Archivada una de las dos investigaciones al Gobierno de Zapatero por la financiación del socialismo valenciano

Una de las dos investigaciones que salpicaban al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por la supuesta financiación irregular de los socialistas valencianos en 2007, la que afectaba al Ministerio de Sanidad con Bernat Soria, ha sido archivada. La otra afecta al Ministerio de Vivienda con Beatriz Corredor al frente. Ambas se refieren a contratos adjudicados en 2008.

El juzgado de Instrucción 43 de Madrid ha decidido archivar la causa de los contratos de la dirección general de Consumo con la agencia de publicidad que preparó la candidatura a la alcaldía de Alicante de la titular del área. En esta causa se investigaba a Etelvina Andreu, responsable del departamento durante el Gobierno de Zapatero, con Bernat Soria como ministro, y candidata socialista al ayuntamiento alicantino.

El juez ha decretado el archivo provisional de la investigación del proceso de adjudicación de una campaña de 184.138 euros a la empresa Crespo-Gomar ante los indicios de que pudiera haberse incurrido en delitos de prevaricación y malversaciónen el año 2008.

Según el auto al que ha tenido acceso eldiario.es, el juez considera sobre Andreu que “No ha resultado de lo actuado que tuviese ningún tipo de intervención en la determinación de la puntuación alcanzada por la empresa Crespo Gomar S.L. en el concurso, ni que incitase, solicitase o determinase a ninguno de los participantes en el proceso de contratación para que la adjudicación fuera realizada a aquella”.

Esta empresa, ya extinguida, había organizado varios congresos de los socialistas valencianos y se encargó de la campaña electoral de la que luego fuera directora general. Se investigó en otra causa, que ha sido archivada, si la agencia de comunicación habría podido operar como la Gürtel del PSPV.

La causa fue derivada desde el juzgado de Instrucción 21 de Valencia después de que su titular archivara la causa por delito electoral, ya prescrito en todo caso, y decidiera inhibirse en favor de otros cuatro juzgados, dos de Madrid, uno de Gandia y otro de Benidorm, para investigar los contratos.

El origen fue un informe pericial elaborado por la Intervención del Estado en el que se ponían de relieve posibles irregularidades en la tramitación de este contrato. La empresa de cabecera de los socialistas valencianos no presentó la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico, pero los criterios técnicos elevaron su puntuación en la baremación final y terminó haciéndose con el contrato.

La otra investigación en otro juzgado madrileño se centra en un contrato de 126.208 euros otorgado por el Ministerio de la Vivienda cuando Beatriz Corredor era la titular de la cartera.