El 'yonqui del dinero' presume de su gestión en el juicio por el saqueo del 'caso Taula': “Nos dio un premio la reina Letizia”

Tras las confesiones de una decena de acusados en el juicio del 'caso Taula', Marcos Benavent, autodenominado 'yonqui del dinero', ha negado que el equipo del 'popular' Alfonso Rus se dedicara a contratar a trabajadores 'zombis' en la empresa pública de la Diputación de Valencia a modo de red clientelar. Benavent ha elogiado su propia gestión como gerente de la firma Imelsa, epicentro del presunto saqueo, y ha enumerado los logros en materia de negociación del convenio laboral o de responsabilidad social corporativa. “Nos dio un premio la reina Letizia en el Senado”, ha dicho ante el tribunal de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia.

El 'yonqui del dinero' ha afirmado que los contratados que reconocieron en el juicio su condición de 'zombi' a cargo de la empresa pública sí que trabajaban, aunque no en la sede de Imelsa por problemas de espacio. “No tenían obligación de venir y nosotros no teníamos que supervisar su trabajo”, ha alegado. Sobre los dos empleados de la empresa de comunicación Engloba, que fueron contratados en Imelsa, Benavent ha explicado que se trató de un acuerdo para solventar una deuda. “Nos evitamos las facturas y ese 21% [de IVA], fue un momento puntual”, ha justificado.

Alfonso Rus, expresidente de la Diputación de Valencia, también ha negado que solicitara contratar 'zombis' y ha presumido de un amplio horario laboral, de 9h a 21h “todos los días”. “Los que estaban en mi gabinete o estaban así o se iban a la calle”, ha dicho.

El 'yonqui del dinero' ha declarado exactamente lo contrario de lo que sostuvo durante su etapa de colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, pilotada por su anterior letrado. Ante el cambio diametral de versión, el representante del Ministerio Público ha solicitado el visionado de su declaración ante el juez, del 8 de septiembre del 2016, en el marco de la instrucción de la pieza separada B que se juzga ahora.

En aquella vista, Benavent adjudicó la decisión de contratar a personas que en realidad no trabajaban en la firma pública a Alfonso Rus y a su jefe de gabinete, Emilio Llopis, también acusado. Tras la emisión del video en la sala, el 'yonqui del dinero' ha alegado que implicó a sus jefes del PP al seguir la estrategia de su anterior letrado, el penalista Ramiro Blasco. “Como estrategia de defensa tenía inquina contra Rus, Llopis y el PP, aquí había que salpicar a todo el mundo”, ha declarado Benavent.

La principal novedad en la estrategia de defensa de Marcos Benavent ha sido el argumentario sobre la propiedad de la vivienda donde se hallaba el material informático que contenía las grabaciones que realizó en secreto durante años de las presuntas corruptelas. Los dos 'pen drives' fueron entregados en 2014 por su exsuegro, Mariano López, y por la entonces diputada provincial y actual consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo, a la Fiscalía Anticorrupción. El 'caso Taula' al completo (disgregado en una decena de piezas separadas) nace precisamente de esas grabaciones.

Benavent ha dicho que ese explosivo material sonoro estaba en una vivienda que les donó su exsuegro a su entonces esposa y a él poco antes de su divorcio en 2009. “Considero que era mi casa”, ha declarado.

Tras la ruptura, “se quedan los dispositivos allí y no puedo recuperarlos”, ha afirmado. Sin embargo, la táctica de intentar tumbar la validez de los audios, de momento, no le ha funcionado, a tenor de la sentencia del primer juicio del 'caso Taula, que avala las grabaciones y que le impone una condena de casi ocho años de prisión. “Nunca consentí ni a la Guardia Civil ni al fiscal ni al instructor ni a Mariano López ni a Rosa Pérez Garijo ni a los periodistas el uso de mis grabaciones”, ha dicho.

Un “montaje”, según Alfonso Rus

A la salida del juicio, Rus ha tildado de “montaje” el 'caso Taula'. “Se ha demostrado que todo esto es un tema político, intentaron liquidar a Alfonso Rus porque sabían que si liquidaban a Alfonso Rus, liquidaban al PP de la provincia de Valencia y de la Comunidad Valenciana”, ha dicho.

El expresidente de la Diputación de Valencia ha acusado a la denunciante de la trama, la consellera Rosa Pérez Garijo, de remitir los audios a los medios de comunicación en plena campaña electoral del 2015. “La cadena de custodia se rompió”, ha argumentado Rus, quien ha agregado: “Aún estoy esperando que diga alguien que me he llevado un céntimo”.

Preguntado por si se llevó dinero público a su bolsillo, el 'yonqui del dinero' ha respondido ante los periodistas en la entrada de la Ciudad de la Justicia: “Eso me lo dejo para mí, me lo dejo a mi criterio”.