Escola Valenciana rechaza la reforma de la ley de plurilingüismo: “Negar el conocimiento de una lengua supone una desigualdad”

Escola Valenciana ha presentado una batería de alegaciones a la reforma de la ley de plurilingüismo de la Generalitat Valenciana al considerar que “contraviene” normativa, como la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV) o el Estatuto de Autonomía, y, además, supone “una discriminación” para los estudiantes de zonas castellanohablantes. “Negar el conocimiento de una lengua oficial a una parte del alumnado valenciano supone una desigualdad, porque este alumnado no contará con las mismas capacidades y habilidades que el resto”, advierte la entidad cívica en un comunicado.

Escola presenta estas alegaciones después de que, dentro del anteproyecto de la ley de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat para 2024 (Ley de acompañamiento) se haya incluido la posibilidad de que, a partir del curso escolar 2024-2025 y en zonas de predominio lingüístico castellano, el valenciano deje de ser lengua vehicular obligatoria de asignaturas distintas a la materia lingüística. Es decir, en aquellos municipios castellanohablantes desaparecerá la obligatoriedad de impartir al menos un 25% de los contenidos en la lengua cooficial.

Para Escola Valenciana, esta modificación es “una discriminación del alumnado castellanohablante”, ya que “el conocimiento del valenciano compuerta más oportunidades en el ámbito académico, laboral, social y cultural”, subraya su presidenta, Alexandra Usó. Además, se trata de “una discriminación que menguará su libertad para la movilidad e inserción laboral”, añade.

La organización tilda la reforma de “inconstitucional” e insisten en que “contraviene la LUEV, así como el Estatuto de Autonomía”. “El contenido, sentido y finalidad de esta disposición, inédita en los 40 años de autogobierno valenciano, supone una suspensión de vigencia legal asimétrica o un régimen jurídico territorialmente diferenciado, dentro del ámbito donde se extiende la competencia de un mismo sujeto político y administrativo como son la Comunitat Valenciana y la Generalitat Valenciana, respectivamente, y lo es en un servicio público fundamental y un derecho fundamental reconocido en la Constitución como es la Educación (artículo 27 CE)”, argumentan.

En esta línea, apuntan que este anteproyecto de Ley, en su artículo 84, “resulta contrario a primeros de territorialidad única de la eficacia de las normas de la Generalitat”. “El mencionado artículo -prosiguen- también resultaría contrario al principio constitucional de igualdad, puesto que la Constitución Española proclama como principio superior, básico y cabecera de todos los derechos y libertades: 'la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley'”.

La entidad sostiene que este principio “se rompería, por cuanto los derechos y obligaciones de una parte de la ciudadanía en materia de un derecho fundamental como es la Educación: los derechos y obligaciones de quienes resida en municipios de predominio lingüístico oficial castellano serán diferentes de los de quienes resida en los municipios de predominio lingüístico oficial valenciano”.

La modificación, agregan, “altera la cohesión y convivencia de la sociedad, permitiendo que el estudiantado castellanohablante pueda recibir la totalidad de la enseñanza en castellano --ni siquiera recibirían la asignatura de valenciano, porque la exención continúa vigente--, mientras el estudiantado valencianohablante no podría recibir la enseñanza completamente en valenciano, su lengua, porque además de la asignatura de castellano (de la que no hay posibilidad legal de quedar exentos), estarían obligados a cursar un 25% de las materias en castellano”.

Escola Valenciana considera este hecho “grave”, puesto que en el Estatuto de Autonomía se reconoce el valenciano como lengua propia y oficial en la Comunitat, “igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado”.

También reconoce el “derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano”, y prescribe que “nadie podrá ser discriminado por razón de su lengua” y que “se otorgará especial protección y respecto a la recuperación del valenciano”, recuerdan.

La entidad afirma que esta modificación de la Ley de Plurilingüismo “es una medida únicamente política y que no está basada en ningún criterio pedagógico, ni lingüístico”.

Escola remite al informe de las Unidades para la Educación Multilingüe (UEM) de las universidades de València, de Alicante y Jaume I de Castelló 'Un nuevo modelo lingüístico educativo para la educación plurilingüe e intercultural', en el que las máximas expertas en educación multilingüe de la Comunitat “remarcan, entre otras cosas, que la adquisición del valenciano por parte de los alumnos de la zona castellanohablante se plantea como derecho y como oportunidad, y como una manera evitar la discriminación que supone para el alumnado de este territorio su destierro del sistema valenciano de educación plurilingue e intercultural”.

Por último, Escola Valenciana afirma que “la disposición otorga a los consejos escolares y a los titulares de centros privados, unas competencias que no están reconocidas por la normativa propia que regula en los centros educativos y a los órganos de representación de los consejos”, por lo cual “lo previsto en este artículo 84 es contrario a ley”.

La entidad insta al Consell a ver las lenguas “como puentes, y no como fronteras”, entendiendo que “más conocimiento supone más oportunidades para el alumnado”.

Además, subraya que “hablar únicamente de la libertad de elección de madres y padres confronta con la igualdad de oportunidad del alumnado y su libertad futura”, al tiempo que asevera que “aprender una segunda lengua desde la niñez proporciona herramientas cognitivas para aprender más lenguas al futuro, lo que está demostrado científicamente desde hace décadas”.