Un informe denuncia agresiones, atención médica deficiente e internamientos arbitrarios en los CIE

Ese día no fue como los demás. Joseph, de 10 años, tenía que ir al colegio pero ella no le despertó como cada mañana. Su madre no estaba en casa y no regresó hasta pasadas más de dos semanas. “16 días, como 16 años”, repite una y otra vez Patricia, sobre cuya cabeza aún retumban los gritos de impotencia de su primer día en un Centro de Internamiento para Extranjeros: “Decía que mi hijo estaba en casa, que le tenía que llevar al colegio aquella mañana”. Ni la policía ni el juez que determinó su ingreso creyeron sus palabras. No llevaba consigo el libro de familia y no podía demostrarlo.

Este es uno de los casos reflejados en el informe 'Criminalizados, ignorados y expulsados' de la ONG Pueblos Unidos que realiza labores de asistencia y seguimiento en uno de los centros de carácter no penitenciario donde ingresan a los extranjeros sin papeles a la espera de ejecutar una orden de expulsión. Basándose en las 1.240 visitas efectuadas a 300 personas internas en el CIE de Aluche (Madrid) en 2013, denuncian el abuso de la privación de libertad sin el análisis previo de “las circunstancias particulares de cada caso”.

Por un lado, la arbitrariedad en el internamiento deriva en la vulneración de los derechos fundamentales de los internos y, por otro, multiplica la ineficacia de la medida para garantizar el fin que supuestamente lo justifica: la repatriación. Además, el informe expone algunas quejas de internos en referencia a las agresiones sufridas, la asistencia sanitaria deficitaria o comportamientos racistas por parte del personal del centro.

La falta de análisis caso a caso deriva en el ingreso de personas vulnerables que, según defiende la ONG, no deberían ser ingresadas en los CIE, algo que no corrige el reglamento aprobado recientemente.

La organización ha constatado casos de personas con enfermedades mentales y físicas graves, posibles menores no acompañados (contabilizan 7 personas que no tienen documentación que acredite su edad y sobre las que no se hacen todas las pueblas pertinentes al respecto, una cuestión denunciada también por la defensora del Pueblo en su último informe), madres con menores a su cargo españoles (30 constatados) o extranjeros (37 confirmados), mujeres embarazadas (2), posibles víctimas de trata (17), de violencia machista (8) y de agresión sexual (11), riesgo de maltrato en origen (14) o personas con cónyuges o parejas de hecho registradas (25).

La mente de Patricia retorna a aquel 1 de diciembre de 2013. El personal del CIE no llamó a la dueña de la casa donde vive con su hijo en una pequeña habitación, ella tampoco pudo hacerlo porque no tenía dinero para utilizar los teléfonos públicos. Nadie sabía dónde estaba, nadie avisó de su internamiento. “Durante los dos primeros días pedía y pedía que me dejasen hablar con mi hijo, no sabía dónde estaba, no sabía si iba al colegio”, recuerda.

“Nosotros tuvimos que hacer lo que la policía, el juez o la dirección del CIE deberían haber hecho”, dice Brígida Moreta, una de las voluntarias de Pueblos Unidos. Ella y su equipo le dieron las tarjetas telefónicas necesarias para que pudiese informar de su paradero a la persona que no tuvo más remedio que encargarse de Joseph, visitaron su casa, localizaron y fotocopiaron el documento que acreditaba que, como gritaba desde el primer día, tenía un hijo menor de edad escolarizado a su cargo.

Según denuncia la organización, en estos casos el internamiento “entra en conflicto con la protección de la familia y la infancia”, agravada aún más dada la situación de “abandono” en la que permaneció el hijo de Patricia durante 16 días.

No lo dice solo Pueblos Unidos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece que el respeto a la vida familiar “puede actuar como límite a la expulsión”. La directiva de retorno comunitaria decreta que “su aplicación se hará con ”atención al interés superior del menor y de la vida familiar“. El Constitucional dictaminó el 4 de noviembre de 2013 sobre este asunto que ”los jueces ordinarios“ han de verificar si, ”dadas las circunstancias del caso concreto, la decisión de expulsión y el sacrificio que conlleva para convivencia familiar es proporcional al fin que la medida persigue“.

“¿Qué hubiese pasado si no hubiesen estado ellos?”, pregunta Patricia. “Ahora mismo yo podría estar en Nigeria y mi hijo solo en España”, responde con contundencia después de reconocer que aún siente miedo al pensar en aquel lugar donde, según sus palabras, “no importas a nadie”.

Aún sufre las consecuencias. No sabe con certeza los kilos que adelgazó desde entonces, pero la fotografía de su pasaporte no deja lugar a dudas acerca de su cambio físico. Su aspecto, extremadamente delgado, contrasta con la imagen mostrada: un rostro rechoncho, sano, que ya no está. Nos cuenta las razones: la ansiedad y la “mala comida del CIE” disminuyeron su apetito. El empeoramiento de su situación económica tras su salida del centro, impide su recuperación. “Nos ayudan, pero pasamos hambre”, dice la nigeriana.

Brigida la interrumpe para animarla: “Pero en muy poco tiempo volverás a estar así de guapa porque vas a encontrar trabajo pronto. Valórate, no lo olvides...”, dice la voluntaria de cerca de 70 años de edad. La complicidad y el cariño existente entre estas dos mujeres es notable. Emociona.

