La izquierda blinda la lucha contra la violencia de género ante los ataques de la ultraderecha
“El terrorismo machista es el problema más grave que sufre actualmente la sociedad española”. El texto sale de una resolución aprobada hace apenas unos días por el Parlamento valenciano que compromete a todos los grupos políticos a erradicar esta violencia y a no dar cuerda a quienes niegan su existencia. La llegada de la extrema derecha de Vox al panorama político ha supuesto muchas cosas, y una de las más graves es la que tiene que ver con los derechos de la mitad de la población.
La extrema derecha española ha centrado gran parte de su campaña en Andalucía en derogar la Ley de Violencia de Género y ha contaminado el debate respecto a la norma estatal, que data de 2004. Las primeras elecciones que se producen desde la moción de censura y post 8M revelan un panorama incómodo: en una comunidad de ocho millones de personas hay, al menos, 400.000 que confían en la extrema derecha. Si la proporción fuera la misma, y según las encuestas, parece que en la Comunitat Valenciana podría tener representación parlamentaria o en algunos ayuntamientos importantes, algo que despierta las alertas en las formaciones de izquierdas por el recorte de derechos que puede suponer.
El movimiento feminista planteó hace un par de semanas acciones de protesta contra la extrema derecha, denunciando “la reacción del más rancio y violento machismo” ante el atisbo de que las mujeres logren poder. Ante las amenazas a las libertades por parte de las derechas, las feministas llaman a la movilización en las próximas elecciones -recordando la importante abstención en el proceso andaluz- y en las calles, especialmente el ocho de marzo.
Pero no solo el movimiento feminista se ha organizado contra este partido. Los dirigentes políticos valencianos han decidido blindar el pacto contra la violencia machista, suscrito hace dos años, y reivindicarlo como una cuestión básica.
Uno de los principales artilleros de Vox contra el feminismo es su portavoz parlamentario, el juez Francisco Serrano, que parece tener una manía personal a la ley. El magistrado fue apartado de la carrera por dos años por saltarse la custodia, al decidir alargar de forma ilegal las vacaciones de un niño con su padre, sin consultar a la madre, para que pudiese ir a una procesión. La formación niega la existencia de la violencia machista y pretende englobarla en la violencia doméstica, eliminando el carácter estructural de la violencia contra las mujeres ejercida por hombres.
Santiago Abascal, líder de la formación, cree que: “Vox es una gigantesca respuesta a la corrección política”. El partido considera que los centros de ayudas a mujeres maltratadas son “chiringuitos” y que las víctimas van “a por la paguita”, cuando la realidad demuestra el bajo presupuesto que todavía se asigna a la protección de las mujeres y los hijos y las lagunas del sistema. Pueden encontrar algunos ejemplos aquí y aquí. No obstante, la ultraderecha cree que son la tauromaquia o las tradiciones religiosas las que merecen más protección.
Miles de mujeres se concentraron por todo el territorio español el martes en el que se producía la investidura de Juanma Moreno, del PP, como presidente de la Junta de Andalucía gracias a un pacto con Ciudadanos y la formación de Abascal. Las protestas no se producían por el candidato popular, sino por las propuestas que atentan contra los derechos humanos y los derechos de las mujeres que plantea el partido de extrema derecha y que sus compañeros de pacto han asumido y suavizado en el acuerdo. Serrano se refirió a estas protestas como la “kale borroka” y consideró que no podían permitirse.
Las propuestas de esta formación de ultraderecha no son nuevas. De hecho, muchas se han visto en el PP. Si la consejería de Familia andaluza parece un despropósito por, entre otras cuestiones, solo tener en cuenta el modelo tradicional, no queda muy atrás la propuesta del exconseller valenciano Juan Cotino, que cuando fue responsable de Bienestar Social elaboró una ley de protección a la maternidad que incluía el concepto de protección a la vida en formación -es decir, asegurar los derechos del feto- y dejaba en manos de las organizaciones de la Iglesia, a las que regaba con dinero público, la protección de las gestantes en riesgo de exclusión social.
