El sistema de buenas prácticas en las plantas fotovoltaicas que se perdió con la destitución del equipo de Mireia Mollà

Pedro Fresco, Juan Ángel Conca, Mireia Mollà y Paula Tuzón en un acto el pasado febrero. / GVA

Antes de la destitución de su titular, la cúpula de la conselleria de Transición Ecológica tenía varios proyectos a punto de ser firmados. Uno de ellos era un sistema de incentivos para que las promociones de plantas fotovoltaicas buscaran un estándar de calidad, que incluyera compensaciones a los municipios y acciones sobre el paisaje en el que ubicarse.

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La propuesta de resolución, que no llegó a materializarse por la abrupta salida de Mireia Mollà y de su equipo, completada con la destitución del director general Pedro Fresco la pasada semana, planteaba declarar prioritarios los proyectos que se acercaran a un sello de excelencia impulsado por la propia conselleria. Conseguir esta certificación, que ya está prevista en la legislación, implica una serie de ventajas en la tramitación acordes al decreto aprobado en abril: más velocidad, compatibilidad urbanística y relajación de los requisitos en los informes de territorio -que no pueden bloquear un proyecto, según la Abogacía de la Generalitat-.

El equipo de la exconsellera estableció un sistema de incentivos para que los promotores de plantas fotovoltaicas se ubicaran en suelo no urbanizable común y contaran con el respaldo municipal, requisitos indispensables para tener en cuenta la propuesta. A través de un sistema de valoración por puntos, se establecían una serie de acciones a tener en cuenta, una especie de código de buenas prácticas para premiar a las empresas -valorándolas por encima del resto- que tuvieran en cuenta el impacto local y ambiental de la actividad.

La evaluación se incrementa si el proyecto se plantea en una zona de bajo impacto, si implica a la comunidad local en la toma de decisiones y permite la participación económica del proyecto a los vecinos y empresas, si se enmarca en un modelo descentralizado -con la central eléctrica próxima a la demanda- o favorece la reducción de costes energéticos para los regantes del municipio. Para fomentar las buenas prácticas en los promotores, se puntúa si el proyecto incorpora la reforestación de áreas próximas, promociona proyectos locales de aprovechamiento de la biomasa, contribuye a implantar sistemas de autoconsumo en los edificios públicos municipales, promueve el desarrollo de comunidades energéticas o fomenta las medidas de eficiencia energética municipal. Junto a ello, se incluye la valoración de la ocupación eficiente del terreno (menos espacio para la misma potencia) y la sustitución de actividades perjudiciales, entendiendo así las que contaminan suelo, agua, atmósfera o perjudican a la biodiversidad -como la contaminación de acuíferos-.

El objetivo de la declaración, además de acelerar la transición energética acorde a los objetivos europeos, que requiere triplicar la potencia eólica y decuplicar la fotovoltaica, apuntaba a un modelo participado por los municipios similar al que plantean algunas agrupaciones fotovoltaicas. La declaración no exime a los proyectos del resto de procedimientos, sino que los iguala a los que se prevén en el decreto de medidas urgentes. El planteamiento, cercano al que expresa Compromís en su modelo energético, se ha quedado en los despachos de la conselleria.

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