La vicealcaldesa de València condiciona los cambios en el plan urbanístico de Benimaclet a los costes para la ciudad

El alcalde de València, Joan Ribó, anunció este miércoles que el Ayuntamiento va a replantear el Plan de Actuación Integral (PAI) de Benimaclet bajo las premisas de incrementar la superfice destinada a huerta productiva en la parte central del enclave, reducir la edificabilidad y buscar el máximo consenso vecinal en el diseño del proyecto.

El primer edil trasladó estas ideas a los responsables de Metrovacesa que acudieron a buscar el visto bueno del alcalde para desarrollar su plan y constituirse en agentes urbanizadores, algo que no consiguieron.

Ribó explicó que de forma conjunta con sus socios de Gobierno del PSPV, los cuales tienen las competencias en materia de Urbanismo de la mano de la vicealcaldesa Sandra Gómez, plantearía una propuesta de consenso basada en los condicionantes mencionados.

Gómez, que no asistió a la reunión con Metrovacesa por cuestiones de agenda, valoró este jueves el actual escenario y trató de quitar hierro a lo comentado por Ribó: “Creo que se ha sobredimensionado todo un poco, en realidad solo se trasldadó a la promotora una premisa en la que venimos trabajando que, como dijo el alcalde, es proteger el máximo de huerta posible y buscar el consenso vecinal”.

La responsable de Desarrollo Urbano insistió en que van a consensuar “una posición conjunta con todos los actores para buscar una solución con la premisa de que debe de primar el interés general”.

Gómez, no obstante, condicionó la magnitud de los cambios a su posible coste para las arcas públicas. Y es que, la desclasificación de terrenos ahora urbanizables podría acarrear cuantiosas compensaciones económicas. Además, la reducción de edificabilidad implicaría menos cargas urbanísticas para ejecutar equipamientos públicos que tendría que construir y papar el Ayuntamiento

Según la vicealcaldesa, “Urbanismo va a fijar el modelo de desarrollo de Benimaclet y ese modelo pasa por una visión de conjunto que tenga en cuenta todas las dotaciones públicas necesarias con el menor impacto posible para las arcas públicas, cualquier solución debe ser sostenible económicamente y estar avalada jurídicamente”.

La desclasificación total de los terrenos para que sea el Ayuntamiento el que ejerza la gestión directa de la urbanización tendría un coste de 11,5 millones de euros, tal y como documentó un estudio de la Universitat de València.

Según un informe de los técnicos municipales, desclasificar por completo el suelo del PAI para evitar la construcción de más viviendas puede tener un coste de al menos 30 millones de euros, 20 millones en concepto de compensación económica para la promotora y 10 millones más por los equipamientos públicos que dejarían de construirse, cuyo coste debería asumir directamente el Ayuntamiento.

Metrovacesa ha cifrado en 50 millones de euros el importe de la reclamación que pondría al Ayuntamiento en caso de que se desclasificaran los terrenos.