No solo fue Gürtel: la UCO concluye que Camps promovió la financiación ilegal del PP con la construcción de colegios
La jubilación política del expresidente de la Generalitat Francisco Camps se complica cada día más. Camps se tendrá que sentar en el banquillo de la Audiencia Nacional por prevaricazación en los contratos irregulares a la trama Gürtel. En esta causa, el expresidente se salvó del juicio de la financiación ilegal que acabó condenando a prisión a sus más estrechos colaboradores, pero un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil fechado el pasado 5 de septiembre y aportado al juez del caso Taula podría, esta vez sí, situarlo en el epicentro del entramado de ingresos irregulares del todopoderoso PP valenciano de la década del 2000.
La UCO sostiene en un informe de 160 páginas que la llegada de Camps a la presidencia de la Generalitat supuso una serie de cambios en la administración de Ciegsa, la empresa pública de construcción de colegios que acabó con 1.000 millones de agujero, que favorecieron la financiación ilegal del PP valenciano. Según la Guardia Civil, los cargos designados para liderar este instrumento de desvío de fondos “eran cargos de confianza del presidente de la Generalitat”. Así, Camps situó en la dirección primero a Máximo Caturla, directivo también en el partido y en el Gobierno valenciano entre 2003 y 2007, y posteriormente a José Luis López Guardiola, pareja de la socia de la esposa de Camps en una farmacia de Valencia.
Este control, según el informe adelantado por Levante-EMV , habría permitido unos cambios técnicos y de personal dentro de Ciegsa que habrían permitido el desvío de fondos gracias a los sobrecostes por modificados de obre de más del 36 %. Los investigadores ponen como ejemplo el caso del IPF El Cabanyal, construido por la empresa BM3, que posteriormente a estos cambios de proyecto ingresó en dos empresas de Máximo Caturla más de 160.000 euros.
Entiende la Guardia Civil gracias a las grabaciones entregadas en su día a la justicia por Rosa Pérez Garijo, exdiputada de EUPV y actual Consellera de Transparencia, que Caturla era el “recaudador” del PP y que los sobrecostes propiciados en la construcción de colegios eran para la financiación ilegal del PP valenciano. “El motivo que habría propiciado el funcionamiento irregular de la empresa pública habría sido la existencia de un estrategia de recaudación y financiación basada en el cobro de comisiones ilegales con intereses diversos: estrictamente personales y de financiación de partidos políticos”.
Y de una forma y con empresas más que conocida y con empresas que ya se investigan en otros procesos por corrupción como son Cleop o Cyes Infraestructuras, según el informe de la UCO. La llegada de Caturla a Ciegsa en 2007, según la UCO, provocó cambios en procesos que ya se habían iniciado. La conocida como “Décima licitación”, que supone una serie de adjudicaciones por valor de 43 millones, fue la jugada clave.
Según la Guardia Civil, se pervirtieron los procesos de licitación en favor d empresas afines. “Todas las licitadoras propuestas son empresas valencianas y los cambios que tienen lugar suponen que todas las empresas cuyo domicilio social no se encontraba en Valencia que apareció propuestas en la primera valoración pasan a dejar de estarlo en la segunda y son sustituidas por una empresa valencianas”, apuntan los investigadores en varias licitaciones. “Hay que primer a las empresas valencianas frente a las extranjeras”, asegura un testigo que dijo Caturla en una conversación en Ciegsa que recoge el informe de la UCO.
Es la primera vez que los investigadores del caso Taul sitúan a Francisco Camps con un papel tan relevante. Antes, el propio juez instructor y pese a las declaraciones del autodenominado yonki del dinero, Marcos Benavent, había apartado al expresidente de la Generalitat de la tormenta. Ahora, es la propia UCO la que concluye: “Existió una estrategia de recaudación y financiación basada en el cobro de comisiones ilegales cuya finalidad sería financiar al PP de Valencia, tanto a nivel provincial y autonómico”. En la provincia era presidente del PP Alfonso Rus, imputado en la causa, y en la autonómica, Francisco Camps. De momento, libre de polvo y paja en esta causa.
