Las diputaciones son el salvavidas de la acción política de los municipios

En 170 años de existencia nunca se había puesto tan en entredicho la pervivencia de las instituciones provinciales. Al menos no en la Comunidad Valenciana. Llevamos años intercambiando criterios sobre la conveniencia o no de su eliminación, mantenimiento, modernización, vaciado… y curiosamente pocas veces hemos preguntado directamente a los entes para los que las diputaciones desarrollan su trabajo, los ayuntamientos.

La diversidad interna de los partidos políticos (no solo en el PSOE) se ejemplifica también en esta materia, no conozco una formación en la que todos sus miembros estén de acuerdo en una u otra posición. En mi partido tampoco. El debate se ha abierto ahora de forma más profunda debido en gran parte a la mala praxis que el PP ha ejemplarizado en los entes provinciales y, claro, demonizar es la postura más fácil, pero a nadie se le ocurriría plantear la desaparición de, por ejemplo, la Generalitat Valenciana a pesar de que la gestión en los años de gobierno de Zaplana, Camps y Fabra no distó mucho de la del ex presidente de la Diputación Alfonso Rus. La institución (provincial) es válida e incluso imprescindible para la acción política de los municipios, es el salvavidas al que se aferran los alcaldes y alcaldesas para poder desarrollar el servicio público que sus limitados medios no les permiten; aquí como en la mayoría de los casos el problema no es la casa, el problema es la gestión que se hace de y en ella. Me decía hace meses el alcalde de una población de poco más de 200 habitantes censados que la Diputación es para ellos el espacio de gestión entre municipios, el asidero al que agarrarse para mantener la prestación de determinados servicios de forma eficaz y eficiente y que su desaparición nos obligaría a la creación de entes similares con formato indefinido quizá incontrolables por su naturaleza. ¿Qué hacemos con todos esos municipios que no cuentan ni con interventores propios, ni con tesoreros?.

En lo que la mayoría sí coincidimos es en que las Diputaciones responden a un modelo de Estado que hoy ha variado mucho respecto a cómo estaba configurado cuando se crearon las instituciones provinciales. La España de las autonomías mantuvo la estructura provincial acomodándola a una descentralización estatal que todavía hoy está en proceso de culminar, pero que requiere una reforma constitucional que tendremos que abordar en un futuro no muy lejano.

Y en esa modificación de la Carta Magna es donde debemos afrontar y configurar el futuro de nuestras instituciones. De momento las Diputaciones no solo existen, es que por mucho que hagamos declaraciones políticas sobre su inoperancia, ni podemos borrarlas del mapa ni van a dejar de existir.

Hace unos meses se realizó entre los alcaldes/as una encuesta sobre valoración, gestión y utilidad de la institución provincial. Los resultados fueron abrumadores en general pero con el resultado de ciertas preguntas concretas se pueden hacer una idea del resto. Ante la cuestión ¿hasta qué punto es importante para la gestión de su municipio el papel de la Diputación de Valencia como institución pública?, el 92.2% lo calificaron de importante o muy importante y solo un 1.8% de los primeros ediles, dijo que era “poco importante”; la valoración de la Diputación alcanzó un media de 8 (en un abanico de 0 a 10) y cuando se preguntó por si ¿considera que la Diputación de Valencia debería desaparecer?, el 73,9 % de los encuestados dio un “no” rotundo, frente al “sí” del 24,3 % y el 1,8 % del “no sabe no contesta”.

Pero al margen de estos datos, a los que diariamente pisamos el territorio, aquellos que intentamos que nuestros municipios puedan desarrollar la acción política que sus vecinos y vecinas han elegido, no son solo los alcaldes y alcaldesas los que nos transmiten la intranquilidad por los rifirrafes entre responsables políticos. La conclusión siempre es la misma: a la ciudadanía le importa bien poco quién decide construir un colegio o un centro para menores; no quiere saber de qué caja sale el dinero para su construcción; le es indiferente de dónde procede la iniciativa. Lo que la ciudadanía quiere es que invirtamos de la mejor manera posible el dinero público (que viene de todos nosotr@s) y nos dejemos de tanto ruido.

Podemos seguir hablando de la desaparición de las Diputaciones, de su modernización, de su vaciado, de acometer reformas sobre las competencias impropias, …. Podemos seguir liando la madeja todo lo que queramos, pero si somos prácticos creo que responderíamos mejor a nuestros representados si nos dedicamos a desarrollar políticas tangibles y sin perder de vista nuestras pretensiones, esperamos a que se plantee la reforma constitucional para debatir sobre el futuro de las Diputaciones. Hoy por hoy siguen siendo el salvavidas de la acción política de los municipios y nuestra obligación es exprimir al máximo las oportunidades que tenemos para mejorar la vida de las personas.

Mercedes Caballero es diputada autonómica y secretaria general del PSPV-PSOE de la provincia de València