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Contrapoder es una iniciativa que agrupa activistas, juristas críticos y especialistas de varias disciplinas comprometidos con los derechos humanos y la democracia radical. Escriben Gonzalo Boye (editor), Isabel Elbal y Sebastián Martín entre otros.

Los cambios de cromos en la Fiscalía

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza.

En estos días, nos hemos visto especialmente removidos por las noticias acerca de los nuevos nombramientos de Fiscales en cargos especialmente sensibles, por cuanto dichos cargos significan para la lucha contra la corrupción o para la persecución de los delitos que debe conocer la Audiencia Nacional.

Así mismo, ha tenido gran relevancia la pérdida de confianza hacia el Fiscal Superior de Murcia, Manuel López Bernal, quien ha denunciado públicamente las presiones e "intimidaciones" a que se ha visto sometido, por haberse destacado en la lucha contra la corrupción en su Comunidad Autónoma.

En primer lugar, hemos de saber que los nombramientos de estos cargos son competencia del Consejo Fiscal, formado por 11 miembros y presidido por el Fiscal General del Estado, quien, con su voto de calidad, puede romper el empate.

Así mismo, el Fiscal General del Estado tiene como misión proponer el nombramiento de estos cargos, previo informe preceptivo del Consejo Fiscal. A su vez, el Consejo Fiscal está dividido entre suscritos a la Asociación de Fiscales –conservadora– y la Unión Progresista de Fiscales –no conservadora–.

También sabemos que los recientes nombramientos de los diferentes cargos propuestos son producto de diez horas de negociación en la reunión del Consejo Fiscal.

El resultado, según parece, es producto de la correlación de fuerzas entre ambas asociaciones y de un factor algo extraño, como es la preferencia del Partido Popular hacia el nombramiento de Manuel Moix como Fiscal Jefe de Anticorrupción: un fiscal sin méritos ni experiencia para dicho puesto.

Los ciudadanos, por tanto, hemos asistido a un espectáculo de ilusionismo, en el que sabemos el resultado del número de magia pero ignoramos cuáles son los trucos, aunque los imaginemos. Por ejemplo, no sabemos hasta dónde llegó la mano del Partido Popular en el nombramiento de Manuel Moix, como máximo responsable en la lucha contra la corrupción. No sabemos si alcanzó sólo al Fiscal General del Estado o si, por el contrario, fue una propuesta de la mayoritaria Asociación de Fiscales.

Así, tenemos que la Fiscalía encargada de combatir la corrupción va a ser dirigida por un afín al Partido Popular, muy cercano a Esperanza Aguirre. Recordemos las declaraciones de esta singular política, arrogándose el mérito de haber "destapado la Gürtel en Madrid", cuando ya sabemos que miró para otro lado, como poco.  

Especulamos, así mismo, sobre si remover al Fiscal Superior de Murcia se debe a una simple relación de enemistad de éste con el Partido Popular o si se trata de una vendetta por haber supuesto el azote de la corrupción en Murcia. La verdad, no es fácil saberlo: la rocambolesca jugada acaba en que sólo le han removido de su cargo, pero con grandes posibilidades de acusar en la causa Auditorio contra el Presidente de la Comunidad Autónoma de Murcia y, además su sustituto en la Fiscalía Superior es un fiscal de plena confianza que ha dado muestras de arrojo y preparación en las causas de corrupción que allí están en marcha.

En este mágico espectáculo, también nos preguntamos dónde se encuentra el truco que ha llevado a sustituir al Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, por Jesús Alonso, quien hasta ese  momento era su Teniente Fiscal en dicho Tribunal: por una parte, hay que tener en cuenta que al Partido Popular no le era nada incómodo, pues ha sido el ariete de la represión de la libertad de expresión; bajo su cargo se han producido intensas y escandalosas cruzadas contra titiriteros, tuiteros y raperos. Así mismo, destacan sus maniobras en embajadas extranjeras para impedir que se investiguen graves violaciones de Derechos Humanos –como las torturas en Guantánamo–, según wikileaks; o, por ejemplo, sus movimientos para evitar que la investigación sobre los crímenes del franquismo fructificara.

