eldiario.es

Menú

¿Qué hacemos con nuestras zonas rurales?

- PUBLICIDAD -

El mundo rural: la difícil supervivencia diaria

Juan (11 años) es acompañado cada mañana por Mª Angeles, su madre, a la parada del autobús que le llevará a Molina de Aragón, el pueblo más cercano, con algo más de 3.500 habitantes. Juan es el único niño de Selas, donde aunque hay censadas 64 personas, solo viven 11. Juan nunca ha ido a la escuela de su pueblo, porque esta cerró en 1974, cuanto la mayor parte de la gente emigró. Juan echa en falta otros niños con los que jugar; también se queja de que apenas puede ver vídeos de YouTube. En verano la situación es diferente. Hay casi 200 personas y Juan ya tiene amigos con los que jugar.

Mª Angeles (44 años) tiene una casa rural en Selas. La puso en marcha junto con su marido, aprovechando ayudas europeas. Es de los pocos negocios que van relativamente bien. Llegan turistas “urbanos”, pero también trabajadores de Iberdrola, que se dedican al mantenimiento de los molinos de viento. Su marido, Javier, fue alcalde del pueblo. Ahora está en paro.

Juan va algunas tardes al salón de plenos del Ayuntamiento. Allí recibe clases de refuerzo que le da su tía. Ese salón hace también de consultorio médico (porque en el consultorio no hay calefacción). Ella es bedela en el colegio de Juan, pero también ganadera, junto con el tío de Juan, que también trabaja en una cuadrilla forestal. El monte es otra de las fuentes de riqueza (tala, serrerías, resina, así como paisaje para los visitantes urbanos); sin embargo, esta riqueza puede desaparecer en apenas unas horas, como las 4.500 hectáreas que fueron pasto de las llamas en Riba de Saélices en 2005, incendio que además se llevó por delante la vida de 11 personas.

En La Cerollera los niños eran más afortunados. Sumaban siete correteando por sus calles a principios de 2013. La mitad de la población censada era mayor de 60 años. Pero para su alcalde, Antonio Arrufat, el pueblo estaba de enhorabuena: había pasado de los 87 habitantes de 1997 a los 112 de esos momentos; y con ello, y sobre todo, habían conseguido recuperar la escuela. Los niños ya no tenían que ir a otro pueblo. Antonio Arrufat, también presidente de la Diputación de Teruel, fue uno de los impulsores de la comisión del Senado que en 2015 ha estudiado la adopción de medidas contra la despoblación rural en España.

En esta “Ponencia de estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación rural en España”, participaron muchos expertos, entre ellos Jesús Alba. Herrero de profesión (cuarta generación) es, tras tres legislaturas en la vida pública, alcalde de Checa –por supuesto, sin sueldo-. En la comisión del Senado, calificó a muchas de nuestras zonas rurales como “biológicamente muertas”, y por desgracia no le faltaba razón. Pero Jesús no es en absoluto fatalista; antes al contrario, personifica el optimismo y las ganas de luchar por un futuro mejor: “ me gustaría que supiéramos aprovechar los recursos y las potencialidades que tiene el territorio. Eso sería suficiente para que la gente viviese aquí con calidad. Ojalá no tuviéramos siempre que pedir limosna por servicios fundamentales como la sanidad y la educación”. Jesús Alba, Jerónimo Lorente, Ángel Luis López, Diego Sanz, María José Chueca, o Miguel Ángel Casado, son otros tantos personajes que, como María Ángeles, Javier, y hasta su pequeño Juan, pueden resultar anónimos para los lectores. Pero son la imagen viva de la lucha callada de miles y miles de habitantes rurales por seguir viviendo en sus pueblos, con dignidad. Son agricultores, apicultores, panaderos, trabajadores sociales, bibliotecarios, trabajadores de correos, etc., y por supuesto, muchos de ellos están implicados en la vida pública como concejales o alcaldes. Algunos se han resistido a salir de sus pueblos, y en ellos siguen. Otros han vuelto de las ciudades, bien por haber perdido el trabajo o simplemente por preferir otro modo de vida. Algunos tienen estudios básicos, pero otros han hecho su tesis doctoral. Y todos ellos tienen algo en común, son luchadores por la dignidad del mundo rural. No en vano los han definido como Quijotes de la vida rural, un calificativo muy apropiado al hilo de las celebraciones cervantinas de estos días. En definitiva, son gentes que luchan por trabajar y vivir dignamente en sus pueblos. Con ello, tal vez sin ser conscientes, están prestando un servicio a la sociedad de inestimable valor, que no solo no se les reconoce suficientemente, sino al que en ocasiones se le ponen obstáculos, como se señalaba en el marco de una entrevista a Marcos Campos, presidente del Foro de la Escuela Rural de Castilla-La Mancha: “ Más de 70 colegios cerrados en cuatro años. La supervivencia de la escuela rural ha sido uno de los grandes campos de batalla de quienes luchan contra la despoblación. El Gobierno que presidió Mª Dolores de Cospedal dejó sin contenido el artículo 128.3 de la Ley de Educación, que establecía que una escuela se mantendría abierta en Castilla-La Mancha siempre que hubiese un mínimo de cuatro alumnos. Ahora, el Gobierno de García-Page ha vuelto a los parámetros anteriores, y el pasado verano contactó con familias y ayuntamientos para ponerlo en marcha. Solo 20 escuelas han solicitado la reapertura: muchas familias se habían marchado de los pueblos y ya no hay niños”.

