2013, en clave de derechos humanos
No son las diez noticias o temas de 2013. Tratar de resumir en un decálogo lo que ha dado de sí el año en materia de derechos humanos no sólo es difícil, sino que incluso podría considerarse éticamente cuestionable y, sin lugar a dudas, doloroso. Qué entra, qué se deja fuera, cuando el periodismo con enfoque de derechos humanos trata, precisamente, de aportar luz, de visibilizar, sobre todo allí donde no suelen fijarse las miradas.
Por esa razón, este es un listado incompleto, pero respetuoso. Conscientes de sus limitaciones, este repaso de 'Desalambre' no acaba en el punto y final. Queda abierto para seguirse construyendo como ejercicio común en los comentarios, porque la construcción de la memoria siempre ha de ser una tarea colectiva.
1. Lampedusa y las fronteras que matan
“¿Cuán grande tiene que ser el cementerio de mi isla?”, se preguntaba la alcaldesa de Lampedusa, Giusi Nicolini, en febrero de 2013, en una carta enviada a la Unión Europea. Una llamada de atención al “silencio de Europa” ante una tragedia que se estaba convirtiendo en la normalidad de esta pequeña isla italiana, situada al sur de Sicilia, a poco más de un centenar de kilómetros de las costas africanas.
“Estamos de nuevo en emergencia”, advertía Nicolini. Una premonición de lo que estaba por venir. El 3 de octubre de 2013 naufragaba un barco con medio millar de eritreos y somalíes a bordo. Las imágenes dieron la vuelta al mundo, los titulares de los principales medios hablaban de “vergüenza” y los políticos de una Europa blindada a los que huyen de las guerras, la persecución o la miseria se apresuraban a lanzar sus mensajes de condolencia y apoyo.
En ese naufragio murieron al menos 366 personas. Pero Lampedusa no empezó en Lampedusa. Dos años antes, en otro naufragio ocurrido en abril de 2011, el Mediterráneo se tragó la vida de entre 200 y 300 personas que huían del conflicto libio. Ese año, las consecuencias de la llamada Primavera Árabe marcaron un punto de inflexión en los flujos migratorios.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que desde 1993 han muerto más de 20.000 personas en su intento de alcanzar las costas italianas. “Lo más doloroso –lamentaba la alcaldesa de Lampedusa– es que el número de muertos en nuestras aguas es impresionantemente superior al de los cuerpos que devuelve el mar”.
Lampedusa y el Mediterráneo como “tumba para los inmigrantes”, como describió la directora adjunta de Amnistía Internacional en Europa, Jezerca Tigani. Lampedusa como símbolo de “la globalización de la indiferencia”, como sentenció Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, en su visita a la isla en julio de este año (ese día, además del pontífice, llegaron 166 inmigrantes).
Lampedusa como el espejo que devuelve la imagen de una Europa hipócrita, la de la doble moral, la que aparta la mirada cuando la gente se muere a sus puertas. El propio Mariano Rajoy pedía “un esfuerzo común a nivel internacional y europeo” para evitar tragedias como ésta, para que “el Mediterráneo no sea una fosa común”.
Sin embargo, de puertas para adentro, este 2013 ha sido también el año de nuestras propias vergüenzas. Nuestro particular drama migratorio y humanitario tiene un nombre, un lugar y unos efectos concretos: la valla de Melilla. Un muro metálico de unos 12 kilómetros de longitud formado por dos vallas de seis metros de altura y una sirga tridimensional de tres metros.
El 29 de octubre eldiario.es publicaba la decisión del Gobierno de volver a instalar concertinas en la valla, unas cuchillas que provocan profundas heridas. Medios, ONG, sindicatos policiales, sociedad civil, partidos políticos u organizaciones religiosas han criticado duramente estas medidas ante la insistencia del Ministerio de Interior sobre su carácter “disuasorio” y sobre las supuestas heridas “superficiales” causadas.
