El Síndic de Comptes destaca la concentración de gasto en pocas empresas en los contratos posdana

La Sindicatura de Comptes ha analizado los contratos efectuados por la Administración autonómica con motivo de la dana y ha hecho público un informe especial de fiscalización en el que destaca el “elevado grado de concentración del gasto en un número reducido de operadores económicos”.

Durante los ejercicios 2024 y 2025, el sector público autonómico valenciano ha adjudicado un total de 708 contratos por importe conjunto de 672.209.463 euros, para dar respuesta a las necesidades derivadas de la dana.

De los 708 contratos, 136 -por importe de 1.909.438 euros- han sido contratos menores, que no han sido objeto de la presente fiscalización.

Por tanto, los contratos no menores, objeto del presente trabajo, ascienden a 572 por un importe conjunto de 670.300.025 euros.

Estos contratos han sido tramitados fundamentalmente por la Administración de la Generalitat, a través de sus Consellerias, y por las entidades del sector público instrumental (SPI) de la Generalitat con competencias en infraestructuras, medio ambiente, vivienda, servicios sociales, sanidad y emergencias.

En su mayoría se han tramitado mediante el procedimiento de emergencia, por lo que se evidencia una tramitación caracterizada por la inmediatez en la declaración, adjudicación e inicio de ejecución.

El importe adjudicado se concentra mayoritariamente en prestaciones directamente vinculadas a la retirada y tratamiento de residuos, reparación de infraestructuras viarias y ferroviarias y restauración de infraestructuras hidráulicas y ambientales, lo que pone de manifiesto una priorización de actuaciones esenciales para la seguridad pública, la movilidad y la recuperación funcional del territorio afectado.

Se constata un elevado grado de concentración del gasto en un número reducido de operadores económicos, principalmente grandes empresas del sector de la construcción y gestión ambiental, añade el informe.

La mayor parte del gasto la ha asumido la Administración de la Generalitat a través de sus Consellerias, destacando las de Medio Ambiente, Educación y Agricultura, mientras que el sector público instrumental también han participado de forma importante en actuaciones en materia de restauración de infraestructuras y retirada de residuos, destacando AVSRE, FGV y EPSAR.

Aunque ninguno de los contratos fiscalizados incluye cláusulas de modificaciones, ocho de ellos fueron modificados para ajustar las prestaciones inicialmente previstas a las necesarias.

En 13 de los 33 contratos revisados no se han establecido penalidades por incumplimiento o incumplimiento defectuoso de las prestaciones.

El informe incluye seis recomendaciones para la mejora de la tramitación y la gestión de los expedientes de contratación de emergencia, entre las que se apunta la necesidad de solicitar varias ofertas cuando sea necesario o la asistencia de la Intervención de la Generalitat a las actuaciones de comprobación material de los contratos de emergencia.

Por otra parte, también advierte la Sindicatura de que, en general, los medios personales de las entidades no tienen estabilidad en su puesto y son insuficientes, o no tienen la formación necesaria, para llevar a cabo una gestión de la actividad contractual con criterios de economía, eficiencia y eficacia, y de cumplimiento de la normativa de contratación pública. “Es necesario disponer de personal con suficiente formación en contratación pública”.

Sobre los contratos de obras que se deben celebrar en zonas afectadas por una catástrofe medioambiental, como es el caso de la dana, se recomienda que los órganos de contratación consideren que, además de remediar el acontecimiento producido o satisfacer la necesidad sobrevenida, será necesario que la construcción de los nuevos bienes que sustituirán a los afectados se lleve a cabo considerando las circunstancias técnicas y medioambientales actuales.