Este pequeño viaje a la  España despoblada ilustra solo algunas de los cientos de historias de supervivencia que podemos encontrar en nuestras zonas rurales. Están extraídas de sendos reportajes, el primero de carácter fotográfico sobre la denominada Siberia española, y el segundo consiste también en un excelente reportaje sobre la Laponia española (denominaciones diferentes para referirse a prácticamente el mismo ámbito geográfico). Este se enmarca a su vez en el proyecto conocido como Serranía Celtibérica, un conjunto rural que incluye territorios de cinco Comunidades Autónomas, caracterizado por una densidad media (8 hab./km2) que está entre las más bajas de la Unión Europea, el mayor índice de envejecimiento, y a su vez la tasa de natalidad más baja (Figura 1).

Figura 1.

Figura 1.

Afrontando el declive rural: la lucha por un trabajo y una vida digna en los pueblos  

Las características y procesos que se han descrito en los párrafos anteriores están presentes en prácticamente todas las áreas rurales españolas. Nos dan muchas de las claves de la tensa y compleja convivencia de procesos y fuerzas a veces contradictorias. Por un lado, aquellas que profundizan en el declive demográfico y económico que, con origen en la España del desarrollismo de los años 60 y 70, aún está presente y sigue vaciando de gentes y actividades una buena parte de nuestras zonas rurales (a este respecto no deberíamos olvidar que el éxodo rural español de esas dos décadas fue una de las fuentes de capitalización –mano de obra y financiación- de aquel desarrollo desequilibrado y desequilibrador social, demográfica, económica y territorialmente). Cierto es no obstante que lo que en aquellos años fue emigración hacia las ciudades ahora es saldo pérdida de población por mayor número de defunciones que de nacimientos (saldo vegetativo negativo).

A ese declive demográfico y económico está haciendo frente la población rural. Como las gentes que se han mencionado en los párrafos anteriores, los habitantes rurales luchan porque sus pueblos sigan siendo su hogar, y sus hijos y nietos puedan tener en ellos expectativas razonables de vida digna, sin que para ello se vean obligados a emigrar, como hace décadas tuvieron que hacer tantos millones de españoles. En los reportajes aparecen algunas de las claves de estas verdaderas estrategias de supervivencia de las familias rurales. Son estrategias casi individuales, prácticamente al margen, o al menos casi siempre sin un apoyo decidido, de las administraciones públicas y de las medidas de acompañamiento que la gravedad de la situación en nuestras zonas rurales requiere.

