Fiscalía investigará presuntos casos de corrupción en el IVAJ y Vaersa
La Fiscalía de Valencia ha acordado incoar diligencias de investigación penal tras las denuncias por dos presuntos casos de corrupción en la empresa pública Vaersa y en el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ). Concretamente, en el primero de los casos se investigará la supuesta contratación “a dedo” de los servicios de asesoría jurídica por un montante global de 1.974.964 euros, mientras que en el segundo de los casos estudiará el supuesto “enchufismo” denunciado en el IVAJ.
Esta denuncia está precedida de un procedimiento por responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas instado por la Central General de Trabajadores (CGT), cuya instrucción ha culminado con la demanda del procedimiento de reintegro interpuesto por el Ministerio Fiscal contra Anna Bayarri -exresponsable de Recursos Humanos-, Felipe Espinosa -exdirector general de Vaersa- y Enrique Simó -actual director general de la empresa pública-, según explican desde el sindicato. Además, se solicita que sean condenados, como “responsables directos”, al reintegro de los perjuicios causados a los fondos públicos.
CGT denunció en enero de 2012 ante el Tribunal de Cuentas que en los años 2009 y 2010, según los informes de Fiscalización de la Sindicatura de Cuentas, Vaersa había facturado un total de 655.135 euros por servicios de asesoría jurídica externa, “prescindiendo totalmente del procedimiento de contratación, cuando existía un convenio de la entonces Conselleria de Territorio y Paisaje con la empresa pública para realizar esos servicios por los letrados propios de la Generalitat, personal funcionario público, por un coste 100 veces inferior”. Durante la fase de instrucción, indican desde el sindicato, se ha acreditado que durante seis años se desembolsaron 1.974.964 euros en pagos por servicios de asesoría jurídica externa.
Así, recuerdan, “el letrado con la minuta más elevada es Vicente Bru Parra, hermano del exconseller socialista, que ha facturado 1,8 millones. En este mismo período la conselleria ya había acordado con la Abogacía de la Generalitat obtener asistencia jurídica por sólo 3.600 euros anuales”.
Ante los “indicios de la posible comisión también de varios delitos contra la Administración Pública, como prevaricación o malversación de fondos públicos”, CGT presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que ha decidido iniciar diligencias de investigación penal.
“Enchufismo” en el IVAJ
La Fiscalía también incoa diligencias ante la denuncia de CGT contra el supuesto “enchufismo” en el IVAJ. Según la información que obtuvo Compromís, la mitad de los contratados en oficinas de la Generalitat Jove están vinculados al PP, concejales o cargos de Nuevas Generaciones del PP, a través del programa Emprenjove del Instituto Valenciano de la Juventud, encargado de asesorar a jóvenes emprendedores -circunstancia desmentida desde Conselleria-.
La denuncia de CGT hace hincapié en la investigación de determinados aspectos de la contratación efectuada por la empresa encargada de prestar el servicio (Atlas Servicios Empresariales, SA.), por más de un millón de euros, que demostrarían la posible comisión de varios delitos, desde la prevaricación al tráfico de influencias o cohecho.
Así pues, según consta en la denuncia, el sindicato considera muy importante saber cómo llegó la información a los candidatos-contratados, “¿fue a través de una oferta de un Servicio Público de Empleo, el INEM? ¿Hubo una coincidencia temporal de 'inscripciones' en el citado organismo al hilo de una hipotética llamada o aviso de que era el momento?”.
E insisten, “Y si no fue así, si fue la empresa Atlas la que realizó la selección de alguna manera 'autónoma', ¿cómo llegó el conocimiento de la 'oferta de empleo' a los candidatos? ¿De qué forma llegaron los 'curricula' a la empresa Atlas? ¿Cuántas personas, dónde, cuándo, cómo se produjo la selección? ¿Se publicó en algún diario de amplia difusión? ¿En la ”web“ de la empresa? Si fue así, en qué momento”.
CGT considera que “con miles y miles de jóvenes titulados, especializados en la más variada serie de profesiones debe averiguarse el cómo pudo ser posible que la selección final recayera finalmente en esas personas tan relacionadas, tan militantes de Nuevas Generaciones del Partido Popular”.
Asimismo, parece que Atlas, filial de la empresa de trabajo temporal Adecco, “no realizó la selección del personal. Esto resulta altamente sospechoso: ¿una selección para unas personas que van a trabajar en la Comunitat Valenciana es realizado por la delegación de Murcia? ¿Por qué no se hizo desde aquí?”, por lo que para CGT, todo apunta a una “presunta connivencia” entre organismo autónomo adjudicante -el IVAJ- y empresa adjudicataria -Atlas-.
