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PSPV, Compromís y Unides Podem acuerdan posponer otros tres años la limitación de personal en À Punt

Alfred Costa, director de À Punt, en una de las redacciones de la televisión pública.

Laura Martínez

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Los Partidos del Pacto del Botánico acuerdan ampliar otros tres años la moratoria que deja sin efecto la limitación de personal de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, entidad que gestiona la radiotelevisión pública À Punt Mèdia. El acuerdo ha llegado en la última jornada de debate presupuestario después de varias ofertas y contraofertas entre PSPV, Compromís y Unides Podem, todas con el objetivo de evitar despidos en la cadena pública el próximo año.

La enmienda que los grupos han transaccionado modifica ligeramente la propuesta original de Compromís y el PSPV, que plantea ampliar la moratoria a la duración del próximo contrato programa que ultiman la Generalitat Valenciana y el Consell Rector del ente público. Es decir, otros tres años en los que el ente no tiene la obligación de limitar los costes de personal a un tercio del presupuesto global, como se acordó en la ley de creación del ente tras el pacto con Ciudadanos. La barrera se superó desde el inicio de las emisiones y las formaciones progresistas optaron por aprovechar la capacidad que da la Ley de Acompañamiento a los presupuestos para sortear este obstáculo con su mayoría parlamentaria.

Así, las formaciones acuerdan en la modificar la disposición adicional octava de la ley de creación de À Punt para que establezca que la limitación “no se deberá aplicar en el ejercicio presupuestario 2021 y los de duración del segundo contrato programa de la CVMC” y, a petición de Unides Podem, remarcan: “En este sentido, la limitación tampoco se aplicará en lo que respeta a los instrumentos de ordenación del personal”.

El grupo parlamentario Unides Podem ha venido insistiendo en la fórmula para blindar a la plantilla actual, de 469 trabajadores, y por ello se descolgó del texto acordado por sus socios parlamentarios y presentó varias propuestas. La última, aplaudida por los sindicatos, planteaba que la limitación de plantilla comenzara a aplicarse una vez se hubieran jubilado quienes ocupan las plazas actuales. La coalición de izquierdas consideraba que con la primera redacción no podrían consolidarse todas las plazas de À Punt, tal como planteó Hacienda en la oferta pública de empleo, pese a que la moratoria suspende esa parte de la ley. Hacienda dio luz verde a la relación de puestos de trabajo (RPT) con 376 trabajadores para no superar ese límite, que sobre el papel permanece sin efecto.

Finalmente, las propuestas acordadas por las formaciones que sustentan al Gobierno autonómico implican un aumento de 2,6 millones del presupuesto de la Corporació a través de convenios con varias consellerias y dan un nuevo margen de tres años hasta equilibrar el presupuesto de la cadena o modificar la limitación de personal, que, como apuntan, no se da en otras empresas públicas.

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