En este contexto cabe situar los elementos clave que aparecen en los reportajes, y otros que no están presentes. Son elementos clave, por ejemplo, la revalorización de actividades, como las forestales, que hace apenas unos años padecían un notable abandono; hay también una revalorización de actividades tradicionales, como la ganadería o la apicultura, entre otras, basada no tanto en competir en precios con productos similares de otras áreas, sino a partir de la calidad y la diferenciación como elemento de competitividad. Otros aspectos, como la instalación de parques eólicos, son bastante más controvertidos, especialmente allí donde entran en contradicción con paisajes de especial valor, porque aunque puedan suponer beneficios directos para particulares y ayuntamientos, pueden también poner en riesgo uno de los principales recursos intangibles rurales, el paisaje.

El paisaje rural es precisamente uno de los ingredientes básicos de otro de los elementos clave, el turismo rural, que ha permitido a miles de familias complementar sus rentas y, en ocasiones, constituyen los únicos ingresos familiares. En torno al turismo han surgido, desarrollado o mantenido otras actividades, favoreciéndose así una cierta diversificación de la economía rural.

Este ha sido precisamente el objetivo central de otro de los elementos clave que aparecen en los reportajes, las ayudas europeas. Son tradicionales todas aquellas que, en el marco de la Política Agraria Común, se han orientado al sostenimiento del sector agroganadero. En este marco ha habido una evolución marcada por una creciente atención a las rentas directas de los agricultores y ganaderos, en detrimento de las ayudas a la producción; de la misma manera, las consideraciones ambientales han tenido una presencia cada vez mayor1. Y también en este marco hay que hacerse eco de las medidas destinadas a áreas desfavorecidas o aquejadas de hándicaps específicos, que fueron las primeras que, allá por 1975, se concibieron en las instituciones europeas para contribuir a frenar el declive de tales áreas. Pero cuando se escucha algo sobre ayudas europeas en este tipo de historias de supervivencia, con frecuencia se refieren a aquellas que se han gestionado bajo el enfoque de los programas LEADER – Liasons Entre Activités de Developpement de l’Economie Rural- (vigentes, bajo diferentes fórmulas, desde 1991). De su aplicación e impacto en España hay valiosos estudios, como el patrocinado por la  Red Rural Nacional (2011).

“Ayudas europeas”: hacia la diversificación de la economía rural, pero también articulación de la sociedad local y liderazgo de los actores locales

Efectivamente se trata de ayudas a las que la población rural suele conceder una gran importancia, porque con frecuencia han contribuido a adelantar, sostener, e incluso iniciar, muchas pequeñas actividades. Una de las dos grandes virtudes de estas ayudas europeas ha sido su enfoque hacia la diversificación de la economía rural, habida cuenta de las dificultades de los sectores primarios en general y de que éstos ya eran objeto de atención por parte de la Política Agraria Común. Este enfoque hacia la diversificación ha permitido completar inversiones y poner en marcha, por ejemplo, muchos negocios sobre turismo rural, pero también en todo tipo de iniciativas en el mundo rural, desde empresas industriales hasta aquellas orientadas a la valorización de productos locales o de artesanía, pasando por programas formativos o recuperación del patrimonio cultural y natural. Estas ayudas europeas han debido dirigirse de manera prioritaria a iniciativas privadas. Sin embargo, es bien conocido que no siempre ha sido así, y en la Comunidad Valenciana se tiene precisamente una larga, profunda y oscura experiencia de desvíos hacia inversiones públicas, en manos y controladas básicamente por las entidades locales. De esta forma, no solo no se han seguido las orientaciones de la propia Comisión Europea con la obligada fidelidad, sino que se ha ido incluso más allá de la legalidad, desviando fondos para actividades no contempladas en la normativa europea. Y esto se ha hecho, según consta en denuncias públicas, con la connivencia de autoridades locales y regionales.

