Oltra reclama al Gobierno la derogación de la ley de Extranjería para luchar contra la explotación sexual

En la lucha contra la explotación sexual, en la cima de las violencias machistas, las medidas que alejen a las mujeres de la vulnerabilidad resultan fundamentales. Los colectivos feministas llevan años denunciando que la explotación sexual se aprovecha de quienes no tienen defensa alguna, ni recursos a los que acudir, ni opciones para desarrollar un proyecto de vida.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, reclama al Gobierno central la derogación de la ley de Extranjería como uno de los elementos clave para frenar la trata. En una comparecencia parlamentaria este lunes, arranque de la semana contra la violencia machista que culmina este 25 de noviembre, ha instado al Gobierno central a “aunar fuerzas” para acabar con la explotación sexual de las mujeres a través de herramientas de carácter estatal que se unan y complementen “las que ya se han puesto en marcha en la Comunitat en el marco de su competencia autonómica”.

La también consellera de Igualdad ha comparecido a petición propia ante la Comisión de Políticas de Igualdad de las Corts Valencianes para informar sobre el cumplimiento del pacto valenciano contra la violencia machista, la ley de violencia contra la mujer y la ley de igualdad de carácter autonómico, en vísperas del día contra la violencia machista.

En el plano estatal, la dirigente de Compromís considera necesario que el Gobierno central destine “más recursos a perseguir policialmente las mafias y los proxenetas”, así como la urgencia de implantar “una política migratoria segura y solidaria” que evite que las mujeres migrantes sean captadas y quedan atrapadas por las mafias de la trata. Unas redes que exceden los límites autonómicos y nacionales y que para combatirse requieren de acciones coordinadas entre los organismos judiciales y policiales, entre otros. En este sentido, considera esencial derogar leyes y normas de extranjería que “no facilitan la regulación administrativa y la inclusión sociolaboral de las mujeres migrantes, condenándoles a ser víctimas de explotación sexual o a prostituirse”.

En la misma línea, la de la vulnerabilidad económica, la vicepresidenta reclama recursos para acabar con la pobreza que condena a las personas, especialmente a las mujeres, “a una vida de precariedad, de sufrimientos y de explotación de toda clase, también sexual”.

La vicepresidenta ha puesto en valor acciones autonómicas como el programa Alba de atención integral a mujeres víctimas en el ámbito de la prostitución o trata, o el incremento en 320 euros de la renta valenciana de inclusión para las personas prostituidas, víctimas de explotación sexual o de tráfico de seres humanos y llama al Gobierno a coordinar estás medidas en todo el territorio.