Un informe oficial detecta irregularidades en contratos del Ministerio de Vivienda de Zapatero con la agencia que organizaba las campañas del PSPV
El juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha citado a declarar como investigados a tres miembros de la mesa de contratación del Ministerio de Vivienda del Gobierno de Zapatero que en 2008 adjudicó a la empresa Crespo Gomar un contrato para difundir publicitariamente el Plan Vivienda 2009-2012. Las pesquisas han avanzado seriamente gracias a los informes que la Fiscalía y la Intervención General del Estado han facilitado.
Según el informe de la Intervención General aportado a la causa, el contrato del Ministerio de Vivienda cuando Beatriz Corredor -actual portavoz de Vivienda- era ministra está plagado de irregularidades. “El 29 de diciembre se adjudica el contrato, se firma el mismo día y se mantiene el plazo de ejecución el 31 de diciembre”, explican los inteventores. Los servidores públicos añaden, “el acta de recepción es del día 30 de diciembre, al día siguiente, se emite la factura y la conformidad”.
Los interventores siguen con su fiscalización del proyecto y concluyen: “El bastanteo de poderes del Abogado del Estado se efectúa el 5 de enero de 2009 y se recibe en el ministerio el día 7. En teoría sin el bastanteo, no se puede formalizar el contrato. En ella se dice que el bastanteo se efectuó el 29 de diciembre”. Los fiscalizadores públicos concluyen que “esta cronología resulta incoherente e imposible”.
El contrato de Vivienda por la campaña del Ministerio de Vivienda por 148.400 euros a Crespo Gomar, la empresa investigada por financiación irregular del PSPV y que montó las campañas de los socialistas de Ignasi Pla desde 2001 a 2008. “El contrato se licita bajo forma urgente declarada por el jefe de gabinete de la Ministra -Beatriz Corredor-. Más que una urgencia parece una imprevisión”, plantean los interventores.
El informe añade que “no consta en el expediente de nombramiento de los miembros de la mesa de contratación”. “Hay una inobservancia grave en cuanto a la composición y funcionamiento de la mesa en diversas sesiones y las sustituciones de algunos miembros cuya presencia no se acredita”, aseguran los interventores. Los funcionarios públicos detectan todo tipo de irregularidades en el pliego de condiciones y en la apertura de sobres.
Por su parte, la fiscal del caso que investiga la causa ha elaborado otro informe basando sus conclusiones en otro elaborado por la policía nacional y el realizado por la Intervención General del Estado. El Ministerio Público concluye: “Se ha detectado la existencia de patentes irregularidades que pudieran ser constitutivas de un delito” en el contrato para la realización del contrato de publicidad del Plan de Vivienda 2009-2012. Y añade que “Alberto Gomar es hijo de Antonio Gomar, el fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Gandia”. Esta afirmación vincula ambos casos, puesto que un juzgado de Gandia investiga la venta de unos terrenos de la Familia Gomar a una entidad deportiva.
