La Abogacía de la Generalitat se suma a la jueza en su pugna con el fiscal y acusa a Camps por la Fórmula-1
La Abogacía de la Generalitat ha presentado en el último día de plazo un escrito de acusación contra Francisco Camps, otros ex altos cargos del Consell y empresarios dentro de la causa de la construcción del circuito urbano de la Fórmula 1 en València. De este modo la Abogacía se suma a la misma jueza en la petición de la acusación, en contra del criterio del fiscal que pide su archivo.
La acusación se presenta 'ad cautelam' pendiente de que se resuelva definitivamente su petición para que se complete la prueba pericial de la causa, a la vista de que, en la realizada por el interventor -quien también fue auditor delegado de las obras del circuito-, éste advirtió de que no tenía el “criterio técnico suficiente” para evaluar determinados aspectos.
La jueza por su parte ha denegado este martes la petición de estas diligencias suplementarias y/o complementarias para que se haga este informe y la Abogacía ha presentado un recurso de reforma para mantener la conveniencia de disponer de este informe.
Aunque la Abogacía quería contar con dicho informe complementario “para tener aún más cerrados determinados aspectos”, considera que existen indicios de delito para elevar un escrito de acusación, sin perjuicio de que siga explorando todas las vías procedimentales oportunas en defensa del interés general.
La Abogacía señala que conoció el informe del interventor de la Generalitat, en el que reconoce que “no se dispone del criterio técnico suficiente” para pronunciarse sobre aspectos como los presupuestos que se aprobaron, los precios de los contratos, las valoraciones técnicas o los modificados, cuando ya estaba cerrada la causa, por lo que solicitó diligencias complementarias para que se realizara ese análisis técnico.
No obstante, mantiene que hay indicios suficientes establecidos por la titular del juzgado de instrucción número 17 en su auto de procesamiento para presentar el escrito de acusación por los presuntos delitos de prevaricación y malversación en relación a un circuito que no iba a costar un euro y que comportó un desembolso de unos 90 millones de euros.
