Ocupas, deuda y degradación: la ruinosa herencia del PP valenciano en vivienda pública
“El pasado mes de julio se produjo la ocupación ilegal del edificio y desde entonces se viene usando como vivienda habitual, como lugar de pernocta ocasional para prostitución, y como punto de venta y consumo de drogas, con las consiguientes molestias y situaciones de conflicto e inseguridad entre los vecinos del barrio”.
Esto es lo que han denunciado los vecinos del entorno de un inmueble destinado a vivienda pública que construyó hace años la Generalitat Valenciana en la calle Tejedores número 8, junto a la plaza Viriato, en el marco Plan Especial de Protección y Reforma de Velluters.
Según han explicado los residentes, hosteleros y comerciantes del entorno, pese a estar construido desde hace años y pese a la situación de crisis que ha generado numerosos y dramáticos casos de desahucios, “el edificio no ha sido nunca utilizado para la finalidad con que fue construido, y permanecía hasta ahora cerrado y en estado de abandono”.
Sin embargo, según las mencionadas fuentes, “esta ocupación ilegal y, sobretodo, su uso como punto de venta y consumo ha generado un deterioro de la convivencia y la seguridad”.
El consumo de droga se ha extendido también “a diversos espacios del barrio, como los solares existentes entre las calles La Carda y Eixarchs o el parque de la plaza de Joan de Vila-rasa”.
En este sentido, han comentado que se han vuelto habituales “las reyertas a cualquier hora del día o de la noche dentro del inmueble o en las calles cercanas, que precisan de intervención policial en muchos casos”.
Además, han aumentado “los hurtos y robos en las calles cercanas, tanto sobre comercios como sobre viandantes”.
Por este motivo, han exigido en primer lugar que desalojen y tapien el edificio y, en segundo, que den un uso adecuado a las viviendas poniéndolas a disposición de las personas que las necesiten de una forma legal y reglada.
Al respecto, fuentes de la Conselleria de Vivivenda han informado que en total son seis las viviendas afectadas por la ocupación y que el pasado 19 de mayo pusieron una denuncia en e juzgado para poder ejecutar el desalojo una vez se dicte la correspondiente resolución.
Sin embargo, hasta que sea produzca, se ha programado una reunión este viernes con la concejala de Policía Local, Anaïs Menguzzato, para buscar posibles soluciones conjuntas.
Herencia envenedada
El caso de este edificio es solo un ejemplo de los 20 años de gobierno del PP al frente de la Generalitat y de la gestión del parque público de viviendas.
De hecho, según ha informado recientemente la actual consellera de Vivienda, María José Salvador (PSPV), cuando tomaron las riendas de la Conselleria se encontraron un panorama desolador por el abandono de la política de vivienda pública.
Así, por ejemplo, se encontraron 700 viviendas del parque público vacías en estado casi ruinoso, de las cuales los actuales responsables de la Conselleria han reparado y adjudicado 360 con una inversión de 4,7 millones de euros.
Además, existía una deuda de la Generalitat con los ayuntamientos de 7,5 millones de euros por impagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de los que ya se han abonado 1,2 millones.
En cuanto a la ocupación ilegal de viviendas, había 500 con familias viviendo durante años como consecuencia de la crisis. Según explicó Salvador, a estas familias se les regularizará la situación con un alquiler social ajustado a sus posibilidades.
Aún así, en el último año se han ocupado otras 166 viviendas, entre ellas las de la calle Tejedores, las cuales se procederá a desalojar puesto que se deben destinar a las familias necesitadas que están en lista de espera para obtener una vivienda pública.
Y es que, solo en el último año se han presentado y prebaremado a través de la Entidad de Infraesructuras de la Generalitat (EIGE) más de 5.500 solicitudes de alquiler social por parte de familias en riesgo de exclusión.