Por otra parte, parece que fue el Fiscal General del Estado quien propuso se tramitara su sustitución, que no es poco, teniendo en cuenta llevaba más de diez años en el cargo y que éste no es vitalicio… Incluso, parece que daba igual quién lo sustituyera, pues la verdadera jugada consistía en apartarle; ni siquiera el candidato propuesto por el Fiscal General del Estado obtuvo votos. Lo importante era relevarle.

Claro, Javier Zaragoza parece haber dejado el campo trillado y sembrado para que quien le suceda se limite a cosechar…Triste fruto es el que recogerá Jesús Alonso, el de una fiscalía dedicada a amordazar a la ciudadanía y a reprimir con crueldad la libertad de expresión. El trabajo de Javier Zaragoza es insuperable, imposible hacerlo peor. Veremos si su sucesor da un vuelco a la herencia que recibirá o si, por el contrario, se limitará a represaliar a quienes se han señalado abiertamente como sus enemigos mientras Zaragoza reinó.

Así pues, el espectáculo ha llegado a su fin. Se trataba de un espectáculo que llevaba mucho tiempo en preparación, sólo hacía falta encontrar al gran Houdini que lo llevara a cabo.

Hemos leído y escuchado muchas críticas entre bandos enfrentados: la Unión Progresista de Fiscales ha emitido un duro comunicado; no faltan medios y voces autorizadas que la han emprendido contra el recién nombrado Fiscal General del Estado, incluso reclamando su dimisión. Tampoco han faltado apoyos de quienes se sienten satisfechos por los nombramientos.

Como ciudadana preocupada por el sistema que tenemos, me parece que el resultado no es más que una jugada fortuita, una carambola o un mero simple de cambios de cromos que los distintos bandos han negociado según los intereses en juego de unos y otros.

El resultado no es producto de 10 horas de ardua negociación, ni de la falta de mayoría de una asociación en detrimento de otra, ni de la incapacidad del gran Houdini en cambiar el sistema –exigiéndole que de un solo movimiento se convierta en dios todopoderoso–.

No, el resultado es producto de un sistema que no cree en la separación de poderes, pues se halla contaminado y fuertemente influenciado por las directrices del Ministro de Justicia de turno. También es consecuencia de una Institución fuertemente politizada y dividida en facciones, encerrada en sí misma y en sus guerras internas.

Un sistema, que adolece de falta de transparencia, de falta de comunicación con la ciudadanía a la que debe servir y de falta de coherencia en los pocos y sonados mensajes que transmite. Una Institución terriblemente frágil y manejable por el Gobierno de turno.

La realidad, que es muy tozuda, nos demuestra, en cambio, que fuera de estos manejos exhibidos por los altos cargos, hay un numeroso ejército de fiscales, honrados funcionarios públicos que se dejan la piel en su trabajo diario, cada vez más duro debido a los recortes impuestos; fiscales que, a pesar de las duras condiciones en que trabajan, no cejan en su empeño y en su dedicación por sacar adelante las causas que manejan y en simultanearlo con una formación permanente, obligados por las constantes y numerosas reformas legislativas.

Todos estos entusiastas y preparados servidores públicos necesitan, por fuerza, ser dirigidos por personas independientes que sólo se deban a la satisfacción y el efectivo cumplimiento de los fines constitucionales que deben guiar su función: promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social (art. 124 CE).

Pero, ¿cómo lograrlo? Para conseguirlo, es necesario que efectivamente la Fiscalía sea un organismo autónomo dentro del Poder Judicial, tal cual dispone su Estatuto Orgánico. Y para ello, sería preciso que nuestros representantes políticos abrieran un periodo de reflexión para abordar el sistema de nombramiento del Fiscal General Estado y de quienes dirigen las Fiscalías Especiales y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Creemos que si la principal función de la Fiscalía consiste en defender el interés público tutelado por ley y la defensa de la legalidad, es el ciudadano quien debiera participar directamente en estos procedimientos de designación y no asistir como mero público al espectáculo ilusionista que ahora nos rige.

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24 de febrero de 2017 - 21:04 h

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