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La potencia de energías renovables en tramitación en la Comunitat Valenciana duplica a la instalada

Una planta fotovoltaica

Laura Martínez

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Las asociaciones ecologistas valencianas consideran que las críticas a la gestión de las energías renovables responden a intereses del sector, que buscan una legislación más laxa para sacar adelante proyectos. Según los cálculos de Acció Ecologista–Agró, los expedientes de proyectos de plantas fotovoltaicas y eólicas en la Comunitat Valenciana que están en tramitación implican la incorporación a la red de más potencia de la ya existente, casi el doble.

La plataforma ecologista toma como referencia un estudio del IVIE que analiza la situación de las renovables en el año 2018 y datos facilitados a la entidad por el Gobierno valenciano. Este informe apunta que en 2018 la potencia total instalada era de 8.224 megavatios, y que apenas el 28% eran de producción renovable (unos 2.300), muy lejos del objetivo marcado por la Unión Europea de 10.000 megavatios en 2030.

La asociación Acció Ecologista-Agró asegura que en agosto de 2023 se habían aprobado o estaban en tramitación un total de 9.800,69 megavatios de energía solar fotovoltaica. De esta cifra, indican, hay aprobados proyectos que suman 2.190 megavatios y están pendientes de ser construidos e incorporados a la red, mientras que los proyectos que suponen 7.610 megavatios, los restantes, están en fase de tramitación. Así, la cifra pendiente de evaluar duplica a la cifra ya aprobada.

Según los ecologistas, en los últimos años se está produciendo un boom de instalación de plantas solares que se materializará en poco tiempo. “El camino es instalar el equivalente a 10 centrales nucleares”, apuntan en un comunicado, en el que advierten que la potencia eléctrica instalada que tardó décadas va a duplicarse en pocos años. “Esto es un reto para la administración autonómica, pues debe tramitar un número muy elevado de expedientes complejos de evaluación ambiental, en los que participan diversas administraciones. A lo que se suma la presión de empresas del sector que quieren eludir trámites y obtener diligencias aceleradas y beneficiosas para poder verter antes a la red”, indican.

La agrupación considera que “la situación es contraproducente” y cree que obedece a una escasa planificación. “En el año 2015 se limitó la instalación de plantas fotovoltaicas a través del impuesto al sol, para acabar siendo derogado en 2018. Este suceso supuso la quiebra de diferentes empresas y un parón en su despliegue y evolución. La reapertura al sector en el año 2018 se realizó en tromba”, critican.

El embudo de expedientes, dicen, “no se puede resolver relajando las garantías ambientales y sociales, como propone la patronal del sector AVAESEN. El error de la administración ha sido querer hacer el trabajo de décadas en pocos años y esto supone efectos indeseados.”. Los ecologistas critican que “al delegar el proceso en empresas mercantiles, no se está llevando a cabo una transición justa y sostenible” y censuran que se instalen plantas en comarcas rurales, asegurando que “restan empleo a la agricultura”. Por ello, consideran, “las peticiones de tramitaciones más rápidas y con relajación de trámites y de procedimiento de evaluación ambiental al que deberá someterse cada instalación obedecen a intereses de las empresas de salvar proyectos de difícil justificación”.

La agrupación propone acelerar la tramitación de las instalaciones fotovoltaicas de particulares en cubiertas, que son “mucho más sencillas” pero se están “alargando de forma injustificada”. El modelo energético del autoconsumo está considerado más respetuoso y genera menos conflicto social, aunque resulta insuficiente para las demandas de consumo actuales.

Según los datos de la conselleria de Innovación, competente en materia energética, desde 2018 se han finalizado 231 expedientes y hay en cola 415, 41 de ellos aún pendientes de admisión a trámite, con datos del mes de octubre de 2023.

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