Las contradicciones de Vox: pide en Extremadura cerrar la oficina de expresidentes, pero rechazó hacerlo con Mazón

Vox es un partido que, pese a afirmar que vota lo mismo en toda España, tiene contradicciones. Y algunas se ven cuando hay unas negociaciones en marcha. La formación de Santiago Abascal plantea en Extremadura, donde son claves para formar gobierno con el PP, que se elimine la oficina de expresidentes autonómica, un recurso que tiene un coste cercano a los 336.000 euros según afirmó el partido.

Su portavoz, Óscar Fernández Calle, planteó el asunto en la primera reunión de la Mesa de la Asamblea de Extremadura, el pasado martes, por considerar el gasto “superfluo”. La formación ultra apunta que aunque el recurso está disuelto oficialmente, sigue existiendo al amparo de una ley de 2014, el estatuto de los cargos públicos del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Esta ley eliminó las retribuciones para los exmandatarios, pero establece que “La Asamblea de Extremadura asumirá los gastos necesarios en relación a los medios humanos y materiales de quienes han ostentado la Presidencia de la Junta de Extremadura, a partir de su cese, que serán fijados por la Mesa de la Cámara, con cargo a su presupuesto, oída la Junta de Portavoces” y que “Tendrán derecho a percibir dietas e indemnizaciones por gastos de viaje, estancias y traslados que le correspondan por la asistencia a actos en los que ejerzan funciones de representación a instancia de la Junta de Extremadura”. E

En la práctica, la estructura cuenta con ocho puestos eventuales, entre secretarios y conductores, lo que supone un coste anual de casi 336.000 euros, una cifra que Fernández Calle considera “injustificada y que supone el mayor gasto político prescindible, puesto que no aporta ningún beneficio a los extremeños y responde únicamente a privilegios políticos”.

Sin embargo, la formación no fue tan severa cuando se planteó la misma cuestión en las Corts Valencianes. El partido que en el Parlamento valenciano dirige José María Llanos rechazó una propuesta de Compromís para modificar el Estatuto de Expresidentes valencianos, la norma que regula los privilegios cuando vence su mandato. Vox votó junto al PP 'no' a la iniciativa que limitaba el apoyo con fondos públicos a la actividad institucional, como “actividades, conferencias y publicaciones”. La coalición ha vuelto a presentar esta medida, aún pendiente de debatirse en las Corts.

Gracias a esta norma el expresidente Carlos Mazón puede disponer de una oficina, chófer y asesor -puesto en el que ha situado a su mano derecha en comunicación durante la dana, José Manuel Cuenca- y, si lo desea, puede ser miembro del Consell Jurídic Consultiu, con un salario de más de 80.000 euros. Solo podrá disfrutar esa retribución durante dos años, al no haber acabado la legislatura. En cambio, la oficina y los recursos derivados no tienen límite temporal previsto en la ley.