Habiendo sido importante la contribución de las ayudas europeas a la puesta en marcha o sostenimiento de iniciativas concretas, o a la creación o sostenimiento de empleos rurales, lo más destacable es probablemente una segunda virtud, otro intangible al que se le ha prestado poca atención, y que puede resultar decisivo frente a los procesos de declive a los que se ha hecho referencia. Nos referimos aquí a la metodología o enfoque de trabajo al que esas ayudas europeas iban asociadas. Efectivamente el enfoque LEADER exigía la creación de los denominados Grupos de Acción Local (GAL), compuesto por actores públicos, privados y sociales del territorio. Y es justo la concepción de los GAL como nuevos instrumentos de cooperación territorial una de las novedades más importantes que se derivan de estos programas, porque se constituyen también en elemento de articulación de la sociedad local. Los GAL son por tanto los responsables de la gestión de las ayudas (por tanto, estamos ante un modelo en el que los actores locales tienen un protagonismo claro). Es de destacar igualmente que estas ayudas no se conciben como un mero apoyo a iniciativas aisladas, sino que constituyen un instrumento en manos de los actores locales para actuar con visión estratégica, que debe estar contenida en el plan o estrategia de desarrollo que ellos mismos han debido concebir y/o diseñar, y que están obligados a ejecutar. Los logros no siempre responden a todas las expectativas que las Comisión Europea ha tenido para los GAL; sin embargo, sí hay que reconocer que en línea generales han constituido, no sin dificultades, un factor de articulación social y de liderazgo en los procesos de cambio en los territorios rurales, como ponen de relieve algunos estudios(2 y 3). Pero los problemas de las zonas rurales siguen sin estar resueltos y, lo que es peor, no se vislumbran soluciones fáciles.

¿Quién tiene las respuestas y cuáles son éstas?: hacia un plan de emergencia socio-territorial rural

Sigue aún en el aire la pregunta que da título a este pequeño texto, qué hacemos con nuestras zonas rurales. Por lo que se ha visto hasta aquí parece ya evidente que no hay soluciones fáciles, y que las respuestas no las tienen ni los políticos, ni los técnicos, ni tampoco los académicos. Las respuestas están en los propios habitantes rurales, y es a ellos a los que hay que escuchar, y a partir de ahí, la sociedad en general, a través de las instituciones y las políticas públicas, hemos de poner los medios para abordar los grandes retos a los que se enfrentan, pero siempre teniendo claro que hay un objetivo básico irrenunciable, que la población rural pueda vivir y trabajar dignamente. Alcanzando este objetivo, seríamos no solo una sociedad más justa, más inclusiva social y territorialmente; la sociedad estaría, sobre todo, prestándose un servicio a sí misma, porque el que se mantenga o refuerce la vitalidad económica y social de nuestros pueblos contribuye a mantener el mundo rural como bien colectivo. Un mundo rural vivo es fuente de bienes y servicios que la población no rural aprecia, demanda y consume cada vez más. Es no obstante verdad que no pagamos, o insuficientemente, por muchos de estos bienes, que quedan como externalidades positivas, casi intangibles, pero que necesariamente han de incorporarse a la cuenta social de resultados. Las administraciones públicas tienen, por tanto, una gran responsabilidad a la hora de interpretar adecuadamente tanto las necesidades de los habitantes rurales para trabajar y vivir dignamente en sus pueblos, como las demandas de la sociedad en general de bienes y servicios rurales, incluyendo el propio paisaje rural como un patrimonio colectivo.

Escuchando a los habitantes rurales, parece evidente que para hacer frente a los procesos de declive demográfico y económico, y para evitar que se hagan realidad previsiones como las que se derivan del concepto de la España terminal, el medio rural español está necesitado de un plan de emergencia socio-territorial. Este plan está en línea con lo que plantean algunos expertos ( GATER, 2015), y sobre todo, con lo que plantea la población rural, tal como se recoge en la  citada ponencia del Senado sobre la despoblación rural en España (de lectura obligada). Si socialmente no se admite que esto es así, y las administraciones públicas no ponen los medios para ello, difícilmente será posible poner freno a esos procesos de declive demográfico y económico de los que nos hemos hecho eco. Solo con un plan amplio de emergencia socio-territorial para el medio rural español será posible alcanzar el objetivo de mantener un medio rural vital demográfica, social y económicamente, en el que sus habitantes puedan trabajar y vivir con condiciones dignas, como el resto de ciudadanos.

