Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.
EXCLUSIVA

El presidente de los constructores valencianos recibió 1,3 millones en un aval “sin viabilidad económica” cuando era directivo de la rescatada SGR

Juan Eloy Durá, anterior presidente, y Francisco Zamora, presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción.

Sergi Pitarch

Valencia —

1

El presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec), Francisco Zamora, recibió 1,3 millones en un aval de la fallida Sociedad de Garantía Recíproca en 2008 para su empresa Urbana Prozam SL cuando era miembro del consejo de administración de la misma, según el informe de auditoría forense al que fue sometida la entidad que en 2016 fue rescatada con 200 millones de euros de dinero público. Los auditores concluyen que la operación se aprobó “sin motivos económicos” y consideran que Zamora incurrió en un “conflicto de intereses directo”.

Zamora, en la actualidad también miembro de la dirección de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), vendió su participación en la promotora de viviendas en 2009, justo un año después de recibir el aval que permitió a la sociedad conseguir liquidez cuando la crisis económica del 2008 había empezado a tumbar empresas del sector de la construcción. Urbana Prozam se benefició de otros avales de la SGR por otros 2,2 millones, también plagados cde irregularidades, según la auditoría a la que ha tenido acceso en exclusiva eldiario.es.

Urbana Prozam SL entró en concurso de acreedores en 2015 y ha dejado un importante quebranto en la SGR. La entidad, rescatada con 200 millones de euros en 2016 y rebautizada como Afín SGR, quebró por este tipo de avales que, al ser ejecutados por los bancos, causó un agujero multimillonario que tuvo que tapar la Administración pública. 

El aval de 1,3 millones de euros fue solicitado por la empresa de Zamora y su socio Gonzalo Requena para la aprobación de una póliza de créditos para cubrir las necesidades de circulante, según el informe. La operación se calificó como de “elevado riesgo” y la capacidad de reembolso se fio “a la obtención de los préstamos al promotor o de las ventas del stock terminado que la empresa mantiene en cartera”. De la documentación en poder de los auditores, “no es posible acreditar la viabilidad económica de la operación”.

Respecto al conflicto de intereses, los auditores aseguran que la aprobación del aval de 1,3 millones se saltó la normativa interna. El presidente de los constructores era vocal del consejo rector de la SGR cuando su empresa recibió el aval. Zamora dejó la sociedad el 28 de octubre de 2009, mientras el expediente se aprobó en 2008. 

A preguntas de eldiario.es, un portavoz explica que Francisco Zamora estuvo en el consejo de administración, pero que “era un cargo de representación y que para los avales había una comisión que los validaba expresamente”. “Los avales eran para presentarse a concurso de obra pública”, aseguran las mismas fuentes.

Aval para Fevec de Juan Eloy Durá 

El antecesor en la presidencia de la Fevec, Juan Eloy Durá, también aparece señalado en la auditoría por un conflicto de interese directo. En su caso, por un aval de la SGR a la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción en 2011. Eloy Durá era presidente de la entidad beneficiaria y a su vez vocal en la comisión ejecutiva y la comisión de riesgos de la Sociedad de Garantía Recíproca.

Esta auditoría forense de la SGR fue un compromiso del actual director general de la SGR y presidente del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, tras inyectar 200 millones de euros públicos para rescatar la entidad y con la intención de detectar posibles avales fraudulentos y malas práticas de los que fueron sus gestores. En caso de haber detectado irregularidades, tenían que haber sido enviadas a la Fiscalía Anticorrupción o a la Agencia Valenciana Antifraude. 

La auditoría, que se ha hecho sobre un centenar de expedientes con 310 avales asociados, concluye que en un 11,93 % del total ha habido conflicto de intereses entre los empresarios que dirigieron la SGR y sus empresas y asociaciones.

Etiquetas
stats