Investigada la exdelegada de la SGAE en China por hacer de comercial del hijo del exconseller del PP preso Rafael Blasco
La Audiencia de Valencia ha confirmado la decisión de la jueza de instrucción del Juzgado número 21 de Valencia de investigar a la exrepresentante de la SGAE en China y a su marido por promocionar con fondos públicos la carrera de Rafael Blasco Císcar “Rablaci”, hijo de la exdirectora del IVAM, Consuelo Císcar, y del exconseller del PP Rafael Blasco, en prisión por el saqueo de las ayudas a la Cooperación de la Generalitat Vlenciana.
La Audiencia Provincial ha desestimado así el recurso de apelación presentado por la exdelegada de la SGAE, María Cruz Alonso, y su marido, Miguel Ángel Sazatornil, al que se adhirió Consuelo Císcar, según un auto hecho público este lunes por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
El Juzgado de Instrucción 21 de Valencia dictó en diciembre de 2017 un auto con la decisión de investigar a la exrepresentante de la SGAE en China y a su marido.
Contra ese auto, Mari Cruz Alonso y Miguel Ángel Sazatornil -también Consuelo Císcar, que se adhirió- presentaron un recurso pidiendo la nulidad de una providencia que incorporaba dos diligencias: el volcado efectuado de los discos duros del IVAM y del auto que acordó su práctica, por sobrepasar el objeto del procedimiento y por ser fruto de una investigación prospectiva; y el interrogatorio de la UDEF a los recurrentes cuando ya tenían datos para considerarlos investigados.
También solicitaron la nulidad del auto que acordaba dirigir el procedimiento contra los recurrentes por el retraso en su imputación.
Tanto el Ministerio fiscal como la Generalitat Valenciana se opusieron a que se estimara ese recurso.
Según el auto de la Audiencia dictado ahora, el recurso pivota sobre la necesidad de acordar la nulidad de dos resoluciones judiciales, y argumenta que ningún razonamiento que pueda considerarse suficiente se incluye sobre el momento procesal en que se solicita, ni sobre la conveniencia de que el hipotético remedio sea la exclusión física de lo aportado a través de dicha diligencia.
Tampoco la justificación a que el remedio a una tardía imputación sea la exclusión de cualquier responsabilidad penal de los recurrentes, que es “lo que parece pretenderse con la petición de nulidad que se efectúa”, según el auto de la Audiencia.
Sobre la contratación de Sazatornil añade que no necesariamente la investigación de una contratación supone que todos los que en ella participen deban ser considerados como testigos, máxime en una investigación de una complejidad como la presente.
El Juzgado de instrucción número 21 de Valencia imputó en octubre de 2017 a la exdelegada de la SGAE, a su marido y a otra persona (Juan García Rosell) por su supuesta participación en la comisión de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.
Mari Cruz Alonso se encargó entre los años 2008 a 2011 de la búsqueda de espacios expositivos en Asia para las exposiciones de Rablaci, todo ello en connivencia con Consuelo Císcar y otros empleados del IVAM, también imputados, según el análisis de los correos electrónicos intervenidos y de las diligencias de investigación llevadas a cabo.
Se sospecha que Alonso contó con la ayuda de su esposo, Sazatornil, que con ánimo de ocultar la participación de su esposa en estos hechos, cobró del IVAM la cantidad de 284.000 euros para llevar a cabo la búsqueda de espacios expositivos para el IVAM en Asia.