¿Y la izquierda? Con el feminismo
Las formaciones de izquierdas han decidido erigir el feminismo o la lucha por la igualdad como su principal arma contra este partido. Frente al cuestionamiento que Vox plantea, el resto de partidos apelan a la lucha contra la violencia machista como un precepto básico e incuestionable. Las formaciones progresistas -y también las conservadoras- abogan por blindar el pacto valenciano contra la violencia de género, como han demostrado esta semana.
Las Corts Valencianes aprobaban por unanimidad el pasado jueves una proposición no de ley (PNL) impulsada por el PSPV-PSOE en defensa de las bases ideológicas del Pacto Valenciano contra la Violencia Machista. Todos los grupos, también el PP, se han comprometido con esta firma a rechazar “cualquier posicionamiento político que propugne la eliminación o minoración de las medidas de protección de la mujer frente a la violencia machista” y “la adopción de cualquier tipo de acuerdo, explícito o implícito, con formaciones que plantean la supresión o reducción de dichas medidas”. Léase, Vox.
Además de lo pactado en la Cámara parlamentaria, la primera autoridad valenciana, Ximo Puig, ha venido señalando como problema más importante que afecta a la sociedad “la violencia de género, el terrorismo machista, la desigualdad que hay en el fondo entre mujeres y hombres”. Lo hizo en su discurso de Navidad y lo repite en prácticamente cada comparecencia pública en la que se le pregunta por este partido. Razón por la que pide al resto que no apoye a formaciones que van contra esta premisa. Mismo argumento utiliza la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, de Compromís, que pide no votar a los que rechazan la ley de violencia de género: “El feminismo tiene que ocupar el espacio público, pero también tiene que ocupar las urnas”. “Hay una fórmula muy fácil para que nadie derogue la ley de violencia de género: que no se les vote”, añadía en una entrevista en À Punt. Hasta la dirigente de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana, Mari Carmen Sánchez, consideró que “escuchar las propuestas de Vox da miedo”, preguntada por esta cuestión.
Las mentiras sobre violencia de género
A la ultraderecha no le sirven los datos porque consideran que están manipulados. El partido de ultraderecha repite constantemente una serie de datos de procedencia desconocida -sin identificar las fuentes- para generar confusión y rechazo a las políticas contra la violencia machista, valiéndose de las redes sociales, sin filtro alguno, como altavoz. Apelan a las denuncias falsas, aunque la cifra de denuncias demostradas como falsas son anecdóticas -el archiconocido 0,01%- y el Consejo General del Poder Judicial señala que no pueden equipararse con las absoluciones -por falta de pruebas, en las que al acusado se le declara 'no culpable' o en las que la denunciante se acoge a su derecho a no declarar-. No cuentan, sin embargo, la cantidad de denuncias que se retiran durante el proceso por temor de la víctima a peores consecuencias.
Santiago Abascal denuncia que afectan a “millones” de españoles, a una distancia abismal de lo que señala Fiscalía. La Memoria Anual que presenta este organismo señala que en 2017 se interpusieron 166.260 denuncias por violencia de género y se incoaron 23 causas por denuncia falsa; de ellas, en 2 ocasiones el procedimiento ha finalizado por sentencia condenatoria y 21 causas siguen en tramitación, habiéndose formulado escrito de acusación en una de ellas.
Según el Consejo General del Poder Judicial en su informe sobre víctimas mortales de la violencia de género y de la violencia doméstica en el ámbito de la pareja o expareja de 2015, entre 2008 y 2015 un total de 58 hombres fueron asesinados por sus parejas o exparejas, frente a 488 mujeres asesinadas en ese mismo periodo. El informe no especifica el sexo del agresor, ya que el dato puede incluir a parejas homosexuales.
Otro de sus argumentos contra la norma es que deroga la presunción de inocencia, convirtiendo a todos los hombres en maltratadores. Como explica la fiscal Susana Gisbert, la ley no dice en ningún momento que exista presunción de veracidad de la denunciante y su testimonio vale lo mismo que el de cualquiera en cualquier otro delito, ni que se deba detener al denunciado de inmediato.
¿Es el feminismo un antídoto contra la extrema derecha? Cualquier afirmación sería difícilmente demostrable, pero parece que el discurso por la igualdad es la medicina que los partidos a la izquierda de Vox han decidido recetar.
