La Generalitat y Fomento se comprometen a acabar los planes de vivienda pública que el PP dejó a medias

La crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria dejaron un paisaje de esqueletos de cemento y hormigón que persiste una década después. Entre estos cimientos quedaron centenares de pisos destinados a vivienda pública y a dar techo a las personas más vulnerables, a los ciudadanos en riesgo de exclusión, que no llegaron nunca a tener las llaves prometidas.

Hasta diez años después de las primeras construcciones, la Generalitat Valenciana y el ministerio de Fomento, a través de su secretaría de Vivienda, han acordado sumar esfuerzos e invertir en reactivas las obras de vivienda pública inacabada. El president de la Generalitat, Ximo Puig, y la responsable de Vivienda de Fomento, Helena Beunza, han mantenido la primera reunión del año este miércoles para abordar el asunto.

El objetivo es finalizar 295 viviendas de alquiler asequible en promociones de Valencia, Alicante y Castellón, algunos abandonos escandalosos como los edificios de de La Torre, al otro lado del río. En esta pedanía, prácticamente aislada de Valencia -apenas cuenta con un autobús que lo une con la ciudad de la que le separa una autovía- y de reciente construcción, se encuentra inacabado un edificio de 20 plantas que los dirigentes han señalado como ejemplo. Durante la época del PP, apenas se invirtió un euro fuera de las fiestas locales. 

En el citado rincón se espera rehabilitar un edificio con previsión de albergar 184 viviendas públicas. Además, hay otras promociones en localidades como Castellón, con 35 viviendas públicas; en el barrio de Ciutat Vella, de València, con 34; o en Aspe, con 42.

Por otra parte, el president ha recibido el compromiso del Ministerio de Fomento de participar en el Plan Agiliza que la Generalitat está poniendo en marcha para simplificar los trámites burocráticos de los procedimientos administrativos con el fin de incentivar la actividad económica.

En concreto, Puig y Beunza han acordado el establecimiento de mecanismos de coordinación entre la administración autonómica y los diferentes organismos implicados en la puesta en marcha del plan, con el fin de agilizar al máximo los trámites y los procedimientos.