Este plan de emergencia socio-territorial rural pasa por diferentes grupos de medidas. En primer lugar, por actuar sobre la variable demográfica, y en particular en favor de la natalidad. La promoción del asentamiento y desarrollo poblacional pasa por un apoyo decidido de medidas específicas de conciliación familiar, laboral y social en el medio rural. Por otra parte, son necesarias medidas eficaces de política activa que contribuyan de forma determinante a la permanencia de las mujeres jóvenes (y  jóvenes en general) como eje vertebrador, en el marco de políticas específica de igualdad de género en las áreas rurales. En esta línea, las administraciones públicas deben contemplar medidas de discriminación legal positiva para generar empleo y actividad económica en el medio rural.

Un segundo grupo de medidas en ese plan de choque están referidas a los fondos europeos. Un mayor compromiso presupuestario de las administraciones nacional y regionales es absolutamente necesario con todas aquellas medidas derivadas de tales fondos, especialmente los fondos de Cohesión, FEDER y FEADER, manteniendo y extendiendo la metodología LEADER de cara a su gestión (es decir, con el liderazgo y participación decidida de los actores locales). Tan importante como profundizar en la dotación y gestión de los fondos europeos, es trabajar por una verdadera y eficaz coordinación de los mismos, evitando la pérdida de efectos multiplicadores y de potenciales sinergias. Igualmente, además de la dotación, compromiso financiero, y la coordinación, es definir una orientación adecuada para las actuaciones de tales fondos. Sin perjuicio de las especificidades locales, la política rural no solo debe ser independiente de la Política Agraria Común, sino que debe caminar en la senda de la cohesión territorial, tal como se definió en 2008 en el Libro Verde de la Unión Europea sobre la cohesión territorial.

El tercer tipo de medidas hace referencia a la necesidad de definir el sistema de núcleos rurales y las políticas de servicios y equipamientos asociadas. Evidentemente no todos los núcleos rurales pueden tener hospitales, ni institutos, ni centros de salud, ni probablemente colegios de primaria. Pero sí es posible avanzar en la línea de la superación de la concepción de los servicios públicos básicos únicamente desde perspectivas sectoriales, integrándolos en una verdadera política territorial, que conciba desde a los territorios rurales desde perspectivas integradas y funcionales. Y en este marco, las políticas de servicios educativos, sanitarios e incluso sociales tiene necesariamente que discriminar de manera positiva a las zonas rurales y contemplar con criterios adaptados a las particularidades rurales y de los territorios funcionales rurales. Dar un mayor protagonismo a la población rural en el diseño y/o adaptación de las políticas de servicios educativos, sanitarios y sociales sería sin dudan una decisión inteligente por parte los gobernantes, de cara sobre todo a asegurar una coherencia, con frecuencia ausente de las actuaciones de las administraciones públicas en esta materia.

Cuando se habla de sistema de núcleos implica referirse y adoptar una verdadera perspectiva territorial en las actuaciones en las áreas rurales. Es necesario evitar la pérdida de sinergias que se deriva de actuaciones individuales, bien centradas en las personas e incluso en los municipios. Para ello es fundamental que el plan de choque tenga una proyección territorial a partir de la definición de territorios de actuación funcionales, en los que se tengan por tanto en cuenta las interrelaciones económicas y sociales tanto dentro como entre los territorios. La centralidad comarcal y el papel de liderazgo territorial de las cabeceras comarcales es totalmente necesario para el fomento y mantenimiento del tejido económico y social, asegurando una prestación de servicios públicos que permitan que los habitantes rurales se consideren como verdaderos ciudadanos de primera.

