargo del proyecto porque su labor investigadora ya está remunerada en su sueldo. Nuestro interés y dedicación se centra en lo realmente importante, el contenido de la investigación y la comunicación pública de sus resultados.

En los años de vigencia del convenio de investigación, hemos analizado datos sobre diversos aspectos del sistema escolar de la ciudad de Valencia proporcionados por el Servei d’Educació del Ajuntament de València y, con mayor reticencia, por la Consellería d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana y algunos otros agentes o instituciones. Los datos más relevantes se han sistematizado en una base de datos que está disponible para el acceso público. También hemos realizado entrevistas y grupos de discusión con diversos agentes vinculados a la red escolar de la ciudad y hemos desarrollado una observación del clima escolar en diversos centros de la ciudad mediante la técnica de la etnografía.

Tras el análisis de los datos, hemos realizado dos informes para el Consell Escolar Municipal: http://educacio-valencia.es/ii-informe-sobre-el-mapa-escolar-municipal/

El Reglamento de Régimen Interno de esta institución establece que debe elaborar informes anuales sobre el estado del sistema escolar de la ciudad, pero no tenemos constancia de que haya emitido ninguno antes de la firma del convenio del proyecto Mapa Escolar. Dichos informes han denunciado la escasa oferta educativa de carácter público en el sistema escolar valenciano, la desigualdad de oportunidades educativas en los diferentes distritos de Valencia, la falta de transparencia en los criterios sobre los que se justifica la zonificación escolar de la ciudad y cómo incluso llega a incrementar dichas desigualdades en algún caso. Hemos denunciado también algunas posibles irregularidades detectadas en los procesos de admisión a los centros escolares en los últimos diez años o ineficiencias de la normativa vigente.

En definitiva, hemos detectado graves indicios de segregación escolar en el sistema educativo de la ciudad de Valencia que nos obligan a cuestionar y denunciar el desigual trato que los sucesivos gobiernos valencianos han dado a las redes de colegios públicos y concertados en nuestro territorio. En los dos informes presentados también se realizan propuestas que, a nuestro juicio, pueden permitir mejorar algunas de las desigualdades e irregularidades detectadas.

Para todo ello hemos empleado el dinero del convenio y las herramientas que se han comprado a su cargo. Esos recursos sirven para que la Universidad de Valencia cree conocimiento y lo transfiera de nuevo a la sociedad. La denuncia del diario Las Provincias menciona la compra del material, pero parece que lo que verdaderamente les preocupa es el uso que hagamos de él para denunciar las desigualdades educativas. Y, claro, trata de impedirlo.

*Borja de Madaria, técnico de investigación de la Universitat de València

Dan apoyo a este escrito las siguientes personas vinculadas a la Universitat de València y otras universidades públicas españolas:

Teresa Empar Aguado Bloise, Juli Antoni Aguado Hernàndez, Vicent Aparicio Guadas, Antonio Benedito Casanova, Xavier Bonal Sarró (Universidad Autónoma de Barcelona), Encarna Canet Benavent, Francisco Javier Cano Montero, Silvia Carrasco Pons (Universidad Autónoma de Barcelona), Rafael Castelló Cogollos, Lourdes Cortes Torregrosa, Josepa Cucó Giner, Juan Carlos De Paz, Fernando Fita Ortega, Josefa Fombuena Valero, Ana M. García García, Ernest Garcia Garcia, Alfonso García Vilaplana, David Gil Solsona, Jordi Giner Monfort, Javier Gómez Ferri, Gil-Manuel Hernàndez Martí, Benno Herzog, Marcela Jabbaz Churba, Joan Lacomba Vázquez, Regina Laguna Mico, Raúl Lorente Campos, José M. March Poquet, Elvira Marí Poveda, Jaume Martínez Bonafé, Ignacio Martínez Morales, Albert Moncusí Ferre, Carmen Montalba Ocaña, Óscar Moreno Martínez, Gabriela Moriana Mateo, Francisco Javier Murillo Torrecilla (Universidad Autónoma de Madrid), Elena Mut Montalvà, José Javier Navarro Pérez, Sandra Obiol Frances, Maite Ojeda Mata, Sofía Pereira García, Pau Pérez Ledo, Josep V. Pitxer Campos, Eva Reina Giménez, Lorenzo Revuelto Taboada, Francisco Rodenas Rigla, Isabel Royo Ruiz, Llorenç Rubio Gimènez, Ana Sales Ten, Antonio Santos Ortega, Carles X. Simò Noguera, Andreu Tobarra Sánchez, Francisco Torres Pérez, Jurjo Torres Santomé (Universidad de La Coruña), José Anastasio Urra Urbieta, Inmaculada Verdeguer Aracil, Alícia Villar Aguilés, Rafael Xambó Olmos.

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Publicado el
30 de septiembre de 2019 - 19:08 h

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