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Ocho meses al exvicepresidente de la Diputación de Castellón por el caso de la depuradora de Borriol

La mano derecha de Carlos Fabra también ha sido inhabilitado para ocupar un cargo público durante dos años

La Audiencia Provincial le impone, además, una multa de 12.600 euros por un delito de negociación prohibida a funcionario público

El Tribunal absuelve a sus dos hijos y al exacalde de Borriol por irregularidades en la expropiación de unos terrenos

Francisco Martínez, exnúmero dos de Carlos Fabra, durante el juicio que se lleva a cabo en la Audiencia de Castellón

Francisco Martínez, durante el juicio.

El exvicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez, ha sido concenado a 8 meses de cárcel por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial por un delito de negociación prohibida a funcionario público. El Tribunal también le ha inhabilitado durante dos años para el empleo o cargo público, imponiéndole además una multa de 12.600 euros.

La Sala ha absuelto a los dos hijos de la mano derecha de Carlos Fabra; al exalcalde de Borriol, Adelino Santamaria; y a los empresarios Raúl Babiloni y Luis García del Campillo, quienes igualmente se sentaron en el banquillo de los acusados por presuntas irregularidades en la expropiación de unos terrenos en dicha localidad en los que se iba a construir una depuradora. El fiscal les acusaba de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude ilegal y negociaciones prohibidas. Por ello, había solicitado para Martínez cuatro años de cárcel y 29 de inhabilitación y tres años de prisión para Santamaría.

El tribunal no considera probados estos delitos. La sentencia, notificada a las partes, no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

A declarar el 9 de mayo

A Martínez todavía le queda otro procedimiento abierto, que le obligará a declarar ante el juzgado de Instrucción número 4 de Castellón el 9 de mayo, a las 9,30 horas. El exvicepresidente de la Diputación, sus dos hijos y el citado Babiloni está investigados en una causa por fraude y exacciones ilegales, que se inició a partir de una querella de la Fiscalía presentada el pasado mes de enero. Se trata de unas diligencias separadas del caso de la depuradora de Borriol.

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