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Joan Ribó: “Sin una nueva declaración de impacto ambiental votaré contra la ampliación, lo saben hasta las ratas del puerto”

El alcalde de València, Joan Ribó, y el presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez.

Carlos Navarro Castelló

19 de octubre de 2021 22:46 h

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“He manifestado reiteradamente mi posición, si no hay una declaración de impacto ambiental (DIA) cuando se presente el proyecto votaré en contra, eso lo saben ya hasta las ratas del puerto”. Así de contundente se mostró este martes el alcalde de València, Joan Ribó, sobre su posición como miembro del consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) con respecto a la ampliación portuaria proyectada.

Ribó, sin embargo, descartó su asistencia a la manifestación convocada este viernes a las 18.30 horas contra la ampliación portuaria por coherencia con su cargo institucional, pero afirmó que si no fuera alcalde sí que asistiría a la protesta.

“No voy a ir, he sido invitado, pero yo soy el alcalde de todos los valencianos y tengo que mantener mi posición como alcalde. Si no fuera alcalde sí que iría, lo digo con toda claridad”, afirmó.

Colectivos vecinales, ecologistas y estudiantiles como la Comssió Ciutat-Port, la Federación de Asociaciones Vecinales, la Federación de Madres y Padres de Alumnos o Jventut pel Clima y Fridays for Future han convocado una huelga y una protesta con punto de partida en la plaza de Zaragoza.

La protesta, secundada por casi dos centenares de entidades y partidos políticos como Compromís o Unides Podem, está motivada al entender que la mayor actividad portuaria aumentará la erosión en las playas del sur, pondrá en grave riesgo el Parque Natural de la Albufera y supondrá un aumento de contaminación por el tráfico marítimos y terrestre.

En consecuencia, las entidades exigen la paralización del proyecto que el presidente de la APV, Aurelio Martínez, pretende aprobar con una DIA del año 2007 basada en una ley de 1986 que ya no está en vigor y en un proyecto que se ha modificado sustancialmente y que investigan tanto la Fiscalía Anticorrupción como el Tribunal de Cuentas.

En concreto, Anticorrupción mantiene abierta una investigación penal a la APV relativa al rescate de la concesión de los astilleros de Unión Naval Valencia, sin actividad desde 2012, a cambio de otra concesión en unos terrenos de 4.700 metros a favor de Boluda Corporación Marítima. Unos hechos que de forma independiente también investiga el Tribunal de Cuentas, que apreció posible responsabilidad contable.

En este sentido, representantes de la Comissió y de Joventut pel Clima tienen previsto presentar este miércoles una Proposición No de Ley en el Congreso a Madrid para frenar la ampliación del Puerto. Junto a ellos estarán los diputados de Compromís, Más País-Verdes Equo, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya, Candidatura d'Unitat Popular (CUP) y Nueva Canarias.

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