La Fiscalía pide que se cite a declarar a Bonig por su gestión como consellera en la visita del Papa a València
La presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, tendrá que explicar su gestión en la Conselleria de Infraestructuras en relación con unos pagos relacionados con la visita del Papa Benedicto XVI a València en el verano de 2006. Así lo ha pedido fiscalía a la jueza instructora para que se aclare por qué se habría librado la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias de pagar en 2014 una deuda de 519.011 euros a la empresa pública Vaersa, de la cual era precisamente consejera delegada Isabel Bonig, entonces consellera de Infraestructuras.
Esta presunta irregularidad es la que tendrá que aclarar Bonig, así como sus responsabilidades, ante la titular del Juzgado de Instrucción n.5 de València, según ha adelantado Las Provincias. El origen de esta cuantía de 519.011 euros sería en concepto de los trabajos hechos por Vaersa (una empresa cuyo objeto era el aprovechamiento energético de residuos) que consistirían en intervenciones en el viejo cauce del río Turia para acondicionar el espacio donde debía instalarse el altar para la misa del encuentro con el Papa.
La alerta sobre la situación se señalaba en el correo que envió en 2007 el entonces director de Vaersa, Felipe Espinosa, a quien era la secretaria autonómica, María Ángeles Ureña. En él se advertía de que había 850.000 euros “pendientes de pago”, de los cuales más de medio millón estaban facturados a la Fundación, y otros 330.000 que “no se han facturado a nadie”. También se informaba de que Sindicatura y los auditores les obligaban provisionar las cantidades, lo cual les generaba un “agujero económico”, por lo que Espinosa reclamaba responsables con quienes resolver la situación.
Pero la liquidación del problema no se abordó hasta siete años más tarde, con gobierno de Alberto Fabra. Según fuentes del entorno de Isabel Bonig, tras la disolución de la fundación organizadora de la visita del pontífice, la deuda tenía que pagarse como marca la ley y esto lo asumió la Generalitat, decisión tomada por el entonces gobierno valenciano del PP tras pasar por la comisión delegada de asuntos económicos, intervención y finalmente el Consell.
Así el acuerdo del Consell de Fabra tomado el 5 de marzo de 2014 consistía en que la Generalitat se subrogaba en la deuda de más de medio millón de euros que la Fundación tenía con Vaersa; a continuación Vaersa aceptó la subrogación, liberó de la obligación de pago a la Fundación y consintió su liquidación. Finalmente la Generalitat habría saldado la deuda con Vaersa mediante una modificación de crédito.
La declaración de Isabel Bonig en principio no puede ser en calidad de investigada, puesto que su condición de diputada autonómica implica que, para ello, debe desarrollar el caso el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. En cambio el fiscal sí ha requerido la declaración como investigado del exdirector de Vaersa, Felipe Espinosa (autor del mencionado correo), y reclama la declaración de Ureña (receptora del mismo).
