El sindicato de letrados carga contra el TSJ por la gestión realizada tras el incendio en la Ciudad de la Justicia
El fuego declarado el pasado domingo en la Ciudad de la Justicia de Valencia afectó seriamente al complejo, que todavía no ha recuperado la normalidad -este jueves tan estaban operativos los juzgados de guardia y el Registro Civil-. Además, se han producido una serie de informaciones contradictorias entre la conselleria de Justicia y el TSJ acerca del funcionamiento de las dependencias judiciales.
A raíz de esta situación, desde el Sindicato de Letrados (Sisej) han emitido un comunicado en el que explican que la confluencia de las administraciones estatal y autonómica junto con el Poder Judicial “dificulta la operatividad y la toma de decisiones” en la Administración de Justicia, pero, añaden, “esto no justifica la falta de coordinación en la respuesta”.
Así, han mostrado su “desacuerdo” con la manera de actuar del Tribunal de Justicia de la Comunitat Valenciana, cuya Sala de Gobierno ha tomado decisiones “de manera unilateral, dando la imagen de que la Administración de Justicia es propia del Poder Judicial y negando, de facto, las distintas competencias y responsabilidades que en ella confluyen”.
Los letrados consideran “inadmisible” la manera en que el Tribunal Superior de Justicia ha gestionado la información, “recurriendo principalmente a las redes sociales y no a los conductos oficiales para dar publicidad a sus decisiones”. Esto ha supuesto que dicha información “no llegara adecuadamente a sus destinatarios, generando una imagen de falta de transparencia que no procede”.
El Sisej insiste en la necesidad de que todos los edificios públicos cuenten con las medidas y planes de seguridad adecuados, cuyo mantenimiento y seguimiento “debe ser óptimo y conocido por el personal”.
En este sentido, “y sin perjuicio de que son los informes periciales los que arrojarán luz sobre las circunstancias en que se originó y propagó el incendio”, consideran necesario reflexionar sobre las circunstancias “económicas y políticas que influyen en la prevención, tratamiento y solución de situaciones tan graves como ésta (recortes, limitaciones presupuestarias, deuda pública…)”.
“Este grave suceso nos hace insistir en la necesidad de superar un modelo de Administración de Justicia obsoleta, con enormes carencias en cuanto a la implantación del expediente digital y fallos tecnológicos inaceptables como los que se han sucedido este verano en Lexnet, y reflexionar sobre las distintas consecuencias que habría tenido este hecho respecto a la documentación afectada si la información de los juzgados estuviera debidamente almacenada y tratada en un entorno digital, en lugar de en papel”, han apuntado.
En cuanto a la prestación del servicio, el sindicato de letrados insta a los organismos competentes para que aúnen esfuerzos y adopten “de manera inmediata y coordinada” las medidas necesarias para que el servicio pueda reanudarse lo antes posible. Entre dichas medidas consideran que debería acordarse una exención temporal de reparto para permitir que los juzgados afectados reconstruyan la documentación afectada y retomen su actividad con normalidad.
Por último, apuntan que los principales afectados son los usuarias del servicio público de la Administración de Justicia. Los perjuicios causados por la suspensión de actuaciones y vistas “no pueden prolongarse más de lo estrictamente necesario, por lo que reclamamos una auténtica colegiación de esfuerzos que permita superar esta situación de la manera menos gravosa posible”.
