Justicia eterna: 23 trabajadores tardarán 9 años en ser juzgados por un piquete de huelga
Un juzgado de lo penal de Castellón ha aplazado hasta abril de 2016 el juicio contra 23 trabajadores de un piquete por unos hechos sucedidos en septiembre de 2007, cuando se celebró una huelga en Aluminios Baux, una empresa de Segorbe (Castellón), para pedir mejoras laborales y salariales.
El juicio, después de una tramitación lentísima, debía haber tenido lugar el lunes, pero la falta de notificación a uno de los acusados forzó su aplazamiento. Ha sido fijado para abril de 2016, nueve años después de los hechos. De los 23 trabajadores que serán juzgados este mes sólo 5 siguen en Aluminios Baux. “El resto fue despedido poco a poco, sin armar mucho ruido”, según CGT.
El colapso de los juzgados de Castellón y la complejidad de la causa, que requiere de una vista de varios días al haber 23 acusados y decenas de testigos, aconsejó su señalamiento para dentro de año y medio. “Una eternidad”, según CGT, para los trabajadores, a los que se pide penas que podrían acarrear prisión.
Tres años y nueve meses de cárcel
La Fiscalía y la acusación particular piden penas de hasta tres años y nueve meses de prisión a los 23 trabajadores por “insultar e intimidar a 30 trabajadores” que no secundaron una convocatoria de huelga en la empresa en 2007. Aunque no se produjeron altercados ni ningún incidente violento y la planta no paró su actividad, la empresa denunció la actuación del piquete de huelga.
Sus miembros, según casos, están acusados de un delito contra el derecho de los trabajadores agravado con coacciones, injurias y lesiones imprudentes, en este caso, por los daños leves que sufrió un guardia de seguridad al saltar una barricada levantada por el piquete. La acusación se basa principalmente en los testimonios de la cúpula de la empresa, cuyo acceso y salida del recinto fue protegido por la Guardia Civil el día de la huelga.
En opinión de Sergio Pardo, abogado de CGT en la causa, la petición de penas es “excesiva, una barbaridad”. Cree que la calificación de los hechos por parte del fiscal no se corresponde con una huelga, un derecho constitucional, llevada a cabo sin violencia.
El sindicato asegura que los denunciantes accedieron y salieron del puesto de trabajo sin problema alguno, aunque “recibieron una sonora pitada”. Aluminios Baux es propiedad de Federico Serratosa Caturla, que se enriqueció, con gran parte de su familia, con la venta de Valenciana de Cementos a Cemex, una multinacional mexicana.
