La Vega Baja reinicia el Consorcio de Basuras tras romper con Ortiz
Nueve meses después rescindir el contrato con la UTE Cespa-Ortiz para la concesión de la planta y residuos del plan zonal XVII, los 27 municipios de la comarca alicantina de la Vega Baja han apretado este martes el botón de reinicio y han constituido un nuevo consorcio que está presidido por el alcalde socialista de Rafal, Manuel Pineda.
La entidad nace con el objetivo de buscar un lugar donde ubicar una planta de transferencia de manera “inmediata” y acabar con el “agujero negro” en que se ha convertido la cuestión en la comarca más meridional del País Valenciano, según ha explicado a 'eldiario.es' el secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Álvaro.
“Es responsabilidad de todos de resolver el problema del agujero negro en la gestión de los residuos tras el cierra de la planta de Crevillent”, ha seguido Álvaro, en referencia a la sentencia judicial que ha dictaminado la clausura de la planta donde enviaban sus basuras parte de los municipios afectados.
Así las cosas, el primer objetivo a corto plazo es encontrar un lugar donde ubicar una planta de transferencias. “Será una situación transitoria, aunque el hecho de tener la planta significa la posibilidad de que un solo gestor pueda explotar la basura y desde ahí y con un precio unitario repartirla de forma equilibrada”, ha añadido.
Brugal
La gestión de los residuos en la Vega Baja lleva años bajo sospecha desde que estallara el caso Brugal –Basuras Rurales Gestión Alicante-, en 2007. Según la investigación policial, la adjudicación del Consorcio fue pactada entre los empresarios Enrique Ortiz y Angel Fenoll y el entonces presidente 'popular' de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll.
A ese respecto, la vocal del nuevo Consorcio y concejal socialista en Torrevieja, Fanny Serrano, ha denunciado a 'eldiario.es' este martes que el PP “no puede llegar y decir que con el cambio de la presidencia del Consorcio ya hemos acabado con todo”. “Todo lo de detrás sigue en marcha”, ha afirmado y ha recordado que “los únicos responsables de lo que hay en materia penal son el PP”.
Además, ha desvelado que tanto Ripoll como la exalcaldesa 'popular' de Orihuela, Mónica Lorente, insisten en presentar recursos “para intentar evitar que las escuchas se usen como prueba y que se aporte otra documentación”.
Finalmente, ha reiterado que el nuevo Consorcio tiene la intención de colaborar “más eficazmente y más agilmente” con el juzgado que investiga el caso Brugal, por lo que ha considerado que “cada cosa que haga este consorcio se le vaya remitiendo para que sepa por dónde va la gestión administrativa del asunto, no podemos olvidar que existe Brugal”.
