“Estamos sometidos a una burocracia brutal porque se ha adoptado el principio de que somos corruptos por naturaleza”

El socialista Toni Gaspar, alcalde de Faura, en la comarca del Camp de Morvedre, preside la Diputación de Valencia desde la dimisión en julio de 2018 de su entonces compañero de partido Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent, imputado en una investigación judicial por contratos de alta dirección en la empresa pública Divalterra. En este segundo mandato, Gaspar vuelve a estar al frente de un equipo de gobierno con Compromís, pero enfatiza que la mayoría de las votaciones acaban produciéndose por amplia mayoría y, en algunos casos, por unanimidad.

Apoyar a los ayuntamientos ha sido la prioridad de la Corporación provincial durante la crisis causada por la pandemia del coronovirus. La entrevista se desarrolla en el salón de plenos de la institución para mantener la distancia física que recomiendan los responsables de salud pública.

¿Cómo ha afrontado la Diputación de Valencia la crisis por la COVID-19?

Ha sido una crisis sanitaria y nosotros, que no tenemos atribuciones en Sanidad, no hemos tenido el estrés que han podido tener la Generalitat Valenciana o el Gobierno del Estado. Ahora bien, como administración local que somos, como alcaldes, la nuestra es la primera puerta que se abre. Lo que implica otro estrés. Como Diputación, hemos procurado estar al lado de los ayuntamientos, de una manera muy discreta, que incluso alguno ha llegado a criticarnos por su “perfil bajo. La verdad es que hemos sido los primeros en hacer llegar material y recursos a los ayuntamientos. Hay gente acostumbrada a que la política sea puro espectáculo y puro teatro, pero mi perfil no es de espectáculo ni de teatro, sino de acción. Y la acción no está reñida con la discreción. La discreción está bien siempre, pero mucho más lo estaba en las primeras semanas, cuando había gente sufriendo y perdiendo la vida.

Mi preocupación desde el minuto uno no era el día a día después del 14 de marzo sino cuando empezaran a levantarse las restricciones. Comenzamos a trabajar mucho en el post. Las primeras medidas de algunas instituciones fueron las nuestras. En abril ya estaban las medidas de la Diputación sobre la mesa. La institución tiene 500 millones de euros de presupuesto y en abril ya habíamos inyectado 200 millones en los ayuntamientos.

¿Los ayuntamientos, al tener que retrasar tasas y otros ingresos mientras hacían gastos de emergencia, han sufrido problemas de liquidez?

De los que están en la Diputación, ninguno. De los 266 municipios que hay, más de 180 tienen delegada la gestión de tributos en la Diputación. Administramos nosotros el calendario de tributos y el IBI, por ejemplo, que estaba previsto cobrarlo ahora, lo hemos pasado a octubre y noviembre. Eso quiere decir que los vecinos no lo pagarán hasta ese momento, pero la Diputación sí que ingresa el dinero en los ayuntamientos. Por eso no lo han notado. Están cobrando como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque la Diputación está en una situación buena y tiene tesorería. Así que los ayuntamientos que tienen la recaudación delegada no han notado absolutamente nada. Los que no la tienen, no sé cómo lo habrán hecho.

¿Tienen previsto algún plan de inversiones post-COVID para animar la economía?

Nuestro plan de inversiones es de 140 millones de euros. Desde el principio, teníamos una convicción: que el dinero, si no está en la economía, no sirve de nada. Y que, además, a base de planes y de burocracia no sirve de mucho. Antes de la pandemia ya habíamos simplificado bastante. Mi obsesión es la burocracia, que está reñida con todo. Y lamentablemente estamos sometidos a una burocracia brutal porque se ha adoptado el principio de que somos corruptos por naturaleza. Para echar mano al corrupto se ponen multitud de trabas a todos. Para evitar al corrupto, que es la minoría, acabas poniendo trabas a todos los demás. Eso es lo que se ha conseguido con la Ley de Contratos… que está muy bien, porque hay que perseguir al que hace las cosas mal, pero no se puede castigar al que las hace bien. Y hemos conseguido, al final, que no salga nada, que esté paralizada la Administración. Buscando al corrupto estamos penalizando que se puedan hacer cosas bien. Debería haber un término medio.

