El juzgado no encuentra al testigo protegido del asesinato de un alcalde del PP en Polop hace 12 años
El 19 de octubre de 2007, el entonces alcalde de Polop, Alejandro Ponsoda, del PP, fue tiroteado dentro de su coche a las puertas de su casa, en la pedanía polopina de Xirles. El caso se juzgará del 13 al 29 de enero en la Audiencia Provincial de Alicante, cuando un jurado popular deberá discernir si los siete imputados en la causa son los verdaderos responsables. Se trata de Juan Cano, sucesor de Ponsoda en la alcaldía; el dueño y el gerente de un club de alterne, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto, respectivamente; un empresario del calzado, Salvador Ros, todos ellos como autores intelectuales, así como un traficante de drogas (Raúl Montero Trevejo) y dos sicarios checos, Robert Franek y Radim Rakowski, como autores materiales del crimen.
Todo el caso se sustenta en un testigo protegido de origen portugués, que había ejercido de mercenario para gobiernos y guerrillas africanas. Según declaró el 11 de julio de 2009 a la UCO y el 15 del mismo mes y el 3 de diciembre de ese año a la jueza, los autores intelectuales del asesinato le ofrecieron matar a Ponsoda en un reservado del club de alterne Mesalina, en Benidorm, pero declinó hacerlo y fue él mismo quien ofreció los nombres de Montero Trevejo, Franek y Rakowski para que lo ejecutaran. Tras pasar a ser el testigo protegido del caso, se le ofreció una nueva identidad y un trabajo lejos de la comarca de La Marina Baixa, en Madrid, según fuentes del caso consultadas.
Pues bien, ante la imposibilidad de notificarle al testigo protegido la fecha del juicio, la Audiencia Provincial de Alicante ha dictado una diligencia de ordenación para “realizar una averiguación domiciliaria (…) a través del Punto Neutro Judicial” y que se le remita la citación “a dichos domicilios en caso de ser distintos a los que constan en las actuaciones”. Además, solicita que si no se consigue averiguar su paradero se libre una orden de búsqueda y captura para la averiguación de su domicilio actual.
En la misma diligencia y en el mismo caso que el testigo protegido están los imputados Montero Trevejo y Ariel Gatto, así como otro testigo de las defensas. Es decir, desaparecidos, aunque según ha podido constatar este periódico, el testigo protegido tiene una cuenta abierta en Facebook con su nombre original (no su actual identidad), en la que ha publicado numerosas fotografías suyas exhibiendo músculo.
El 'caso Polop'
Los siete imputados fueron detenidos a lo largo del mes de noviembre de 2009 y encarcelados durante meses tras la declaración de testigo protegido. Pero la cuestión es que no han aparecido las armas, no se encontraron restos biológicos en el lugar del crimen de ninguno de los acusados de la autoría, nadie ha reconocido su participación en los hechos y la única prueba que existe es su declaración, aunque la Audiencia Provincial ha denegado todos los recursos de los acusados para archivar el caso.
En junio de 2011, la jueza que llevó la mayor parte de la instrucción del llamado caso Polop, María Antonia Raedo, decidió retirar la imputación a los hasta entonces acusados de haber sido los autores materiales del asesinato de Alejandro Ponsoda. Sin embargo, seis meses después, la Audiencia Provincial de Alicante revocó el auto de la jueza, que contaba con el apoyo de la Fiscalía, y la obligó a mantener la imputación de Robert Franek, Radim Rakowski y Raúl Montero Trevejo.
Cuando fue asesinado, Ponsoda se trataba de dos enfermedades de transmisión sexual en València, una de ellas adquirida 15 años antes. Sin embargo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que se hizo cargo del caso desechó a los pocos meses de iniciar la investigación indagar en la vida privada del regidor y optó por seguir la línea de la corrupción urbanística.
La jueza del caso abrió una pieza separada que finalmente acabó en la investigación de la compra-venta de una parcela por parte de Juan Cano y otro exconcejal del PP de Polop que, además, se archivó porque los posibles delitos que podrían haber cometido habían prescrito por pocos meses.
Igualmente habían prescrito los hechos que relató la UDEF en un informe sobre el ex ingeniero municipal de Polop, José Vicente Martí Albiñana, quien tejió una red de facturación entre tres empresas para obtener beneficios supuestamente ilícitos por importe de más de un millón de euros. Es la conclusión a la que llegó la Guardia Civil tras analizar toda la documentación de las mercantiles EIA Ingeniería, SL., UEI La Marina, SL. y Marina Social, SL., que se facturaban entre ellas los trabajos para las urbanizadoras de los 11 planes urbanísticos que preveían construir en 7 millones de metros cuadrados unas 10.000 viviendas y que el mismo debía informar desde el Consistorio.
Marina Social, compartida con su esposa, Laura Alabau Martí (ex jueza de Dénia que se dio a conocer por negarse repetidamente a celebrar bodas entre homosexuales), habría sido la receptora final de los fondos con los que ambos adquirieron dos inmuebles en Dénia por valor de medio millón de euros.
Otro grave error en la instrucción.