El cuarto tipo de medidas están destinadas a avanzar y alcanzar una verdadera articulación e integración territorial, con actuaciones en infraestructuras, comunicaciones y nuevas tecnologías. Es necesario profundizar en la vertebración territorial, tanto dentro de los territorios rurales como desde cada uno de éstos hacia el exterior. Es evidente, y la población rural es plenamente consciente, que las comunicaciones excelentes no pueden llegar a la puerta de cada uno, pero también es cierto que comunicaciones viarias mínimamente aceptables pueden y deben llegar a los territorios rurales. No todo pasa, sin embargo, por más carreteras; las autopistas de las comunicaciones digitales son un poderoso instrumento para reducir el aislamiento rural, y más y mejores inversiones son necesarias para superar lo que se ha venido en denominar la España desconectada. Una conexión digital mínimamente equiparable a la de las zonas urbanas no permitiría solo avanzar en una mayor justicia social y reducir la exclusión digital que padece la población rural; contribuiría a una mayor articulación social y calidad de vida, y supondría un estímulo económico para una gran diversidad de actividades así como un mayor atractivo para la deslocalización de actividades hacia las áreas rurales.

La población rural no quiere ser población subsidiada. Quiere instrumentos eficaces para poder trabajar y obtener unos ingresos dignos. Por ello, el sexto tipo de medidas del plan de emergencia socio-territorial rural pasa por el impulso económico. Con frecuencia no se precisan ayudas económicas, sino simplemente eliminar los obstáculos para las iniciativas económicas, atendiendo paralelamente a las particularidades de los territorios rurales. Así por ejemplo, sin reclamar que los emprendedores rurales no cumplan con los trámites administrativos y burocráticos (como concesiones, licencias u autorizaciones), sí es absolutamente necesaria su simplificación, agilización y adaptación a esas particularidades rurales. Otras medidas están contempladas, pero precisamente por una falta de apoyo y simplificación no llegan suficientemente a los potenciales beneficiarios, como las referidas al emprendimiento agrario, forestal, ganadero, agroalimentario o medioambiental. La formación sigue siendo un instrumento básico como apoyo al emprendimiento, y por ello se hace necesaria igualmente una mayor adaptación –tanto de la formación no reglada como de la reglada- en función de las necesidades reales del tejido productivo y demográfico y de las estrategias de desarrollo de los territorios rurales. Por último, la diversificación productiva y el apoyo a sectores emergentes merecen una atención especial. La primera es en gran parte la base de la competitividad territorial; el segundo permite contribuir a esa diferenciación territorial, pero igualmente a una mayor calidad de vida (a través, por ejemplo, de servicios de proximidad, servicios a la dependencia, etc.)

Mientras tanto, ¿qué se puede esperar de los programas y políticas públicas?

En las últimas décadas ha sido patente el interés, al menos formal, de las administraciones públicas por las áreas rurales. Sin embargo, incluso manteniendo ese interés formal, en los últimos años nos hemos encontrado verdaderos procesos de desmantelamiento de los elementos básicos garantes de una mínima vitalidad en los pueblos, como son la educación y la sanidad. Algunos de los testimonios e historias personales de los que nos hemos hecho eco ponen de relieve el impacto de esas decisiones; a un nivel más general son bien conocidos los nefastos efectos que han tenido algunos recortes presupuestarios que, con la excusa de la crisis económica, no han sido sino un ataque a un modelo social que es vital, especialmente para nuestras zonas rurales. Y lo es porque se trata de un modelo inclusivo social y territorialmente. Pero incluso en el marco de este modelo social sigue habiendo una asignatura pendiente, el pago o compensación real a las áreas rurales por todo ese conjunto de bienes y servicios que van más allá de los productos que compramos o consumimos directamente, es decir, por todas las externalidades positivas que generan y son a la vez nuestras áreas rurales (como es por ejemplo el mantenimiento del patrimonio natural). Aprobar esta asignatura va a requerir cambios de mentalidad, y sobre todo un compromiso por parte de nuestras administraciones públicas por diseñar y ejecutar con eficacia los mecanismos adecuados. El diseño y ejecución de ese plan de emergencia socio-territorial rural al que se ha hecho referencia, en cada una de las Comunidades Autónomas, sería la muestra más palpable de este compromiso con nuestras zonas rurales.