Su pavor a ser encerrada de nuevo empujó a Patricia a dar el paso de abandonar la prostitución a su salida del CIE. “Empecé en la calle para devolver el dinero del viaje...”. Y es que su odisea empezó 14 años antes, cuando abandonó su país para buscar un futuro en Europa y ayudar a su familia. Joseph nació dos años antes, cuando esperaba en Marruecos. Para alcanzar la península se vio inmersa en una deuda de 20.000 euros que tardó años en sufragar. Su pareja, también de origen nigeriano, ha intentado acceder a España en diferentes ocasiones pero aún no lo ha logrado.

Una medida ineficaz

La abogada de la joven nigeriana, cuando consiguió acreditar su arraigo gracias a la intervención de Pueblos Unidos, solicitó como medida cautelar la suspensión de la expulsión al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Volvió a ser libre. “De repente me dijeron que recogiese mis cosas, que ese mismo día iba a salir. Serían las cinco de la tarde y fui corriendo a casa a ver a mi hijo”, dice con la cara iluminada y una amplia sonrisa. “Me necesitaba”.

Patricia pasó 16 días encerrada y alejada de su hijo para, finalmente, no ejecutar el supuesto fin de la privación de libertad. De ahí la insitencia de Pueblos Unidos: “la policía solicita el ingreso atendiendo a una orden previa de expulsión, ignorando otras circunstancias como las pruebas de arraigo”.

No es un caso aislado, según las cifras oficiales, en el CIE de Barcelona el 54% de los internos fueron puestos en libertad después de ser ingresados en estos centros en 2013. Según denuncia Pueblos Unidos, en Madrid no hay datos oficiales pero, atendiendo a las personas visitadas, aseguran que el porcentaje también es mayoritario, siendo “especialmente ineficaz” en las personas recién llegadas: de las 54 personas visitadas el pasado año que han pisado suelo español recientemente, solo tienen constancia de 6 expulsiones.

No obstante, denuncian la gran opacidad oficial en este sentido: “La dirección del CIE [de Madrid] niega a las ONG la información sobre el destino final de los internos que visitamos, ya sean liberados o expulsados, a pesar de contar con una autorización escrita”, explica la organización.

La última Memoria del Fiscal General del Estado denuncia que “durante 2012 fueron expulsados un total de 5.924 extranjeros y 3.217 fueron privados puestos en libertad por imposibilidad de poder documentarlos”. Por este motivo, solicitan la valoración personal de cada caso antes de la privación de libertad que, según recuerda Pueblos Unidos, “debería ser una medida excepcional pero se utiliza como práctica habitual” a pesar de que el “coste humano del internamiento sea demasiado alto”.

Quejas presentadas

El informe menciona las quejas “más graves o recurrentes” que la organización ha recibido durante 2013:

Ausencia de información e indefensión legal: según la ONG, suele relacionarse con “la prohibición al uso de ordenadores, correo electrónico, Internet y hasta teléfonos móviles”. Además del desconocimiento de los internos de “cuál es situación jurídica o de por qué están ahí”.

Falta de atención sanitaria: denuncian las siguientes deficiencias en el CIE de Madrid: “ a los internos se las atiende desde hace años detrás de una raya en el suelo, para guardar la distancia 'de seguridad' entre el médico o el enfermero; ausencia de la valoración y diagnóstico de las personas que ingresan, mencionando un reconocimiento médico muy superficial, que no incluye ninguna analítica; ausencia de diagnóstico y tratamiento de enfermedades psiquiátricas; ausencia de intérpretes; falta de identificación de personas vulnerabloes como posibles víctimas de trata o violaciones; dificultades para continuar tratamientos previos al ingreso; sospechas de sobre medicación a los internos con ansiolíticos para tranquilizar a algunas personas...

Sobre este último asunto, Ángel Campos, coordinador del grupo de visitas del centro de Aluche, especifica que las conjeturas se despiertan después de haber visto “internos que están adormilados, como zombies”. “Nos hemos encontrado personas con cuadros de ansiedad e insomnio derivados por la gran tensión generada en los CIE y, nos cuentan que, cuando van al médico, les dan una pastilla que les deja muy tranquilos”, explica.

Situaciones “dramáticas” debido al internamiento o a la expulsión: la ONG cita casos del internamiento y expulsión de personas enfermas graves a países donde no podrán seguir su tratamiento; comportamientos xenófobos como, según relatan algunas de las quejas presentadas, “utilizar la megafonía interna del centro para realizar comentarios de mofa, racistas y provocadores”, “poner música o himnos a todo volumen a la hora de despertarles”, “registros de habitaciones sin previo aviso y dejando todo desordenado”, entre otras denuncias.

Agresiones: aunque desde Pueblos Unidos insisten en que “no es un comportamiento generalizado entre los policías”, su informe anual continúa incluyendo situaciones “aisladas” de violencia empleada por “un número reducido” del personal del centro hacia los internos. “El problema es que, por evitar impactos en la opinión pública, no son perseguidas por el resto de policías ni por sus mandos y se intenta dificultar a toda costa que los hechos puedan ser investigados y juzgados debidamente”, insiste el documento.

Según especifican, el detonante puede ser una mala contestación de un interno o porque alguna de las dos partes no ha sabido ignorar una provocación, pero “la mayoría suelen ser sufridas en el aeropuerto cuando el extranjero se ha resistido a volar y es traído de vuelta al CIE.

Medidas de “castigo” como el aislamiento en una celda independiente: tras el nuevo reglamento queda legalizada esta última práctica y generalizado el uso de armas de fuego por parte del personal encargado de la vigilancia. También relatan que “son frecuentes las entradas de policías antidisturbios. Para ello, según denuncian, ”suelen desalojar a los internos durante horas en el patio y perpetrar “registros y rastreos de habitaciones, golpes y malos modos” para localizar a los responsables de algún hecho concreto.