El propio presidente del Gobierno aseguraba ignorar el efecto de las cuchillas “sobre las personas”. Ya sea a través del mar, saltando una valla con cuchillas o cruzando el desierto –a finales de octubre se encontraron los cadáveres de 92 personas, la mayoría niños y mujeres, que murieron de sed en el Níger, víctimas del tráfico ilegal de migrantes, en plena ruta hacia Argelia–, lo que pone de manifiesto este 2013 son las dimensiones del drama humanitario de aquellos que abandonan sus países de origen persiguiendo “el sueño europeo” o, simplemente, la posibilidad de sobrevivir.
2. La ONU aprueba el Tratado sobre el Comercio de Armas
El 2 de abril de 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobaba de manera casi unánime el Tratado sobre el Comercio de Armas, un momento histórico que llegaba tras años de lucha y activismo en favor de un texto internacional que prohibiera las transferencias de armas convencionales a países donde pudieran utilizarse para cometer graves violaciones de los derechos humanos.
El texto fue aprobado con 156 votos a favor, 22 abstenciones y con los votos en contra de Irán, Siria y Corea del Norte. Unos meses después, el 3 de junio, quedaba abierto a su firma y ratificación. Cuando pasen 90 días después de que lo ratifiquen 50 países, entrará finalmente en vigor. Hasta la fecha, el tratado ha sido firmado por 115 Estados y ratificado por nueve. En España, el Consejo de Ministros remitió el texto a las Cortes Generales el pasado 5 de diciembre.
El Tratado sobre el Comercio de Armas se convertía en una realidad después de siete años de negociaciones y más de una década de movilización de la sociedad civil, organizada en torno a la coalición internacional “Armas bajo control”.
En aquel entonces, sólo Malí, Costa Rica y Camboya apoyaban la adopción de este tratado. Ahora, por primera vez, se regularán de manera global las transferencias de armas convencionales, incluidas las armas pequeñas y ligeras, o las municiones y otros componentes, a países de dudoso historial en materia de derechos humanos. Según Amnistía Internacional, en el 60 por ciento de las violaciones de derechos humanos documentadas por la organización se utilizaron armas pequeñas y ligeras. Más de 740.000 personas mueren cada año a consecuencia de la violencia armada.
El de las armas es uno de los negocios más lucrativos del mundo. Sólo en 2010, el valor de las transferencias mundiales de armas convencionales fue de 72.200 millones de dólares. Países como España se sitúan entre los principales exportadores de armas del mundo junto a Estados Unidos, Rusia, Alemania, Francia, Reino Unido, China, Holanda, Italia y Suecia. Los seis primeros suministran unas tres cuartas partes del valor de las armas que hay en el mundo, pero ni China ni Rusia han firmado todavía el tratado.
En junio de 2013 supimos, gracias a un informe conjunto de Greenpeace, Oxfam Intermón, Amnistía Internacional y FundiPau, que la crisis no afectaba al comercio armamentístico español. Las ventas de armas autorizadas superaron los 8.000 millones de euros en 2012, con un aumento de más del 150% de las autorizaciones respecto al año anterior. España realizaba operaciones preocupantes con al menos diez países, entre ellos Bahréin, Egipto, Pakistán, Arabia Saudí, Israel, Ghana o Colombia.
3. La lección de Malala
La lucha por el derecho a la educación de las niñas tiene su rostro. Las balas de los talibanes no sólo no consiguieron acabar con la vida de Malala Yousafzai, la pakistaní que a los 11 años comenzó a escribir un blog en la BBC contando cómo era su vida en el valle de Swat, donde las niñas tienen prohibido ir a la escuela, sino que le dieron fuerza y amplificaron su voz.
El 20 de noviembre de 2013, coincidiendo con el Día Internacional de la Infancia, Malala recibía en Estrasburgo el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia de la Unión Europea. “Algunos niños no quieren consolas, quieren un libro y un bolígrafo para ir al colegio”, dijo en el acto de entrega del galardón, uno más que se une a la amplia y apabullante veintena de reconocimientos que ha recogido a lo largo de este año Malala. Malala mundial. Malala icono.
Al prestigioso Sájarov se suma la candidatura al Nobel de la Paz 2013, el Premio Anna Politkovskaya, el Premio Embajador de la Conciencia de Amnistía Internacional, el Premio de la Paz Internacional de Tipperary o el Premio Internacional Cataluña de Derechos Humanos, entre muchos otros.
Éste ha sido, sin duda, el año de Malala. Recuperada del atentado, la pakistaní ha recorrido el mundo lanzando el mismo mensaje: la educación es el arma más poderosa. El 12 de julio Malala cumplió 16 años y lo celebró en las Naciones Unidas. Era el Día de Malala y la joven volvía a sorprender al mundo con un discurso lúcido, valiente e inspirador: “Pensaron que las balas nos callarían, pero se equivocaban. Y del silencio aparecieron miles de voces”.
El reto de Malala y de las otras Malalas que, como ella, defienden en otras partes del mundo el derecho de las niñas a la educación es grande. En la actualidad, 39 millones de niñas de entre 11 y 15 años no van a la escuela. La educación es la mejor forma de luchar contra el matrimonio infantil o la maternidad temprana. Ir a la escuela no sólo mejora la calidad de vida de las niñas, sino que incluso puede llegar a salvársela aunque, paradójicamente, a Malala defender este derecho estuvo a punto de costarle la suya.
4. Los trabajadores invisibles de Bangladesh y Qatar
El 24 de abril se venía abajo el edificio Rana Plaza en Savar (Bangladesh), un inmueble de nueve plantas que albergaba cinco fábricas textiles en las que se producían prendas para destacadas marcas internacionales como Primark, El Corte Inglés, Benetton o Mango. El derrumbe dejó alrededor de 1.134 fallecidos y 2.500 heridos y puso en evidencia la precariedad de las condiciones laborales y de seguridad de los trabajadores de la industria textil en Bangladesh, uno de los principales países abastecedores de las multinacionales de ropa occidentales.
Con unos cuatro millones de asalariados, los empleados del textil bangladesí son los peores pagados del mundo. Su sueldo mínimo ronda los 3.000 takas (38 dólares), y el coste por hora se estima en unos 0,32 centavos, el más bajo del mundo. Las fábricas textiles producen el 80% del total de las exportaciones del país. En los meses posteriores a la tragedia del Rana Plaza, el Gobierno modificó la legislación para mejorar las condiciones laborales del sector y miles de trabajadores salieron a las calles de Dacca para exigir aumentos salariales, provocando el cierre de numerosas fábricas.
Según datos de la campaña 'Ropa limpia', entre 2006 y 2009, 414 trabajadores del textil murieron en al menos 213 incendios. Desde 2009, otros 165 han perdido la vida en cuatro incendios en grandes fábricas que producen para marcas habituales en nuestras tiendas.
Fabricar ropa en Bangladesh es tan barato que incluso China está trasladando parte de su producción a este país asiático. Según denunciaba a finales de octubre la ONG suiza Declaración de Berna: de las empresas que confirmaron que producían ropa en el Rana Plaza, tan sólo Primark envió ayuda de emergencia y se comprometió a indemnizar a largo plazo a las víctimas.
El pasado 25 de diciembre, The Guardian recordaba que a día de hoy, ocho meses después, todavía no se han localizado los cuerpos de 200 trabajadores. Las familias de estos invisibles entre los invisibles no han recibido ningún tipo de ayuda. “Todavía estoy esperando algún tipo de compensación. Encontraron el teléfono de mi hija, pero nada más”, dijo al diario británico Abu Kashem Mollah, la madre de Pervin, una joven que trabajaba diez horas al día en el Rana Plaza cosiendo ropa para Europa.
Durante 2013, también hemos conocido las condiciones de trabajo de los inmigrantes en Qatar, sometidos a formas de esclavitud moderna a las que prácticamente no pueden sobrevivir. En una investigación exclusiva, The Guardian denunciaba en septiembre que este verano moría un trabajador al día, la mayoría de ellos hombres jóvenes, debido a infartos o colapsos. De seguir así, la construcción de las instalaciones del Mundial de Fútbol 2022 dejaría un saldo de “4.000 trabajadores muertos”.
La explotación a la que son sometidas estas personas es tal que, a consecuencia de las denuncias, el proyecto del Mundial 2022 ha quedado en entredicho y se espera que en las próximas semanas el emirato qatarí publique un informe al respecto. El 94% de la fuerza de trabajo en Qatar son inmigrantes (casi la mitad de ellos, de origen nepalí) y se espera que lleguen un millón y medio más de trabajadores para construir los estadios, carreteras, hoteles y el resto de infraestructuras necesarias para el campeonato.
A mediados de noviembre, Amnistía Internacional publicaba un informe en el que constan estos abusos y pide al Gobierno español y a empresas con inversiones en Qatar, como OHL Construcción, que respeten los derechos humanos de estos trabajadores.
Los abusos contra los migrantes son habituales y generalizados. Jornadas de doce horas diarias durante los siete días de la semana bajo temperaturas de hasta 50 grados, condiciones precarias de salud y seguridad en el trabajo, alojamientos en los que viven hacinados, expuestos a aguas residuales y sin agua corriente… Sin posibilidad de quejarse ni de volver a sus países porque los responsables de sus empresas les retienen los pasaportes.
5. La incansable lucha contra la impunidad
En España hay más de cien mil personas enterradas en cunetas y fosas comunes. Son los desaparecidos del franquismo, crímenes que permanecen impunes y que motivaron la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU a España el pasado septiembre. ¿Realmente está cumpliendo España con sus obligaciones internacionales?
Las primeras conclusiones llegaron a finales de ese mes. Sus observaciones preliminares concluían que España había ignorado y seguía ignorando estas obligaciones, dejándolas a iniciativa de los propios familiares. “La combinación de un marco legislativo deficiente, una judicatura que no ha interpretado la ley a la luz del derecho internacional de los derechos humanos, fiscales que no han impulsado las investigaciones y la presencia de una Ley de Amnistía han creado un patrón de impunidad para los casos de desapariciones forzadas ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura”, establecía el Grupo.
El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU recordaba a España a mediados de noviembre que el delito de desaparición forzada sólo prescribe cuando la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad; e instaba al Gobierno a buscar a los desaparecidos del franquismo, un tirón de orejas que la embajadora española ante la ONU en Ginebra lamentó como una “excesiva atención al pasado”.
Mientras tanto, en Argentina, donde se trata la única causa abierta en torno a estos crímenes, la juez María Servini dictaba el 18 de septiembre una orden de busca y captura contra cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas supuestamente involucrados en delitos de represión, entre ellos, Juan Antonio González Pacheco, alias “Billy el Niño”, a quien el juez Ruz retiró el pasaporte el pasado 5 de diciembre para evitar un riesgo de fuga.
La asociación Jueces para la Democracia recalcaba en octubre que España es “el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados”.
Durante esos meses, en cambio, sí se dieron importantes pasos contra la impunidad en África Occidental. La sala de apelaciones del Tribunal Especial para Sierra Leona, establecido en 2002 por un acuerdo entre las Naciones Unidas y el Estado de Sierra Leona, confirmó la sentencia que condenaba al expresidente de Liberia, Charles Taylor, a 50 años de cárcel por los crímenes de guerra cometidos en su país y en Sierra Leona, ordenando su traslado inmediato a prisión.
La condena a Taylor, que se cumplirá en una cárcel del Reino Unido, fue considerada por destacados líderes y organizaciones de derechos humanos como “un hito de la justicia internacional”. Quien hasta la fecha permanece impune es el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt. Tras ser declarado culpable de genocidio y de los crímenes de guerra perpetrados entre 1982 y 1983 contra integrantes del grupo étnico ixil, Montt fue condenado a un total de 80 años de prisión el 10 de mayo. Diez días después, el Tribunal Constitucional de Guatemala anulaba la sentencia alegando un tecnicismo jurídico y cediendo así a los poderes fácticos del país.
6. Beatriz, entre el aborto y la vida
En España acabamos el año con una reforma de la ley del aborto que se acerca más a determinados países latinoamericanos que al resto de Europa. En plena polémica, conviene recordar el caso de Beatriz, una joven salvadoreña de 22 años a la que negaron el aborto. Conocimos su historia en mayo de 2013. Embarazada de cuatro meses y medio y diagnosticada con varias enfermedades severas, su vida corría serio peligro si la gestación seguía adelante. El feto que esperaba era anencefálico (le faltaba parte del cerebro y el cráneo) y moriría en el parto o a las pocas horas de nacer. En El Salvador, el aborto es ilegal en todas las circunstancias.
A finales de mayo, la Corte Suprema le negó a esta joven el amparo para que pudieran practicarle un aborto terapéutico, dejando su vida en manos del Gobierno de su país. Tras esta decisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas provisionales al Gobierno salvadoreño, ante lo cual, la ministra de Salud anunciaba que le practicaría “un parto inducido”, alcanzadas las 20 semanas de embarazo. Finalmente, y tras catorce semanas de una espera angustiosa y una campaña internacional para recabar apoyos, a Beatriz le practicaron una cesárea el 3 de junio. La niña moría a las pocas horas.
7. El adiós de Mandela
“La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su pueblo y su país, puede descansar en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y que, por lo tanto, dormiré para la eternidad”.
Nelson Mandela descansó el 5 diciembre. El expresidente sudafricano fallecía a los 95 años tras permanecer varios meses en estado grave. Con su muerte, el mundo perdía a uno de los últimos grandes líderes vivos del siglo XX. Mandela, el Nobel de la Paz y defensor de los derechos humanos; Mandela, el revolucionario que soñó y construyó una Sudáfrica sin apartheid; Mandela, el preso 46664 que pasó 28 años de su vida encarcelado; Mandela, el padre de una nación, que primero optó por el camino de la violencia, practicó la desobediencia civil y eligió la reconciliación. Madiba se hizo eterno y el mundo lloró y bailó a Madiba.
Sudáfrica decretó diez días de luto. No hubo un rincón del planeta donde no se exaltaran los aspectos más sobresalientes de la vida de Nelson Mandela, ese hombre que dijo de sí mismo “no soy un santo” y que entendía la música y el baile como sólo lo pueden entender los que han nacido en África.
Durante días, los medios de comunicación de todo el mundo le dedicaron programas especiales. Miles de personas, líderes políticos y personalidades del mundo de la cultura y el deporte lo despidieron en un entierro multitudinario celebrado en el estadio de fútbol Soccer City de Johannesburgo. Ese día, el cielo también lloró a Madiba y los paraguas bailaron debajo de él en su honor.
El final de su viaje extraordinario por la vida tuvo lugar en Qunu, la aldea donde pasó su infancia y donde fue enterrado el 15 de diciembre en un funeral de Estado junto a sus tres hijos fallecidos, por expreso deseo suyo. Mandela deja ahora el enorme reto de continuar con su legado. Buen viaje, Madiba.
8. Haiyán asola la isla filipina de Leyte
A principios de noviembre, el tifón Haiyán arrasaba la parte central de Filipinas, especialmente la provincia de Leyte y su capital, Tacloban, que quedó prácticamente devastada. 'Desalambre' dedicó una atención especial a este desastre natural, mostrando las consecuencias inmediatas y posteriores de la catástrofe y tratando de aportar contexto para explicar este tipo de fenómenos.
Según el último balance oficial hecho público en noviembre, el paso de Haiyán por Filipinas le costó la vida a 6.033 personas (5.184 murieron en Leyte), dejó cerca de 27.500 heridos y todavía hay 1.779 desaparecidos. El tifón desplazó a casi cuatro millones de personas y la mayoría de ellas aún permanecen en refugios improvisados. El Gobierno filipino cifra los daños en 35.000 millones de pesos filipinos (unos 577 millones de euros).
El archipiélago tardará todavía mucho tiempo en recuperarse de esta tragedia aunque ya se han tomado algunas medidas para evitar el grado de devastación que ocasionó Haiyán. Para empezar, una nueva normativa prohíbe construir en Tacloban a menos de 40 metros de la línea de costa.
El tifón Haiyán, que paradójicamente coincidió con la Cumbre del Clima de la ONU celebrada en Varsovia, volvió a poner sobre la mesa varias cuestiones. Por un lado, la delgada conexión de este tipo de fenómenos con el cambio climático. Desastres como el sucedido en Filipinas son cada vez más frecuentes y virulentos a consecuencia del aumento de la temperatura global.
El propio delegado filipino ante la ONU, Yeb Saño, ya lo advertía en 2012 en la Cumbre de Doha, pidiendo un compromiso firme contra el cambio climático y preguntándose entre lágrimas: “¿Si no lo hacemos nosotros, entonces, quiénes? ¿Si no es ahora, entonces, cuándo? ¿Si no es aquí, entonces, dónde?”.
Por otro lado, Haiyán ha puesto también en evidencia la necesidad de mejorar la gestión del riesgo de desastre, una de las asignaturas pendientes de la ayuda internacional. En la actualidad, nueve de cada diez dólares se gastan después de los hechos. Como hemos contado en 'Desalambre', tan sólo se destinan a mejorar este aspecto 40 céntimos de cada 100 dólares de ayuda oficial al desarrollo. Un cambio en esta tendencia también será clave en los próximos años, especialmente considerando que en los lugares del planeta que serán más propensos a sufrir desastres naturales en las próximas décadas vivirán 325 millones de personas en situación de extrema pobreza.
9. Conflictos: Siria, RCA, Sudán del Sur
2013 no ha sido el año del final de la violencia en Siria. Dos años después de la sublevación de la población contra el Gobierno de Al Asad, el país continúa sumergido en un sangriento conflicto que cierra el año con la peor crisis de refugiados de la historia reciente. A mediados de julio, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Antonio Guterres, advertía: “No habíamos visto un éxodo de refugiados a un ritmo tan alarmante desde el genocidio de Ruanda”.
Las perspectivas para el año que empieza no son muy optimistas. Se prevé que tres cuartas partes de los ciudadanos sirios necesitarán ayuda humanitaria en 2014. Se esperan nuevos desplazamientos a gran escala tanto dentro del país como hacia los países vecinos. Desde que comenzara el conflicto, en marzo de 2011, el ACNUR calcula que más de 2,3 millones de personas han huido de Siria (el 52% son niños y niñas), principalmente a Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Turquía, donde muchos viven en condiciones extremadamente difíciles.
Precisamente el régimen de Erdogan era noticia en marzo por expulsar a unos 600 refugiados sirios del campo de Akcakale y obligarles a volver a Siria. Egipto también ha sido acusado este año de detener y expulsar a refugiados sirios. La Unión Europea tampoco ha sido especialmente generosa con el drama de Siria. Amnistía Internacional publicó hace un par de semanas un documento en el que se revela que tan sólo 10 Estados miembros han ofrecido plazas de reasentamiento o readmisión por razones humanitarias a los sirios y sirias.
España únicamente ha aceptado acoger a 30, el 0,001 por ciento de los refugiados. A la espera del asilo, muchos de ellos permanecen bloqueados en Melilla, como Manar, cuya tremenda historia conocimos hace menos de una semana. Manar, que hace tres días mostraba su rostro quemado a eldiario.es, recibirá finalmente tratamiento y protección subsidiaria en España.
Siria también ofrece un balance sombrío respecto al oficio de informar. 17 de los 128 periodistas de 28 nacionalidades que han muerto este año mientras ejercían su profesión perdieron la vida en el conflicto sirio. Siria ha sido, por segundo año consecutivo, el país con mayor número de muertes de periodistas, seguido de Irak (16), Pakistán (14) y Filipinas (11) e India (9), según reveló ayer Press Embleme Campaign (PEC). Asimismo, 2013 se salda con un aumento de los secuestros. Al menos 15 profesionales de la información permanecen retenidos en Siria, entre ellos, los tres españoles Javier Espinosa, Ricardo García Vilanova y Marc Marginedas.
Otro de los países que han sufrido una escalada de la violencia este 2013 ha sido la República Centroafricana. Desde que el líder de los rebeldes de Séléka, Michel Djotodia, se autoproclamara presidente tras tomar Bangui, la capital del país, el 24 de marzo, los enfrentamientos, asesinatos, violencia sexual y saqueos han sido una constante. Djotodia había sido nombrado viceprimer ministro en los acuerdos de paz de enero.
Tres meses después del golpe, la organización Médicos Sin Fronteras alertaba de la situación de emergencia humanitaria en la que estaba a punto de caer el país ante la “indiferencia” de la comunidad internacional. Su informe “República Centroafricana, ¿abandonada a su suerte?” daba la voz de alarma. Los meses iban pasando y pocas cosas parecían cambiar. Sucesivas oleadas de violencia con un fuerte impacto contra la población civil y el flujo constante de desplazados. “La población se está muriendo en silencio porque nadie mira hacia la República Centroafricana”, le decía Béatrice Epaye, miembro del Comité Nacional de Transición de la RCA, a Lydia Molina, en una entrevista publicada a mediados de junio.
El último estallido, que se produjo a principios de este mes, abrió algunos ojos. La Unión Europea imponía hace una semana un embargo a la exportación de armas a la RCA y este mes de enero decidirá si se envía una misión común al país, que en la actualidad cuenta con presencia militar francesa. Hace un par de días la Comisión Europea cifraba en cerca de 600.000 el número de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares.
2013 se despide también con un aumento de la violencia en Sudán del Sur, tras el intento de golpe de Estado en Yuba el pasado 15 de diciembre. Save the Children advertía ayer de la situación de aislamiento en la que pueden encontrarse miles de niños sursudaneses. Se calcula que podrían haber abandonado sus hogares hasta 120.000 personas y son más de 50.000 los que han buscado refugio en los campamentos que la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNIMISS) mantiene en este joven país.
10. Las Pussy Riot y el castigo ruso a la disidencia
10. Las Pussy Riot y el castigo ruso a la disidencia
En febrero de 2012 se cumplió un año desde que tres integrantes del grupo ruso punk-feminista Pussy Riot entraran en la principal catedral ortodoxa de Moscú y, tras santiguarse, comenzaran a grabar una performance en la que cantaban una plegaria punk dirigida a la virgen María, a quien pedían que echara a Putin. Fueron detenidas, acusadas de “vandalismo por motivos de odio religioso” y condenadas a dos años de prisión en agosto de ese año. En realidad, al Gobierno ruso no le gustaron las críticas. Desde entonces, el Kremlin ha adoptado varios cambios legislativos que endurecen las penas contra el activismo disidente y castigan a quienes critican a las autoridades.
Yekaterina Samutsevich, una de las tres jóvenes, fue liberada a los pocos meses. Sus compañeras Nadezhda Tolokonnikova y Maria Alekhina permanecían en prisión desde marzo de 2012. Todo cambió el pasado 18 de diciembre. Ese día, con motivo del vigésimo aniversario de la Constitución rusa, la Duma anunció una amnistía general. Esta medida abría las puertas de la libertad sin cargos a los condenados por gamberrismo, entre ellos, las mediáticas Pussy Riot y los 30 del Ártico.
Este grupo de 30 activistas de Greenpeace viajaban en el Arctic Sunrise cuando, el 19 de septiembre, fueron detenidos y acusados de vandalismo y piratería al intentar encadenarse a una plataforma petrolera de Gazprom para pedir una mayor protección del Ártico. Los ecologistas se encontraban en libertad bajo fianza tras haber pasado dos meses en prisión preventiva, pero no se les permitía abandonar el país hasta que se diera por finalizado el proceso judicial.
Recuperada la libertad hace una semana, Tolokonnikova y Alekhina se mostraron igual de combativas que siempre y han acusado al presidente Putin de urdir esta amnistía como una campaña de propaganda y lavado de cara del régimen ante la proximidad de los Juegos de Invierno de Sochi.
Que el Gobierno de Putin prefiere mantener a la sociedad civil bajo control es un hecho que ha sido denunciado recientemente por organizaciones de derechos humanos. Éstas critican la aplicación de una ley por la que se ordena a las ONG a registrarse como “agente extranjero”, una maniobra que, según John Dalhuisen, director del programa de Amnistía Internacional para Europa y Asia, “se retrotrae a la represión de la época soviética y no tiene más objeto que desprestigiar y amordazar las voces de la sociedad civil independiente de Rusia, imposibilitando su trabajo”.