En este posible plan de emergencia no se parte de cero, y se dispone de algunos mimbres que contribuirían a su diseño. Así por ejemplo, hay muchas medidas que los gobiernos regionales tienen en sus Programas de Desarrollo Rural4; de la misma manera, hay políticas educativas, sanitarias, de servicios sociales, de infraestructuras viarias, equipamientos y servicios públicos, o de fomento de iniciativas empresariales. Se dispone igualmente de una metodología desarrollada, testada y eficaz, como es el caso del enfoque LEADER, para dar protagonismo a los actores locales (por tanto, no solo a las administraciones públicas locales). Y se dispone incluso de mecanismos normativos, como la  Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural 5 (que el gobierno del Partido Popular mantiene en vía muerta), que es probablemente instrumento normativo más potente con el que se ha dotado la administración pública española para intervenir y gestionar de forma integrada las áreas rurales. Su recuperación y aplicación permitiría a las administraciones publicas avanzar de manera decidida en la vía de este plan de emergencia al que estamos haciendo referencia, aunque posiblemente no fuese suficiente. Serían necesarios al menos dos ingredientes. En primer lugar, una dotación presupuestaria suficiente, que pusiera de relieve el compromiso real que las administraciones públicas nacional y regionales tienen con los territorios rurales. Y, en segundo lugar, sería necesario un superar la inadecuada concepción inicial que tuvieron los gobiernos regionales que dieron algunos pasos en el desarrollo de la Ley, básicamente como un simple instrumento para obtener fondos adicionales de la administración central. Su concepción habría de ser diametralmente opuesta, como un instrumento de desarrollo con una perspectiva integral, y por tanto mucho más próximo a los territorios, y en cuya definición práctica y aplicación deberían estar presentes los actores locales.

Mientras tanto, el instrumento con el que las administraciones públicas parecen contentarse se reduce a los programas de desarrollo rural, aprobados recientemente para el periodo 2014-2020 para todas las Comunidades Autónomas. Sin embargo, estos programas son, como su nombre indica, de desarrollo rural, lejos por tanto de constituir instrumentos integrales de intervención. Obviamente son necesarios, pero en modo alguno son suficientes, pese a que muchos responsables institucionales creen que con estos programas quedan salvados y cumplidos los compromisos con los territorios rurales. Así por ejemplo, algunos de los ingredientes básicos del mencionado plan de emergencia socio-territorial rural no están ni pueden estar contemplados en los programas de desarrollo rural, como muchas medidas de impulso económico, o medidas de dotación de servicios, o medidas de infraestructuras viarias y de comunicación digital, o las medidas relativas a la dimensión demográfica. Otros programas, en el marco de los fondos europeos, sí permitirían ir añadiendo elementos al plan de emergencia. Pero todos esos elementos son poco eficaces si no se dispone de una perspectiva territorial e integrada, y a la vez no se cuenta con la participación real de los actores locales (entendiendo siempre actores públicos y privados).

Para concluir, ni nos engañemos ni engañemos: LEADER es necesario, pero en absoluto suficiente

Por tanto, para concluir, vale la pena llamar la atención sobre esos programas de desarrollo rural, y en particular sobre el ahora denominado enfoque del desarrollo local participativo (una extensión del tradicional enfoque LEADER). Muchos gobiernos regionales están cayendo en la tentación de relegar su compromiso con el mundo rural en este pequeño apartado de las políticas europeas, en gran parte porque son populares y porque han demostrado ser eficaces, allí donde se han aplicado con fidelidad al enfoque y dentro de la normativa.