Desde principios de año, la Diputación ha empezado a eliminar multitud de líneas y de procedimientos para simplificar. Tenga en cuenta que un pliego de contratación, y hay que hacer pliegos de contratación para todo, puede costar de ocho a nueve meses.

Pero con la declaración de emergencia sí que se han podido tramitar más rápido…

Y también está mal hecho, parece ser. Todo son titulares de que se ha pagado tanto o cuanto por el procedimiento de emergencia. Pondré un ejemplo muy significativo. A finales de febrero, cuando ya empezaba a plantearse el tema de las mascarillas, me fui al servicio de contratación, a ver si comprábamos, qué se yo, 100.000 mascarillas por si hacían falta. En ese momento estaban a un precio más normal, pero el servicio de contratación me contestó que había que hacer un pliego. ¿Y cuándo estarían? En junio. No me servía. ¿Alternativa? Compremos bloques de mascarillas y a lo mejor te imputan por fraccionamiento de contratos y sales en los diarios. Conclusión, no se podían comprar mascarillas hasta que el Gobierno declaró el estado de alarma y lo permitió mediante contratos de emergencia. Entonces compramos mascarillas, las primeras que llegaron a los pueblos. Eso sí, el precio fue muy superior. Y aún hay quien critica que lo estamos haciendo todo por contrato de emergencia.

¿Han llegado a algún acuerdo para colaborar con la Generalitat Valenciana?

No hemos llegado a ningún acuerdo. No tenemos nada en el presupuesto para la Generalitat. Ahora lo que ocurre es que la Generalitat pone 20 millones para los ayuntamientos en el fondo de cooperación y nosotros teníamos previstos 40 millones, pero al final hemos puesto 60. Dijimos que colaboraríamos con nuestros remanentes y estamos echando mano de ellos para ayudar a los ayuntamientos.

¿Qué piensa de la reclamación de los ayuntamientos para que el Gobierno les deje gastar sus remanentes, el dinero de superávit de ejercicios anteriores?

Es una reclamación que hacemos continuamente los ayuntamientos, la Federación Española de Municipios y la Federación Valenciana de Municipios. Está sobre la mesa del Gobierno del Estado.

¿Y por qué cree que el Gobierno no lo permite?

Son 28.000 millones de euros, que están inmovilizados y que, por ejemplo cuando vas a negociar en Europa, computan como activos del Reino de España. Los mercados internacionales no entienden de remanentes ni de ayuntamientos, entienden de la deuda de España.

¿Entiende entonces que no se permita usar los remanentes?

Entiendo que en este momento de negociación con Europa supongo que están usando ese argumento. Cuando esté todo negociado con Europa será otra cosa. Supongo que va por ahí. No es una cuestión de centralismo. Para un inversor internacional todo entra en el mismo saco y alguien tendrá que barajar todas esas cosas. La realidad es muy poliédrica. ¿Ahora bien, como ayuntamiento y como Diputación, qué quiero? Que me dejen gastar, obviamente. Y lucharé para que me lo dejen gastar. Pero simplificar estas cosas, como muy a menudo se hace en política, para hacer el tuit del día, me parece que no está bien.

¿En qué situación está la empresa Divalterra? ¿Quieren unificarla con el Patronato de Turismo?

No, lo que intentamos es quitarle la forma mercantil, que deje de ser una sociedad anónima. El proceso está en el momento de escoger si se convierte en un organismo autónomo o una entidad pública. Evidentemente, si se decide que sea un organismo autónomo, el Patronato de Turismo también lo es. Si se decide que sea una entidad pública empresarial local, será como un organismo autónomo que puede facturar. No tiene mucho sentido. Todo debería quedar englobado en lo mismo. Lo que tenemos claro es que hoy no debe ser una empresa mercantil. Hablo de hoy en día. A lo mejor, cuando la crearon, en 1989, si que tenía sentido. Hoy no. Es lo mismo que ocurre en la Generalitat Valenciana. El otro día supimos que Vaersa y la Epsar dejarán de ser mercantiles para convertirse en un ente de derecho público.

¿Los brigadistas seguirán en ese nuevo ente?

La tarea de los brigadistas es la prevención. Ahora la hacen a través de una mercantil, pero la seguirán haciendo a través de la figura jurídica que corresponda porque se trata de una obligación nuestra. Divalterra, la antigua Imelsa, tiene sobre todo esa función, que es la que hace prácticamente al 95%. Todo lo que se añadió, y que ha traído todos los disgustos del mundo, es otra cosa. Pero su objeto social es el que es. Es una obligación de la Diputación prestar ese servicio y se seguirá prestando.

¿Fue un error no hacer esta operación al inicio del pasado mandato, después de lo que había ocurrido con el PP y antes de que se produjera el caso Alquería?

Mirar hacia atrás no me gusta. El acierto es hacerlo ahora. Estamos llegando a hacerlo, y a hacerlo por unanimidad.

¿Lo han pactado con la oposición?

Es un esfuerzo ir todos de la mano en esa transformación. Mirar hacia atrás no me interesa. Y no soy quién para juzgar. He hecho lo que pensaba cuando tal posibilidad ha estado entre mis responsabilidades.

En su día cedieron las diputaciones a la Generalitat Valenciana sus competencias en sanidad...

Cedimos la gestión.

Bueno, mediante un consorcio.

Pero aún tenemos las competencias porque recibimos el dinero del ministerio.

Pero se ha hablado mucho de hacer algo parecido con las competencias de cultura y pasar el Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (Muvim) o la Institució Alfons el Magnànim a la Generalitat, ¿Cómo lo ve usted?

En eso soy muy pragmático. Que ejerza las competencias la institución que mejor pueda ejercerlas. Sin ningún problema. La cuestión es que no ejerzan dos las mismas competencias, porque sin querer se producen problemas y se despilfarra el dinero.

¿Está entonces dispuesto a ceder el Muvim y el Magnànim?

El dinero es de la gente y hay instituciones para regularlo. Pero hay que resolver el entramado. Y es complicado porque, si fuera solo un edificio, se resolvería enseguida. ¿Quién tiene la escritura, tú o yo? Pero es que se trata de edificios y de personas, y las personas son trabajadores, que tienen convenios y derechos. Además, está la letra pequeña. La Diputación tiene un Hospital General. Si ya tenemos un consorcio, lo más lógico sería que se lo quedara la Generalitat Valenciana. ¿Qué sentido tiene que tengamos un hospital, que el ministerio nos pase dinero, 120 millones de euros, y nosotros lo pasemos al consorcio? No tiene ninguno. Pero resulta que si nosotros le decimos a la conselleria que se quede el edificio del hospital, el ministerio deja de ingresarnos en dinero y no lo ingresa a la conselleria. Con lo cual, los valencianos perderían 120 millones de euros. Por eso mantenemos la titularidad del hospital.

Con las infraestructuras culturales no ocurre lo mismo.

Habría que estudiarlo. Pero está el asunto de los convenios laborales. Las cosas no son tan fáciles como a veces se piensa.

El presidente la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y su partido, el PSPV-PSOE han reiterado la idea de vacíar de algunas de sus competencias a las diputaciones. ¿En el ámbito de la cultura se está trabajando en ello?

Sobre este tema se habla mucho y se hace muy poco. Sencillamente porque la gestión del día a día se nos come. Para poder hacer estas cosas se tiene que parar el día a día. No he visto hasta ahora que se haya hecho gran cosa. Lo que está más avanzado es el hospital General, porque hay un consorcio y el siguiente paso será que la Administración autonómica lo asuma del todo.

Pero un museo y una institución cultural no son lo mismo que un hospital.

Yo no he sido llamado a nada. Esto va como el Guadiana. Ahora toca hablar de vacíar de competencias. Se hacen anuncios y... Yo me he negado a hablar. Me dedico a hacer las cosas lo mejor posible. Creo que, a veces, es una pérdida absoluta de tiempo. Si alguien tiene voluntad, que se ponga.

Hay una práctica que se llama política para resolver esos temas, para tomar decisiones orientadas por unos criterios.

Aquí estamos esperando. No tengo que ser yo. La voluntad de la Diputación para traspasar cosas a quien tenga competencias en la materia existe. Aquí no hay blindaje de ningún tipo. Pero alguien tendrá que hacerlo. Cuando se hacen reflexiones sobre si hay que vaciar o no las diputaciones, ¿han preguntado a los alcalde? Vayan después de la pandemia a preguntar de dónde han llegado el primer material y el primer dinero. Estoy contra la sacralización de las instituciones. Porque las instituciones son elementos de los que se dotan las personas para organizarse. Y no creo que haya ninguna sagrada, ni la Corona. Todo se puede hablar, pero hay que hablar de la utilidad de las cosas.

¿Esto quiere decir que no hay nada que cambiar? No. Siempre digo que en esta casa estamos en el siglo XIX. Mi obsesión es pasar del XIX al XXI. Ahora bien, ¿me dedico a quemarla o a ofrecerle incienso? No, me dedico a ser pragmático. A escribir los tuits del dia y hablar de cosas que no sé, no me dedico.

El PP ha planteado que se otorguen ayudas a profesionales taurinos. ¿Les han hecho caso?

El PP ha pedido muchas cosas. ¿Ayudas a profesionales del mundo taurino, autónomos y tal? Tendrá que darlas el ministerio o quien corresponda. Nosotros no damos ayudas a personas.

La pregunta viene porque la relación entre el PSPV-PSOE y Compromís en la Diputación es buena, pero los toros pueden ser un punto de fricción.

Puntos de fricción hay más, porque la diferencia es buena y enriquecedora. No estamos de acuerdo en algunas cosas, y no pasa nada en absoluto. Gobernar una institución está muy por encima de las diferencias puntuales. No hemos dado ayudas a profesionales autónomos taurinos. Ahora bien, sí que otorgaremos ayudas a los ganaderos. ¿Por qué? Porque la orden de la conselleria se dejó fuera las ganaderías del mundo taurino. Pensamos que es injusto que se ayude si un toro es para comer pero no si es para torear. Hemos hablado con el sector y vamos a dar ayudas de ese tipo.

¿De cuánto dinero estamos hablando?

De lo mismo que concede la conselleria.

¿No es eso una enmienda a la política de la conselleria?

Es un sector muy potente en nuestros municipios. Tenemos 39 ganaderías. Hemos visto que no tenía sentido que se quedara fuera un sector que tiene relación con los pueblos. Es una demanda de nuestros alcaldes. Hemos decidido echar una mano en eso, no solo nosotros. Castellón, Alicante, Valencia... No queda como una enmienda sino como una ayuda a señores que son economía.

Para acabar, una pregunta relacionada con su partido. El PSPV vive una paz orgánica ahora que gobierna en muchas instituciones...

Eso es porque vivimos en el presente. Cuando se habla de futuro suele ser porque el presente va mal. Si no estamos hablando del futuro es porque tenemos bien el presente.

Su homólogo el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, se presenta a dirigir el PP provincial y aspira a más. ¿No pasa por su cabeza optar a dirigir el PSPV en la provincia de Valencia, siendo presidente de la Diputación

En este momento necesitamos estar con todos los sentidos en el presente. ¿Qué pasará mañana o pasado? Ya he aprendido en la vida personal y en la vida de partido, que ya sabe el historial que tengo en la vida orgánica, a disfrutar del presente. Ahora nos toca a todos remar. Y pienso que mi partido vive un buen momento en ese sentido, desde las diferencias que a veces afloran. Pero si miramos cómo resuelven otros las diferencias, nosotros estamos para dar lecciones. ¡Y mira que hemos sido de diferencias! Estamos todavía en estado de alarma, con la pandemia, y como decía Churchill, no se sabe muy bien si estamos al principio del final o al final del principio. Vendrán momentos duros aún. La incertidumbre es ahora algo permanente. Tenemos que acostumbrarnos a la incertidumbre como el nuevo paradigma en el que hemos de vivir.