Consecuencias del pelotazo del PP en Tabacalera: València inicia la reconstrucción de las naves expoliadas hace 13 años
El 26 de noviembre de 2007 arrancaron los derribos de las naves laterales y traseras del conjunto histórico modernista de Tabacalera que data del año 1909.
13 años después, el Ayuntamiento de València iniciará los trámites para reponer parcialmente parte del expolio que supuso para la ciudad el pelotazo urbanístico dirigida en la etapa del PP por el vicealcalde, Alfonso Grau, con el beneplácito de la entonces alcaldesa Rita Barberá.
Según informan fuentes de la Concejalía de Desarrollo urbano que dirige la también vicealcaldesa Sandra Gómez, a lo largo del año que viene encargarán el proyecto básico de reconstrucción de los edificios laterales con fachada a las calles Naturalista Rafael Cisternes y Naturalista Arévalo Baca, ara lo que se ha reservado una partida presupuestaria de unos 50.000 euros.
Los nuevos inmuebles serán réplicas de los originales, puesto que el material que se sacó de los derribos, tales como ladrillos o tejas, se reutilizó en parte para la rehabilitación del resto de inmuebles y al no estar prevista la reconstrucción, no se guardó nada.
En cuanto a los usos, una de las naves se destinará a dotaciones públicas y la otra a ampliación de las actuales dependencias municipales.
En cuanto a la parcela que queda sin edificar recayente a la calle Micer Mascó, como consecuencia del derribo de las naves traseras, se habilitará una zona verde. La edificabilidad aprobada en la operación en esta parcela, se trasladará a un terreno recayente a las Calles Penya-Roja y Río Escalona y a otro ubicado en la Calle 3 de abril de 1979, pese a la oposición de la asociación de vecinos de Penyaroja, que considera que la zona perderá dos parcelas de uso dotacional para la construcción de viviendas.
El Ayuntamiento, sin embargo, defiende que dejar sin efecto la edificabilidad reconocida por la promotora Guadalmedina tendría un coste aproximado de 45 millones de euros para las arcas municipales y que solo se recalifica una pequeña parte de las parcelas, quedando espacio suficiente para un nuevo colegio y para zonas verdes.
Para llevar a cabo todas estas adecuaciones, el Ayuntamiento ha aprobado inicialmente un nuevo planeamiento que está pendiente del visto bueno de la Conselleria de Política Territorial.
Antecentes del pelotazo
En enero de 2016, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), refrendada después por el Supremo, anuló la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el planeamiento y la permuta que dio lugar a la operación urbanística aprobada en la época del PP de Barberá.
El mencionado fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, tras las denuncias del colectivo Salvem Tabacalera, resolvió que la permuta fue una operación “especulativa” y que constituyó expolio del patrimonio histórico, en concreto, de uno de los edificios de la Exposición Regional de 1909.
La operación Tabacalera se gestó en plena orgía inmobiliaria. En 2002, Guadalmedina compró a Altadis por siete millones de euros el 49% del edificio que la empresa utilizaba para producir cigarrillos.
Ese mismo año, la empresa solicitó una permuta al Ayuntamiento de Valencia: el cambio de la fábrica por un solar municipal más centrico -en la Plaza América- y la construcción de dos edificios a espaldas de la edificación histórica.
La alcaldesa, Rita Barberá, aceptó. En 2005, tras las modificación del plan general de ordenación urbana y los permisos de la Generalitat, anulados después por el TSJCV, el Ayuntamiento y Guadalmedina firmaron un convenio.
La ciudad ganaba un edificio histórico que ahora ocupan 1.800 funcionarios y, según el PSOE, la constructora pegaba un pelotazo de 75 millones -las estimaciones han ido cambiando- gracias a la construcción de tres edificios en dos del las mejores zonas de la ciudad. Las ganancias de la empresa implicaban que la ciudad había enajenado su patrimonio a un precio inferior al de mercado, en aquella época en ebullición.
El tesón del movimiento cívico, Salvem Tabacalera, tuvo así sus frutos. Este movimiento cívico denunció que la operación era ilegal porque destrozaba parcialmente un complejo protegido, declarado Bien de Relevancia Local y que fue indebidamente desprotegido en 2007 por el Consistorio.
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