Ha habido excepciones, como la Comunidad Valenciana, donde estos programas han sido la antítesis a un ejemplo de buena gestión, y de ahí que en estos momentos entre los actores locales de las áreas rurales valencianas haya un plus de expectación, añorando tiempos pasados en los que fueron instrumentos de verdadera articulación social y promoción económica. Es bienvenida la recuperación de los grupos de acción local, tal como se deriva de la  reciente convocatoria reguladora de la selección de GAL 2014-2020 y estrategias de desarrollo local participativo que ha llevado a cabo la administración valenciana. Con ello se están favoreciendo de nuevo los procesos de abajo-arriba, pero hay que tener cuidado, porque el desmantelamiento y la destrucción de capital social ha sido muy intenso, y una convocatoria renovada y fiel a los principios LEADER no se recupera lo fundamental que se ha perdido, la ilusión de la población rural.

En la Comunidad Valenciana los procesos de estos últimos años tienen ciertamente tintes más dramáticos. Pero no hay que equivocarse, porque en prácticamente todas las Comunidades Autónomas el modelo “endógeno” de desarrollo muestra signos de agotamiento, no tanto derivados del propio modelo sino del perfil y concepción cada vez más administrativista del mismo. Decisiones como, en primer lugar, la ampliación de los límites de los territorios de aplicación (más allá de lo que tradicionalmente han sido territorios con una cierta coherencia histórica, social y geográfica), ponen en serio peligro al menos dos de los fundamentos de estos programas (y las estrategias que de ellos supuestamente se derivan): el arraigo y enraizamiento en el territorio, el que la población los llegue a percibir como propios, y que los instrumentos de cooperación territorial (los grupos de acción local) cumplan realmente su función, y no sean vistos como meros agentes distribuidores de recursos. En segundo lugar, otras decisiones, como la dotación presupuestaria final (por ejemplo, de tres millones de euros en el caso de los territorios o grupos de acción local en la Comunidad Valenciana, para todo el periodo de programación 2014-2020, y no mucho más en otros territorios de otras comunidades autónomas), tampoco permiten albergar muchas esperanzas sobre la eficacia real, habida cuenta de la ampliación del ámbito de actuación respecto de periodos precedentes (como ocurrió hasta 2006, con territorios de menor tamaño, más coherentes, y contando con una mayor dotación presupuestaria).

Por ello, si la atención y las medidas en favor de las zonas rurales por parte de las autoridades regionales se van a limitar a los actuales programas de desarrollo rural, o más aún, a los tradicionales programas LEADER, podríamos decir aquello de “paren, que yo me bajo”. Las necesidades del mundo rural son tales y tan graves que es urgente y crítico que cada gobierno regional piense en cómo diseñar y ejecutar ese plan de emergencia socio-territorial rural, en el que ciertamente han de integrarse y articularse medidas como las derivadas de los programas de desarrollo rural, pero no solo; y ni siquiera puede ni debe ser concebido como una mera coordinación de inversiones (como en algún momento se pretendieron vender iniciativas aparentemente similares por parte de la administración regional valenciana, y que resultaron ser operaciones de puro marketing, incluso burdas y verdaderos insultos a la inteligencia de los habitantes rurales). Requiere, por tanto, de un esfuerzo presupuestario extraordinario acorde con la urgencia y gravedad del problema; en esto, las medias tintas solo llevan mantener falsas ilusiones.

A nadie se le escapa que esta no es una tarea fácil y que puede chocar con mentalidades y una administración con estructuras concebidas “desde” y “para” los sectores, pero que raramente piensan “desde y para los territorios”. Pero como dijo Nelson Mandela, “ siempre, todo parece imposible, hasta que se hace”.

* Javier Esparcia (Albacete, 1962), es Catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Valencia, responsable de la Unidad de Desarrollo Rural, en el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local. Es, entre otras responsabilidades, asesor de la Comisión Europea para la evaluación de proyectos de investigación en cuestiones de desarrollo rural y territorial, habiendo colaborado igualmente en la definición de criterios de evaluación del programa LEADER +. Ha dirigido y participado en diferentes procesos de evaluación de políticas de desarrollo rural, tanto para la Generalitat Valenciana como para la Comisión Europea.  Actualmente es subdirector de la Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural, participando igualmente en la evaluación de artículos en revistas internacionales sobre cuestiones rurales.

- PUBLICIDAD -

Comentar

Enviar comentario

Enviar Comentario

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha